Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene como aliado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni a buena parte de los ministros y ministras, debe añorar a su exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, quien tenía –o tiene todavía– vínculos estrechos con algunos integrantes del Pleno del máximo tribunal de justicia, donde intentó cabildear temas que a su exjefe no le gustaron y, paradójicamente, precipitaron su salida del gabinete.
La escandalosa renuncia de Julio Scherer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador –adelantada en este espacio una semana antes de que sucediera– fue objeto de múltiples versiones y teorías. A un año y medio de distancia de aquellos hechos, empiezan a desvelarse los motivos por los que el otrora poderoso consejero jurídico tuvo que entregar el cargo y quién le dio “el empujón”.
Al margen de los presuntos negocios que se detonaron desde esa oficina de la Presidencia de la República, a través de varios operadores, el punto que generó el encono de López Obrador con Scherer tuvo que ver con el sector salud; puntualmente con el interés personal del Presidente de prohibir el uso de los llamados vapeadores.
Las legislaciones antitabaco y contra los denominados productos chatarra fueron ordenadas directamente por el presidente López Obrador. Una y otra vez ha dicho en sus conferencias que afectan la salud, sobre todo de niños y jóvenes. Lo mismo fue la cruzada contra los cigarros electrónicos y vapeadores.
Quienes conocen bien al Presidente aseguran que el tema tenía un ingrediente muy personal, de manera que dejar al libre albedrío el consumo de esos productos no era una opción, y quién mejor para emprender una estrategia prohibicionista que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.
Sin saberlo, “la caída” de Scherer empezó a escribirse el 19 de febrero de 2020, cuando López Obrador, aconsejado por el polémico López Gatell, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto modificatorio de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación con el que se prohibió la importación de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Además de los cigarros electrónicos y “vapers”, se incorporaron a la fracción arancelaria 8543.70.18 los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN); todos con la categoría de “prohibidos”, al igual que las soluciones y mezclas utilizadas para recargar los dispositivos, comprendidas en la fracción 3824.90.83.
Como era de esperarse, la orden afectó intereses de una industria multimillonaria en la que la trasnacional Phillip Morris International lleva la batuta. No obstante, se sabía del pragmatismo que reinaba en la Consejería Jurídica, un espacio en el que se podía dialogar y negociar. A pesar de que resultaba complicado oponerse a una prioridad personal del Presidente, buscarían la manera de sortear el veto con el apoyo de Scherer.
Scherer impulsó amparos ante la Corte para declarar inconstitucional la prohibición y fue más allá: intentó convencer al presidente de que los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina no compartían los efectos nocivos de otros similares, por lo que consiguió que se firmara un nuevo decreto para levantar la prohibición a los SACN, el cual fue publicado en el DOF el 16 de julio de 2021.
Un par de semanas después, AMLO fue prevenido de lo que realmente había autorizado. López Gatell se encargó de informarle que su consejero lo había “engañado”. Según fuentes de Palacio Nacional, el presidente montó en cólera contra quien llama “su hermano” y este optó por entregar su renuncia.
Dos meses después, el 22 de octubre, López Obrador corrigió el “error” y publicó en el DOF un nuevo decreto para regresar a los SACN a la fracción prohibida.
Así acabó la influencia del exconsejero Jurídico en la 4T.
Posdata
Así como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está condicionada a “arreglar” los enormes problemas en el Metro de la CDMX antes de pensar en la candidatura de Morena, y el canciller Marcelo Ebrard a recomponer la relación con Estados Unidos y detonar la inversión extranjera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene la enorme encomienda de “reparar” la relación con el Poder Judicial, a donde llegarán las reformas impugnadas en materia electoral y las relacionadas la militarización de la seguridad y la Guardia Nacional. ¿Quién se habrá sacado la rifa del tigre?
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