El pacto que trabaron hace casi dos años el fiscal Alejandro Gertz Manero y Emilio Lozoya Thalman para que su hijo, el exdirector de Pemex, fuera extraditado a México en condiciones extraordinarias, como seguir su juicio cómodamente en cualquiera de sus casas dentro del país y posteriormente ser liberado tras un pago para reparar el daño, revivió y va a culminar en los próximos días.
La escandalosa trama de corrupción de Emilio Lozoya Austin en Pemex, documentada por centenas de textos periodísticos, testigos protegidos en México, Brasil, Estados Unidos y Suiza, y denunciada por sus más cercanos, como el entonces todopoderoso exsecretario Luis Videgaray, está a punto de tener el final más lamentable para la procuración de justicia en México: su liberación y absolución tras el pago de unos cuantos millones de dólares, a pesar de que el daño al erario generado asciende a cientos o miles de millones.
Ayer se llevó a cabo una audiencia en el Reclusorio Norte en la que se tenía planeado allanar el camino hacia la liberación y absolución de Lozoya Austin, luego de la firma de un acuerdo con Pemex y la Fiscalía General de la República, tanto para el caso de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, como para el de los sobornos de Odebrecht.
La mala fortuna de Lozoya –quien vive con privilegios en la cárcel: comida especial, vapeadores y vinos, ropa limpia y de marca, visitas conyugales y otros beneficios– acabará tras casi seis meses de prisión preventiva en los que fiscales pasaron de retirarle la posibilidad de obtener un criterio de oportunidad, restregarle que “todo el tiempo que estuvo libre se creyó impune” y pedirle al juez una sentencia de 39 años, a aceptar una módica cantidad como reparación del daño para dejarlo en libertad.
En este espacio revelamos que en la primera semana de julio de 2021 el equipo de Gertz Manero convocó a la representación legal de Pemex ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. El criterio de oportunidad se tambaleaba ante la falta de pruebas incriminatorios contra 12 exfuncionarios de alto rango denunciados por Lozoya. Se requería de una nueva solución para cumplir con el pacto original.
Tanto Pemex como la UIF, entonces dirigida por Santiago Nieto, se opusieron a la posibilidad de un acuerdo reparatorio, por no ajustarse los casos en cuestión a las características que establece el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, principalmente a la necesidad de que el delito se mantuviera dentro de la categoría de culposo. También se requería para cumplir con la ley la querella de una parte ofendida.
Otro de los obstáculos para aceptar el proceso de reparación era la magnitud del daño. Mientras que Pemex y la oficina de la Secretaría de Hacienda estimaron el saqueo en un monto superior a 4 mil millones de pesos –calculado en contratos que se entregaron a la brasileña Odebrecht, en recompensa por sus sobornos–, Lozoya Austin ofrecía únicamente el valor de su casa en Lomas de Bezares: unos 3.4 millones dólares o 70 millones de pesos.
Fueron casi ocho meses los que tardó la FGR en convencer a Pemex de alinearse a un acuerdo. Para ello tuvo que presionar al imputado de incluir en la oferta cantidades y propiedades emblemáticas, por ejemplo, los 10 millones de dólares que directivos de Odebrecht dijeron haber pagado como soborno a Lozoya, además de los inmuebles que, según las investigaciones, se adquirieron como resultado de los actos de corrupción.
A diferencia del proceso que se sigue contra el empresario Alonso Ancira, que deberá pagar los 216 millones de dólares totales por la venta a sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados, el monto que se acumulará con los recursos y el valor de las propiedades de Emilio Lozoya no llega siquiera a 10% del daño que causó a la petrolera. Se está calculando la reparación con base en los beneficios que obtuvo Lozoya y no con relación al daño que se causó.
Por desigual e injusto que parezca, el acuerdo está más que amarrado, según fuentes del Ministerio Público. La decisión de Pemex de analizar nuevamente la oferta es simplemente una estrategia para alejar los reflectores de la operación, la cual desde marzo tiene el visto bueno de todas las partes.
Resulta increíble que uno de los personajes con más señalamientos de corrupción, ligado a Carlos Salinas de Gortari en negocios con Pemex y por parte de su padre, quien fue alto funcionario del salinismo, esté con un pie fuera de la cárcel, y que la 4T vaya a brindarle la salida fácil, con métodos que rayan en la impunidad.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
