Minigubernaturas desatan caos económico

Mario Maldonado

El reacomodo de los calendarios electorales, que formaría amplios bloques de elecciones para gubernaturas con miras a favorecer la austeridad, olvidó tomar en cuenta el escenario económico, pues con administraciones estatales de dos años los afectados son la actividad productiva y los proyectos de inversión de mediano y largo plazo para las entidades.

Las minigubernaturas experimentadas en Veracruz y Puebla son el mejor ejemplo de esta realidad, con resultados nada alentadores en el panorama económico. En el caso de la entidad que gobierna Miguel Barbosa, el primer trimestre de 2020 el PIB cayó 5.8% a tasa anual, mientras que la entidad al mando de Cuitláhuac García apenas creció 1.4%, con picos de índices de violencia derivada de la falta de una estrategia de seguridad. Todo esto, previo al choque de la pandemia del coronavirus.

La misma suerte le espera a Baja California, entidad que gobierna Jaime Bonilla, quien asumió el gobierno en noviembre de 2019, y que tras la decisión de la Suprema Corte para invalidar su llamada Ley Bonilla deberá poner nuevamente en juego su cargo a mediados del año próximo. Serán dos años perdidos para le economía, pero muy fructíferos para la grilla electoral, como en otros estados.

Las corrientes políticas de Baja California trabajan para fortalecer a sus candidatos, y hasta los propios funcionarios del gabinete estatal han olvidado sus responsabilidades para enfocarse en la consolidación de sus propias aspiraciones de la mano de grupos empresariales que se fortalecieron durante los 30 años de los gobiernos panistas.

Según las denuncias de los propios integrantes de Morena, partido que impulsó a Bonilla a la gubernatura, los empresarios bajacalifornianos Fernando Beltrán y Roberto Gómez financian ya una campaña de posicionamiento de Mario Escobedo Carignan, actual secretario de Economía, Medio Ambiente y Pesca del gobierno estatal.

Se trata de un funcionario sobre el que ya pesan denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública por delitos como desvío de recursos, tráfico de influencias, cohecho y, en últimos meses, por recibir sobornos para permitir la apertura de casinos y cines durante la contingencia sanitaria.

Ante la UIF de Santiago Nieto se denunció el 2 de enero de 2020 una red de sobornos para quitar los sellos de clausura de estaciones de carburación y almacenamiento de la empresa gasera Blue Propane, propiedad de Jorge Alberto Elías, acusada de operar en zonas habitacionales y cercanas a escuelas y parques recreativos.

Respecto a los empresarios, nos referimos a quienes obtuvieron la codiciada concesión para operar el tren Vía Corta Tijuana-Tecate, y quienes durante el gobierno del panista Francisco Kiko Vega recibieron contratos con el sector público estatal para la construcción de acueductos, suministro de energía y para la organización de peleas de box, todos estos por un monto acumulado de casi 2 mil millones de pesos.

Beltrán Rendón, el empresario boxístico, ha sido también investigado por el delito de lavado de dinero. Incluso, en 2016 se vio involucrado en una indagatoria de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, en la que resultó detenido su representante legal y concuño, Luis Torres Santillán.

El grupo de empresarios cercanos a Kiko Vega quiere recuperar Baja California, la primera entidad en la historia que estuvo en manos del PAN y que, con solo dos años de ausencia de ese partido por la llamada minigubernatura, pretenden regresar a lo que ellos consideran la normalidad.

La historia de Baja California, cuyo PIB también cayó en el primer trimestre de 2020 casi 1%, podría repetirse en muchas otras de las 14 gubernaturas a renovarse el próximo año. 
 
@MarioMal
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