La cooperación con Estados Unidos, de la que tanto se habla en el gobierno federal, tiene un punto clave que empieza a tomar forma: la posibilidad de ir juntos por los “peces gordos”. Es decir, organizar y coordinar estrategias de inteligencia para ubicar, cercar y detener a los objetivos criminales prioritarios para ambos países, sin que las tropas estadounidenses operen directamente en el territorio nacional.
En las conversaciones recientes entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como en los encuentros sostenidos por sus equipos de seguridad, el mensaje recurrente ha sido que Estados Unidos quiere resultados tangibles contra las estructuras criminales de mayor peso, los llamados “peces gordos” del narcotráfico.
No se ha puesto sobre la mesa, al menos oficialmente, una lista de “narcopolíticos” ni nombres específicos de funcionarios o actores políticos. El intercambio, según dos altos funcionarios, ha girado en torno a organizaciones criminales, sus operaciones financieras, sus rutas y sus redes de protección. La posición del gobierno mexicano ha sido abrir la puerta a investigaciones conjuntas, con el compromiso de llegar al fondo de los expedientes, siempre que existan elementos sólidos.
En el corto plazo, el interés central de Trump y de su gabinete de seguridad no está en la clase política mexicana, sino en los grandes capos que encabezan las listas de los más buscados por las agencias estadounidenses. El objetivo es debilitar las estructuras operativas de los grupos que hoy concentran mayor poder y presencia internacional, sobre todo los relacionados al tráfico de fentanilo.
En la lista del FBI aparece, en primer lugar, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por quien se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Le siguen Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificados como líderes de una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa, con recompensas de 10 millones de dólares cada uno. También figuran Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, con cinco millones; Aureliano Guzmán Loera, con cinco millones; los hermanos José y Ruperto Salgueiro Nevárez, con hasta cinco millones por cada uno, y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, con cinco millones de dólares.
La lógica de Estados Unidos es capturar o neutralizar a los objetivos de alto valor antes de escalar hacia terrenos políticamente más explosivos. No obstante, ese enfoque convive con una preocupación creciente dentro del gobierno mexicano. El Wall Street Journal reveló ayer que en Palacio Nacional existe inquietud por la presión de Trump para que, más adelante, México avance también contra políticos vinculados con el narcotráfico. En el entorno del republicano se considera que, sin tocar las redes de complicidad institucional, los golpes a los cárteles quedan incompletos. En la 4T hay cautela porque abrir esa puerta implicaría hacer estallar la caja de pandora.
Por ahora, el canal de cooperación se está fortaleciendo por la vía de la información. Como revelé ayer en este espacio, se alista una visita a México del director del FBI, Kash Patel, con el objetivo de profundizar el intercambio de inteligencia y coordinación bilateral. Patel ya tuvo un encuentro con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Washington, en marzo del año pasado, del cual surgió información estratégica que ha sido utilizada en operativos recientes contra el crimen organizado.
Además, no se descarta una visita de Estado a Washington en la segunda mitad del año y una agenda más intensa de reuniones entre las áreas de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia de ambos países.
Lo que queda claro es que el ofrecimiento mexicano hacia Estados Unidos es avanzar juntos, compartir información y coordinar acciones para “atrapar” a los “peces gordos”. La pregunta es cuándo vendrán más golpes de alto impacto y hasta dónde llegará la presión del gobierno de Trump para que, una vez debilitadas las cúpulas criminales, también se investiguen las redes políticas que pudieron haberlas protegido.
Posdata 1
El sorpresivo veto del gobernador Ricardo Gallardo a la llamada “Ley Esposa” —esa que en San Luis Potosí pretendía blindar por la vía legal una candidatura femenina a la gubernatura en 2027— no fue producto de un arrebato ni de una súbita epifanía democrática. Según fuentes de su entorno, Ricardo Gallardo habría sido convencido directamente por Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado, para retirar la iniciativa, aguardar los tiempos políticos y ver si las disposiciones del partido le abren la puerta para que su esposa, la senadora del PVEM, Ruth González, sea eventualmente posible candidata y, en su caso, sucesora en el cargo. La presión de Velasco, con su peso nacional dentro del partido, habría sido determinante para moderar las formas y evitar un choque frontal con Morena en plena negociación de la reforma electoral.
La maniobra también le permite al Verde sortear momentáneamente el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había señalado su oposición a esa reforma y se comenzó a hablar de un posible rompimiento de la alianza PVEM-Morena.
Sin embargo, se trata solo de la primera pieza de un frente mucho más amplio. Esta plaza electoral no será la única que el Partido Verde buscará disputar directamente a Morena en 2027. La reforma electoral federal que se alista, con recortes presupuestales y la reducción o cancelación de los legisladores plurinominales, ya enfrenta reservas dentro del PVEM y el PT, que ven un riesgo para su propia viabilidad. En ese contexto, la negociación por la sucesión en San Luis Potosí es apenas un termómetro político para lo que viene.
Posdata 2
Tras el pleito del año pasado entre el SAT y las aseguradoras, este 2026 inició con un nuevo escándalo: las advertencias de algunas empresas del sector a sus clientes sobre posibles aumentos en las primas de hasta el 20% o más, derivados de que las aseguradoras dejarán de poder acreditar el IVA ante el SAT, lo que elevará directamente sus costos operativos y de siniestros.
Este martes, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) rechazó que haya un aumento generalizado en el costo de las pólizas y aseguró que todavía no existen modelos concluidos que permitan dimensionar con precisión el impacto real en los precios finales. Cada compañía, explicó, hará su propio análisis según ramo, tipo de cobertura, estructura de costos y perfil de clientes.
El ajuste fiscal forma parte de la Ley de Ingresos 2026 y cambia una práctica histórica del sector. Hasta el año pasado, el IVA que las aseguradoras pagaban en reparaciones, refacciones, servicios médicos o indemnizaciones podía acreditarse, y a partir del año en curso se convirtió en un costo definitivo. Para una industria que administra más de 1.6 billones de pesos en primas y cubre riesgos patrimoniales, autos, salud y vida, el impacto es considerable. Algunas compañías absorberán parte del costo vía eficiencias operativas, renegociación con proveedores o ajustes laborales, pero sí estima que la mayoría incrementen el precio de sus pólizas. La Profeco, a cargo de Iván Escalante, deberá estar muy alerta.
Posdata 3
El 2025 fue el año de la recuperación completa de Acapulco y los destinos turísticos de Guerrero, consolidándose de nuevo como una potencia turística nacional. Durante la temporada vacacional de invierno se registró una afluencia de más de 852 mil visitantes nacionales y extranjeros que dejaron una derrama económica de 6 mil 855 millones de pesos, reflejo de una ocupación hotelera promedio general del 76.6%, cifras que superan de manera significativa a las registradas en 2024.
La gobernadora Evelyn Salgado informó que de los 23 días de la temporada de Invierno, del 20 de diciembre al 11 de enero, se alcanzaron picos de ocupación hotelera superiores al 90% los días 31 de diciembre y del 1 al 3 de enero, lo que refleja que Acapulco y los destinos turísticos de Guerrero se encuentran nuevamente en la preferencia del turismo nacional e internacional.
Al cierre del 2025, la derrama económica anual fue superior a los 46 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento de más del 131% respecto a 2024, mientras que se registró la llegada de 6.6 millones de turistas, un 89.5% más que el año anterior. En 2025 se desarrolló una agenda turística con más de 300 eventos en todo el estado. En Acapulco se ocuparon más de 3 millones de cuartos-noche, mientras que Taxco superó el millón de visitantes en el año.
@MarioMal