La llamada “Ley Esposas” abrió un nuevo desencuentro entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena. En enero, apenas iniciado el nuevo gobierno, ambas fuerzas ya habían chocado por la reforma contra el nepotismo, impulsada por el Ejecutivo y finalmente pospuesta en el Senado hasta 2030, pese a la intención presidencial de que aplicara antes, como será en el caso de Morena, que modificó sus estatutos para que entre en vigor en 2027.
El detonante del nuevo pleito fue la reforma aprobada en el Congreso de San Luis Potosí para establecer la alternancia obligatoria de género en la gubernatura, la cual legaliza que, tras el actual mandato de Ricardo Gallardo, sea una mujer la que lo suceda, es decir su esposa, la senadora del Partido Verde, Ruth González Silva.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum fijó postura y rechazó que sea necesario legislar la alternancia hombre-mujer y advirtió que la paridad no debe utilizarse como instrumento para resolver disputas locales ni como una ley diseñada a la medida. Fue una desautorización política a una reforma promovida y defendida por el Verde.
La respuesta del PVEM no tardó. Uno de los primeros en salir fue el senador Manuel Velasco, quizá el dirigente del Verde con mayor cercanía a Morena. Velasco defendió la reforma como congruente con el principio constitucional de paridad y negó que se trate de una legislación personalizada. En el mismo tono se expresó el gobernador Ricardo Gallardo, quien sostuvo –cínicamente– que ésta no tiene destinatarios específicos y que busca garantizar condiciones de igualdad en futuras contiendas.
Por su parte, el senador del Verde, Luis Armando Melgar, dijo que el partido tiene músculo propio, identidad y capacidad para competir sin subordinación. Reconoció la alianza con Morena, pero advirtió que no aceptarán relaciones de sometimiento ni provocaciones de quienes conciben a Morena como partido único. El PVEM empieza a marcar límites y a recordar que su respaldo no es automático.
Estas señales no se entienden sin revisar el origen y la naturaleza de la alianza Morena–Verde. El PVEM no formó parte del bloque presidencial de 2018, pero comenzó a incorporarse gradualmente en alianzas estatales tras detectar el ascenso del obradorismo. El acuerdo se formalizó rumbo a las elecciones intermedias de 2021 y se consolidó en 2024, ya no como arreglo coyuntural, sino como un diseño institucionalizado de reparto de candidaturas, bancadas y territorios.
Detrás de ese pragmatismo está la figura de Jorge Emilio González, el llamado “Niño Verde”, verdadero operador histórico del partido. Su lógica ha sido la de aliarse con el partido dominante, cobrar posiciones y preservar enclaves locales, aun cuando eso implique enfrentamientos con sus “socios mayoritarios”. Otro estado que se perfila como el siguiente frente de conflicto es Quintana Roo.
Ahí se asoma una disputa por la sucesión que pone en riesgo la alianza. Por un lado está Gino Segura, senador morenista, pero muy cercano al Verde, a Jorge Emilio González y, por supuesto, a la gobernadora en turno Mara Lezama, de quien fue su secretario de Finanzas. Por el otro lado está Rafael Marín, cofundador de Morena en el estado, identificado como operador del obradorismo, cercano también a Sheinbaum. En términos políticos, el primero representa los intereses del Verde, pero también tiene arraigo y, sobre todo, un padrino y una madrina poderosos; el segundo representa a una parte del morenismo en la entidad y del empresariado que quiere un cambio.
Y el mayor choque, sin embargo, está por venir en el Congreso federal. En 2026, la reforma electoral anunciada por Sheinbaum —que busca eliminar los plurinominales, reducir prerrogativas y reforzar la prohibición de candidaturas para familiares— afectará directamente los mecanismos de supervivencia del Verde y de otro aliado clave: el PT. No se trata solo de reglas electorales, sino de dinero, curules y control político. El antecedente de la reforma antinepotismo, pospuesta pese a la voluntad presidencial, anticipa un escenario de resistencia.
Visto así, la “Ley Esposas” es un síntoma del reacomodo inminente dentro de la coalición gobernante. Morena y la jefa del Ejecutivo buscan cambiar las reglas del juego, mientras el Verde, con sus estructuras locales, gubernaturas y bloques legislativos, explora hasta dónde puede estirar la liga sin romperla. Aunque quizá eso sea lo que quiera, para volver a vender “caro su amor” a Morena.
Posdata 1
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al anuncio de la alianza entre Viva Aerobus y Volaris, al calificarla como “algo muy bueno” para el país, en la medida en que puede fortalecer a la industria aérea, atraer inversión y ampliar la conectividad. El espaldarazo a dicha integración parece tener de fondo un mensaje a Aeroméxico, la aerolínea bandera del país que, a diferencia de sus competidoras, tiene pocas operaciones en el Aeropuerto Felipe Ángeles y enfrenta presiones del Departamento de Transporte de Estados Unidos que pretende retirarle la inmunidad antimonopolios por su alianza con Delta.
No obstante, la presidenta también dio a entender que dicho respaldo político no sustituye el proceso regulatorio y la operación deberá ser evaluada por la autoridad en competencia económica conforme a la ley.
El planteamiento de las aerolíneas es avanzar hacia un esquema de cooperación bajo un mismo grupo, sin desaparecer marcas ni eliminar la competencia directa en tarifas y rutas. El objetivo es capturar eficiencias operativas en flota, mantenimiento y costos financieros, en un sector que sigue presionado por el precio del combustible, los arrendamientos de aeronaves, las cargas laborales y la competencia de las aerolíneas internacionales.
El punto crítico está en los datos de concentración. En conjunto, Viva y Volaris concentran una participación mayoritaria del tráfico aéreo nacional y también en las rutas hacia Estados Unidos, por lo que el dictamen de la autoridad antimonopolio será determinante para establecer si la alianza mantiene condiciones efectivas de competencia o si requiere salvaguardas adicionales. El proceso, que podría extenderse hasta 2026, será una de las primeras pruebas relevantes del nuevo enfoque regulatorio del gobierno de Sheinbaum en un sector estratégico.
Posdata 2
La exsubgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, se incorporará al consejo de administración de Santander México a partir del 2 de enero de 2026.
Espinosa fue la primera mujer en integrar la Junta de Gobierno del banco central y tiene trayectoria experiencia en finanzas públicas y política monetaria. Su llegada a Santander, presidido a nivel mundial por Ana Botín, suma experiencia directa en la toma de decisiones macroeconómicas y conocimiento del marco regulatorio, factores clave para la banca en un entorno de tasas aún elevadas y crecimiento económico moderado.
El nombramiento confirma una tendencia en la banca mexicana de fortalecer los consejos de administración con perfiles de alto nivel técnico y experiencia institucional. Para Santander, la incorporación apunta a mejorar la lectura del ciclo económico y la interlocución con autoridades financieras.
Se recuerdan a otros exsubgobernadores de Banxico que terminaron en la banca privada. Guillermo Güémez, en el consejo de Santander México; Everardo Elizondo, como consejero independiente en Grupo Financiero Banorte; y Gerardo Esquivel, quien es consejero independiente en Gentera y su principal subsidiaria, Banco Compartamos.
Posdata 3
En un contexto en el que la tecnología y la seguridad se han convertido en activos críticos para empresas y gobiernos en México, particularmente bajo el escrutinio permanente de Estados Unidos, algunas compañías del sector han logrado posicionarse más allá del mercado local. Es el caso de Seguritech, que cierra el año con proyectos en desarrollo en Estados Unidos, un mercado donde los estándares técnicos, regulatorios y de ciberseguridad son especialmente estrictos y donde la supervisión de las autoridades estadounidenses no admite márgenes de error.
El dato es relevante porque la cooperación y el intercambio de información con Estados Unidos en materia de seguridad y tecnología se ha intensificado en los últimos años, tanto por temas de crimen organizado como por la protección de cadenas logísticas, vigilancia y protección de infraestructura estratégica. En ese entorno, la validación de proveedores tecnológicos pasa por procesos de certificación y cumplimiento normativo cada vez más complejos. Seguritech, fundada por Ariel Picker, opera bajo esquemas como ISO 9001, ISO 27001 y metodologías ágiles como SCRUM, que permiten trazabilidad, controles de calidad y gestión de riesgos en el desarrollo tecnológico.
El avance de este tipo de tecnologías refleja un cambio estructural, en el que la seguridad es un eje central en la relación del sector privado con los gobiernos y sus contrapartes internacionales. La presión de Estados Unidos para elevar estándares en tecnología y vigilancia ha obligado a una profesionalización acelerada del sector, con respaldo de las experiencias internacionales.
@MarioMal