Los intereses detrás del Transístmico

Mario Maldonado

De los proyectos estratégicos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al único que se le ve solidez y futuro es al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), conocido como “Corredor Transístmico” o “Tren Transístmico”. 

Además de la oportunidad de desarrollo que este proyecto puede generar en la región sureste del país, también ofrece una alternativa para el comercio internacional con Asia y Europa, y representa para Estados Unidos la posibilidad de reducir la migración centroamericana que entra por México. 

La idea es generar una franja de desarrollo –y de contención– de más de 300 kilómetros entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, que genere en un futuro más de 300 mil empleos formales, suficientes para incorporar a las actividades productivas a una buena parte de los migrantes centroamericanos que persiguen el “sueño americano”. 

El tema resulta estratégico para la administración de Joe Biden ante un incremento de flujos de personas hacia su frontera sur que, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, se han incrementado considerablemente por la crisis económica que generó la pandemia del Covid-19.

Para el Transístmico se calculan inversiones de por los menos 80 mil millones de pesos, y el equipo de Rafael Marín Mollinedo –encargado del CIIT– tiene ya comprometidos 20 mil millones para la modernización de la vía que cruza desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, y para la ampliación de las terminales de contenedores Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Se contempla igualmente el desarrollo de 10 parques industriales en la zona más cercana a Oaxaca, los cuales deberán estar en operación en 2023 y en los que se prometen múltiples beneficios fiscales a las compañías que decidan instalarse en ellos, algo que no es común en un gobierno enemigo de los apoyos al sector empresarial, especialmente si estos representan una merma a los ingresos tributarios que sostienen los programas sociales.

Debido a que en el Istmo de Tehuantepec ya existe una vía de ferrocarril que se someterá a una total modernización, los problemas por los derechos de vía serían mínimos. Morena además obtuvo el triunfo en seis de los nueve municipios estratégicos para el corredor, como Salina Cruz, Tehuantepec, San Blas Atempa, Ixtepec, Barrio de La Soledad y Matías Romero, por lo que se prevé superar cualquier tipo de resistencia al proyecto que manifiesten los pobladores de la región.

Se cuentan entonces con todos los recursos, apoyos y voluntades para concretar el proyecto en menos de dos años, y para elevar esa inversión en infraestructura hasta los 300 mil millones de pesos si el gobierno permite más adelante la participación de privados que proponen conexiones ferroviarias de hasta ocho carriles, lo que logísticamente convertiría al Istmo en un paso de carga internacional tan o quizá más atractivo que el Canal de Panamá.

Otra historia muy diferente tendrán las inversiones por 160 mil millones de pesos que se contemplan para la refinería de Dos Bocas; los 180 mil millones que costará el Tren Maya, y los 75 mil millones del Aeropuerto Felipe Ángeles en la zona de Santa Lucía, los tres proyectos con futuros inciertos y con un alto riesgo de quedar inconclusos. 

El CIIT, en cambio, cuenta no sólo con el discreto impulso de los Estados Unidos, sino también con mucho interés desde la lejana China. Administraciones anteriores ya han querido echar a andar este proyecto, el cual podría ser un verdadero legado económico de la 4T y de AMLO.

FGR investiga a director de Accendo Banco

Le platicamos esta semana sobre los malos manejos del director de Accendo Banco, Francisco Javier Reyes de la Campa. Resulta que la Fiscalía General de la República (FGR) ya lo está investigando por delitos de la Ley de Instituciones de Crédito y lavado de dinero relacionados con operaciones circulares de autopréstamos para simular índices de capitalización del Banco, en un esquema similar al que desembocó en el Fobaproa.

Ayer agentes de la Policía Federal de Investigación de la FGR se presentaron en las oficinas de Accendo Banco con instrucciones precisas y una larga lista de documentos que tendrá que entregar la institución, y lo mismo harán con la CNBV para incluir todos los elementos al expediente judicial del que conocerá un Juez Federal. 

El ‘exitoso’ despacho de abogados

El despacho jurídico José Antonio García Alcocer y Asociados SC es un viejo conocido de las altas esferas mexicanas, que tras el fallecimiento el año pasado de su fundador, José Antonio García AlcocerMorris”, quienes llevan la tutela son sus dos hijos, José Antonio y Santiago García Luque, ambos ligados a los empresarios Couchonnal Miranda y Couchonnal Mijares del Club Atlante, a través de la empresa Greendu SA de CV, de la que son accionistas.

Esta firma de abogados ha representado, entre otros, a Monex, y hay versiones que indican que han asesorado jurídicamente a la exprimera dama Angélica Rivera, en los trámites de divorcio con el productor Jose Alberto Castro y la custodia de sus hijas, pleito del que la expareja de Enrique Peña Nieto salió beneficiada.

Además, entre los casos que ha llevado Santiago García Luque está la disputa de los herederos de José Hernández Méndez, que fundó la Hacienda Centinela, de Arandas, Jalisco. Los hijos pelean desde 2019 el control del negocio tequilero Centinela y Cabrito que vale unos 100 millones de dólares.

En 2018, este despacho firmó un jugoso contrato con el gobierno de Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González, para emprender la cacería contra los exfuncionarios de Roberto Borge, mismo que se firmó vía Secretaría de la Contraloría General por más de 13 millones de pesos, un tema por demás interesante y al cual le falta mucho por contar.

 
@MarioMal
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