Miguel Alemán y la persecución fiscal que viene

Mario Maldonado

El empresario está en París, optimista de que su nacionalidad también francesa le permita enfrentar de lejos los cargos

Miguel Alemán Magnani inició el sexenio de la mano de Andrés Manuel López Obrador. El exdueño de Interjet se insertó en el grupo de empresarios más cercanos al Presidente como uno de sus ‘asesores’. Solía ser de los invitados frecuentes a las comidas de Palacio Nacional y se le veía siempre en primera fila en los eventos importantes. Pero más pronto que tarde, el encanto se rompió y el destino lo alcanzó: desde julio se convirtió en prófugo de la justicia mexicana por sus adeudos fiscales. 

El rompimiento con uno de los otrora empresarios más cercanos al Presidente tiene varias lecturas. La primera es que López Obrador no perdona que lo haya querido engañar con la supuesta venta de Interjet a los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle –ambos ya también fuera del país; el primero en Italia y el segundo en Texas– para evadir sus responsabilidades fiscales, y tampoco que no haya sido capaz de deshacerse de sus propiedades (mansiones y terrenos en CDMX, Acapulco y Los Cabos, así como dos aviones Gulfstream 500) para pagar. Desde muy temprano en el sexenio, la instrucción presidencial a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, fue: “o pagan o los demandamos”. 

Bajo esa consigna, la jefa del SAT citó uno por uno a los dueños y directivos de grandes empresas para cobrarles. Por sus oficinas y las de la Procuraduría Fiscal desfilaron los representantes legales de América Móvil, BBVA, FEMSA, Grupo BAL, Grupo Modelo, IBM y Walmart, entre otras, a las que les hicieron pagar sus créditos fiscales por un total de 40 mil millones de pesos. 

La confirmación de que no habrá nuevos o mayores impuestos en el régimen fiscal que propondrá el gobierno para 2022 no es en realidad una buena noticia para la clase empresarial. Por el contrario, es el anuncio de que la persecución fiscal y judicial contra los grandes contribuyentes seguirá siendo el método para conseguir los recursos que requieren los programas sociales y los proyectos prioritarios del Presidente. 

Ayer mismo se dejó claro que el SAT no dará tregua a los empresarios que arrastren deudas con el organismo, sin importar que guarden buena relación con el Ejecutivo o incluso hayan pertenecido al Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República, como es el caso de Miguel Alemán Magnani. 

Sobre el heredero de la dinastía Alemán –hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés– pesa ya la orden de aprehensión por defraudación fiscal calculada en un monto superior a 66 millones de pesos, y a partir de esta semana es buscado en más de 190 países por la emisión de una ficha roja desde la Interpol. 

Según los dichos de su abogado, Javier Mondragón, el empresario se encuentra en París, Francia, optimista de que su nacionalidad también francesa –su madre, Christiane Magnani, es originaria de ese país– le permita enfrentar los cargos lejos de las autoridades mexicanas, pues la cantidad que se le exige entregar al gobierno es muy superior a la que se tendría que cubrir para cerrar el proceso judicial, y llega a 3 mil millones de pesos. 

Otro caso es el de Raúl Beyruti, para quien se liberó también una orden de aprehensión el 27 de febrero pasado, acusado de un manejo irregular de miles de millones de pesos a través de 92 empresas. Bajo las nuevas leyes aprobadas por el Congreso de mayoría morenista, el delito alcanza la categoría de delincuencia organizada y, por tanto, amerita prisión. 

Las acciones judiciales sobre el propietario de GINGroup, aunque relacionadas con la polémica y estigmatizada actividad del outsourcing, también podrían ser catalogadas como un acto de persecución, si se toma en cuenta que, según diversas fuentes, emisarios del gobierno intentaron negociar con el empresario una salida financiera al conflicto; en este caso, con cifras que alcanzaban mil millones de pesos de saque, y de ahí a negociar. 

El mejor ejemplo de que la cárcel y la libertad pueden negociarse en estos tiempos es el del propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien desde sus oficinas de San Antonio, Texas, sigue manejando los destinos de su empresa acerera. Ancira acordó con el gobierno de AMLO la supuesta reparación del daño a Pemex y a la Nación por la venta a sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados, un monto total de 216 millones de dólares a pagar en anualidades hasta 2024. 

Con todos estos antecedentes, más los intentos por cerrar los procesos de Lozoya o los Zaga Tawil a cambio de elevadas sumas de dinero, en la reunión que López Obrador sostuvo ayer con su equipo de Hacienda no pudo faltar la revisión a esa lista de 12 mil grandes contribuyentes que serán la clave para superar los 3.3 billones de pesos de recaudación que se consiguieron en 2020, y para alcanzar la meta de colocar a estos ingresos en una proporción de 15% del PIB. 

Viene una persecución fiscal y judicial sin precedentes. 

Magistrados benefician a Elon Musk en litigio mexicano 

Una historia que puede llegar a niveles de escándalo internacional está sucediendo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que depende del Poder Ejecutivo. Resulta que la compañía estadounidense Elon Musk Space Exploration Technologies Corporation, conocida como SpaceX, intenta despojar a la empresa mexicana StarGroup de la marca StarLink. 

El 12 de noviembre de 2015, StarGroup, empresa mexicana dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones como televisión restringida, servicios de acceso a internet y telefonía móvil, obtuvo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de las marcas StarGo, StarLine, StarTV, StarKa, StarGroup y StarLink, mismas que se han utilizado durante más de seis años para distinguir sus servicios a nivel nacional. 

Desde entonces STAR es el emblema distintivo de este grupo empresarial mexicano, lo que hace más grave el intento de despojo que intenta hacer la empresa norteamericana con el apoyo de la sala especializada en propiedad intelectual del TFJA. 

El litigio inició en octubre de 2018, cuando SpaceX, a través del despacho mexicano Méndez + Cortés S.C., demandó al IMPI la nulidad y caducidad de la marca StarLink, bajo el argumento de que StarGroup no indicó con precisión los servicios de telecomunicaciones a proteger ni la había utilizado. El IMPI negó la solicitud de SpaceX y determinó que el registro de StarLink por parte de StarGroup fue claro en cuanto al alcance de sus servicios. 

Sin que se resolviera esta controversia legal, y sin contar con la titularidad del registro de marca, SpaceX, que es propiedad del multimillonario Elon Musk, comenzó a utilizar la marca para vender en México los mismos servicios de la mexicana StarGroup. 

Sorpresivamente, la empresa estadounidense presentó una demanda en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJA. Con muy pocos argumentos –y en perjuicio de la empresa mexicana StarGroup–, la sala integrada por los magistrados Óscar Alberto Estrada ChávezHéctor Francisco Fernández Cruz e Isaac Jonathan García Silva declaró la nulidad y caducidad de la marca StarLink, favoreciendo a la empresa de Elon Musk, con lo que se le despojó de sus derechos. 

StarGroup ya promovió un amparo contra las resoluciones de la Sala Especializada. 

Litigio en el Tribunal de Justicia de la CDMX 

Un litigio en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Rafael Guerra Álvarez, pone en duda la actuación de algunos de sus integrantes, conforme a la reforma judicial que busca la correcta actuación y aplicación de la justicia en México. Una de las juezas que podría estar infringiendo el debido proceso es Sandra Luz Díaz Ortiz

Todo comenzó cuando Reisco Operadora de Servicios S.A. de C.V., proveedora del servicio de limpieza en Conalep en 2018, se enteró de que sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas como resultado del acuerdo establecido en la carpeta 366/2021, radicada desde el 8 de junio en el juzgado de lo civil número 44. Sin embargo, la afectada nunca fue notificada sobre el inicio del proceso. 

Ante ello se alega que no han podido ser presentadas pruebas a su favor, ni se ha llevado juicio alguno, mientras que en paralelo sus recursos fueron congelados a petición de Fianzas Atlas S.A., debido a un supuesto incumplimiento de contrato. Entre los detalles sobre el expediente se sabe que fue clasificado como secreto, aunado a que el secretario de acuerdos B, José Manuel Pérez León, supuestamente no les permite acceder al mismo. 
 

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