Nahle quitaría megayacimiento a Talos, pero mala señal

Las apuestas en la disputa por la operación del megayacimiento Zama-1, cuyas reservas oscilan entre los mil y mil 300 millones de barriles de crudo, están del lado de la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle y no de la estadounidense Talos Energy, que lidera el consorcio que ganó ese contrato en julio de 2015.

No obstante, la forma como el gobierno mexicano se apropiaría de este proyecto, aunque legalmente, enviaría una mala señal a los inversionistas, sobre todo en medio de la cada vez más complicada ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Desde septiembre del año pasado, cuando Talos avanzó en el proceso para comenzar a explotar el megayacimiento cercano a las costas de Tabasco, el cual le fue asignado durante la Ronda 1 que abrió la reforma energética, quien se perfilaba a ser la secretaria de Energía alzó la ceja. “Se van a suspender las licitaciones petroleras y se revisarán los 107 contratos que ya se firmaron —los cuales se estima detonarán inversiones por 160 mil millones de dólares—”, decía Nahle.

Fue en julio de 2017, tras dos años de exploración, que el consorcio en el que también está Sierra Oil & Gas –hoy propiedad de la alemana Wintershall DEA–, anunció el descubrimiento del octavo yacimiento de petróleo más grande en la historia de México.

Las suspicacias de una posible filtración de información de Pemex al consorcio ganador del contrato no se hicieron esperar, particularmente de la entonces oposición encabezada por Morena.

Nahle, quien era coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, lo calificó de “burla”. “Desde que se inició el proceso de la reforma energética, el cuarto de datos reservados y estratégicos de Pemex ya sabía de este y de otros yacimientos”, aseguró.

“Se trata de una gran noticia para los beneficiarios de la privatización petrolera, pero no para el Estado”, agregó el otrora senador de Morena, Mario Delgado, quien ahora es coordinador de ese partido en San Lázaro.

El punto crítico del asunto es que Pemex tiene una reclamación potencial para controlar Zama porque posee derechos de perforación en un campo adyacente, lo cual aún debe ser acreditado ante la Sener por parte de la empresa productiva del Estado que dirige Octavio Romero.

A este proceso se le conoce en la industria como ‘unitización’ o ‘unificación’ de pozos, y cuando esto sucede –en México es la primera vez que ocurre algo así– se dirime quién de los dos propietarios de los campos se queda con la operación.

Según la agencia Reuters, Pemex y Talos Energy iniciaron conversaciones el año pasado para fusionar el proyecto y negociar cómo dividir los ingresos y quién se queda con el control operativo.

El discurso nacionalista y las ambiciosas estimaciones de producción del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria Nahle dejan claro qué es lo que quieren que suceda en este caso; y según funcionarios, abogados y expertos consultados, tienen todas las de ganar.

Legalmente, lo que busca hacer la Sener está estipulado en los contratos firmados por Talos Energy y las otras dos empresas del consorcio. Dichos acuerdos incluso prevén la rescisión administrativa mediante indemnización, si se negaran a negociar con las autoridades mexicanas.

Sin embargo, Talos podría escalar el asunto a alguna instancia internacional si ve deficiencias en el proceso de ‘take over’ o indemnización, e incluso podría solicitar apoyo de Estados Unidos.

Talos y Pemex tienen ya un acuerdo previo, pero ambos deben acreditar que el yacimiento es compartido –lo cual aún no sucede– para después presentar un aviso a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  La Sener solicitaría también un dictamen técnico a la CNH para confirmar que se trata del mismo yacimiento, y después solicitaría también opinión a la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera.

Según un funcionario, se trata de un procedimiento normado que está en una etapa aún primaria. El detonador del proceso final será el aviso que presenten las partes ante Sener.

Una vez presentado el aviso a la dependencia que lleva Rocío Nahle, se resolvería en cuatro meses, aproximadamente. Hay muchas cosas en juego con esta decisión.

Casinos ilegales en Sonora. Dentro del sector de los casinos en México se ubica a Sonora, que gobierna Claudia Pavlovich, como uno de los estados clave al contar con 32 salas de juego aprobadas por la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero, con todo lo que implican los miles de empleos, derrama económica e impuestos que paga esta industria en los tres niveles.

Sin embargo, donde se prendieron las alertas recientemente fue en Caborca, un pequeño municipio sonorense de gran atractivo turístico del cual muy poco se escucha hablar en el centro del país.

Quizá esta lejanía geográfica podría explicar el por qué la Dirección General de Juegos y Sorteos, que lleva Luis Calvo Reyes, parece tardar tanto en clausurar los dos casinos ilegales que operan en el municipio del morenista Librado Macías González, a pesar de contar con las denuncias correspondientes.

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