Uno de los trofeos más codiciados del proceso electoral del próximo año es Nuevo León, la meca de la industrialización del país y de las grandes fortunas, entre otras muchas razones porque dicha entidad es la tercera economía más grande de México y aporta más del 8% del Producto Interno Bruto nacional. El estado es actualmente gobernado por Movimiento Ciudadano, a manos de uno de sus integrantes más polémicos: Samuel García.
Las codiciadas candidaturas para gobernar a esta potencia económica han generado rispidez no sólo entre partidos rivales, sino entre miembros de mismas organizaciones políticas que buscan sustituir a Samuel García.
En el cuarto de guerra del gobernador las decisiones parecen responder a un cálculo político de control. La primera opción es la de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, cuyo posicionamiento digital es innegable, aunque ya fracasó en la obtención de la alcaldía de Monterrey y se comprobó que dicha influencia no es necesariamente transferible a una contienda electoral competida. Además, apostar por su candidatura implica llevar al límite la lógica del poder en un estado que se maneja con prácticas patriarcales.
La segunda carta es aún más controvertida. Miguel Flores, actual secretario de Gobierno, aparece en la ecuación pese a cargar con investigaciones fiscales y judiciales que no son menores y que también alcanzan a su hermano, Marcelo Flores. Su eventual postulación no sólo abriría flancos legales y reputacionales para Movimiento Ciudadano y para el propio Samuel García, sino que pondría a prueba la narrativa anticorrupción con la que el partido ha intentado diferenciarse de sus adversarios tradicionales.
Y hay una tercera ruta que, más que estrategia, parece una admisión anticipada de derrota. Entre cercanos al propio Samuel García se comenta que, frente a escenarios adversos, la alternativa sería facilitar el camino a Morena. No sería una decisión menor. Implicaría ceder la plaza más relevante que hoy gobierna Movimiento Ciudadano, con todo lo que eso representa en términos económicos, políticos y de proyección nacional.
En otra de las corrientes de MC —específicamente la de Dante Delgado— también se analiza una eventual candidatura de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, dentro del partido se promueve igualmente su postulación para Sonora, su estado de origen, lo que deja abierta la posibilidad de que Nuevo León quede en manos de perfiles menos competitivos o más cuestionados.
En Morena el escenario tampoco es sencillo. La primera en levantar la mano fue Tatiana Clouthier. A ella se suman la senadora Judith Díaz y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, a quien ubican como favorito en Palacio Nacional. También aparece el legislador Waldo Fernández, cuya participación podría alterar equilibrios internos y externos, particularmente frente al PRI.
El PRI, por su parte, juega con una sola carta. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, ya fue designado como el perfil que encabezará la candidatura. No enfrenta competencia interna relevante ni un contrapeso sólido del PAN en una eventual alianza. Sin embargo, su ventaja política se ve empañada por una posible investigación de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en una red de triangulación de recursos vinculada a empresas del empresario Eugenio Mais Domene.
A ello se suma el caso de Karina Barrón, exfuncionaria cercana a su círculo, vinculada a proceso por falsedad de declaraciones y señalada por presuntos vínculos con operadores del crimen organizado. Aunque obtuvo su libertad tras un acuerdo reparatorio por 3.2 millones de pesos, el impacto político ya alcanzó al alcalde regiomontano.
Así, Nuevo León se encamina a una elección donde ninguna fuerza llega sin riesgos. Movimiento Ciudadano, con el control del gobierno, enfrenta la tentación de imponer perfiles cercanos aun a costa de su supervivencia. Morena busca capitalizar ese desgaste con una baraja amplia pero aún dispersa. El PRI apuesta todo a un solo candidato que carga sus propios pasivos. En juego no sólo está una gubernatura, sino el control de uno de los motores económicos del país. Y, en el caso de Samuel García, también su futuro político.
Posdata 1
El Comité Técnico de Evaluación amplió la lista de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, en un movimiento que refleja la alta demanda y la complejidad del proceso de selección. La depuración inicial no fue suficiente para acotar perfiles y el órgano optó por abrir el abanico, incorporando a más candidatos que cumplieron con los requisitos formales y documentales. La actualización incluyó 16 registros adicionales, aunque cinco resultaron duplicados.
En este universo ampliado, los perfiles que concentran mayor atención son los que combinan experiencia electoral, exposición pública y viabilidad política. En esa lógica, uno de los nombres que más se menciona es el de Flavio Cienfuegos Valencia, cercano a la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, lo que lo coloca en una posición relevante dentro de un proceso donde los equilibrios internos del instituto también cuentan.
A ese primer bloque se suman perfiles con trayectoria consolidada en órganos electorales, como Elizabeth Sánchez González, actual presidenta del OPLE de Oaxaca; Patricia Avendaño, titular del instituto electoral de la Ciudad de México; así como María del Carmen Alanis y Bernardo Valle, con paso por el Tribunal Electoral y el IECM. Son perfiles con carrera técnica y visibilidad suficiente para integrar quintetas competitivas en la siguiente fase.
En una segunda línea aparecen aspirantes con menor exposición mediática pero con credenciales que pueden resultar funcionales al Comité, como Gabriela Williams Salazar, Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez, ligadas al ámbito electoral capitalino, así como Claudia Gabriela Villeda Mejía y Daniel Preciado Temiquel, provenientes del ámbito judicial. La definición final no dependerá solo del mérito técnico, sino de los acuerdos políticos en la Cámara de Diputados, donde se terminará de decantar quiénes ocuparán los tres espacios en el Consejo General del INE.
Posdata 2
Ahora resulta que el gobierno mexicano decidió descalificar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU justo cuando el organismo advierte sobre la magnitud de la crisis en el país. La Cancillería lo calificó de “tendencioso” y “parcial”, al sostener que no incorpora información actualizada ni los avances recientes en materia de búsqueda y registro.
El contexto que incomoda es el tamaño del problema. De acuerdo con los datos más recientes que retoma el propio informe, México acumula alrededor de 130 mil personas desaparecidas, una de las cifras más altas del mundo.
El desglose oficial que el gobierno defiende divide ese universo en tres grandes grupos: cerca de 31% (más de 40 mil personas) presenta algún tipo de actividad posterior en registros oficiales; otro 33% (alrededor de 43 mil casos) no tiene rastro alguno desde su desaparición; y aproximadamente 36% (más de 46 mil) carece de información suficiente para una búsqueda efectiva.
Ese mismo desglose revela otro dato crítico, porque sólo una fracción de los casos cuenta con investigaciones formales abiertas, lo que refuerza las observaciones del comité sobre fallas estructurales del Estado mexicano.
Ahí está el fondo del problema. Mientras el gobierno intenta reordenar y depurar las cifras para sostener que el fenómeno no es generalizado ni atribuible al Estado, la ONU advierte que la dimensión, persistencia y patrones de las desapariciones configuran una crisis de carácter sistemático.
Posdata 3
La histórica preponderancia de América Móvil, la empresa insignia de Carlos Slim, volvió a colocarse en el radar de Estados Unidos justo en la antesala de la revisión del T-MEC. El diagnóstico no es nuevo, pero sí el tono utilizado por la Oficina del Representante Comercial (USTR) sobre el dominio del operador mexicano que sigue siendo una barrera de entrada para competidores, particularmente estadounidenses, en un mercado que, a más de una década de la reforma de telecomunicaciones, no logra revertir esa concentración.
México eliminó al IFT como órgano autónomo y lo sustituyó por la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ahora bajo la órbita de la Agencia de Transformación Digital de José Merino. Estados Unidos advierte que el nuevo regulador deberá mantener medidas asimétricas, garantizar independencia y evitar decisiones que favorezcan a empresas dominantes o estatales, en un entorno donde las reglas del sector vuelven a reconfigurarse.
Los datos del mercado explican la preocupación. América Móvil reportó ingresos por más de 341 mil millones de pesos en México en 2025, mientras que su principal competidor, AT&T, se mantiene muy por debajo en escala y crecimiento, sin lograr cerrar la brecha. La asimetría persiste y se refleja en participación de mercado, infraestructura y capacidad de inversión, en un sector que sigue altamente concentrado.
A ello se suma el costo del espectro radioeléctrico, uno de los más elevados de la región, que presiona a los competidores y, según el diagnóstico estadounidense, termina favoreciendo al operador dominante.
@MarioMal
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