Los desempleados de AMLO

Mario Maldonado

Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer como que no ve ni le importan los desempleados del sector formal de la economía. Aunque ha reconocido públicamente que la pérdida de puestos de trabajo, según los registros del IMSS, sumó un millón 30 mil 366 trabajadores al cierre de mayo, no ha movido un dedo para ayudarlos. El Presidente se muestra indolente ante la crisis del empleo que terminará engrosado la estadística de mexicanos en situación de pobreza. ¿Por qué AMLO ha dejado a la deriva a los trabajadores del sector formal de la economía? Porque cree que son clasemedieros que pueden arreglárselas solos, y porque piensa que la mayoría de ellos no votó por él.

La lógica político-electoral con la que Andrés Manuel López Obrador decide absolutamente todo se torna perversa cuando, a los ojos del mundo, el jefe del Estado mexicano luce como uno que ha dejado a una parte de sus gobernados a la deriva, sin salvavidas, mientras los 22 millones de beneficiarios de sus programas sociales –los que sí votaron por él– reciben dinero por adelantado, aun cuando no son necesariamente los más afectados por el cierre de la economía que provocó la pandemia de Covid-19.

En mayo, el Coneval publicó un estudio sobre la tendencia de la pobreza laboral en México en el que concluye que, de los 19 programas sociales prioritarios del gobierno de AMLO, sólo ocho son relevantes para atender la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social también estimó que la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus aumentará entre 6.1 y 10.7 millones las personas en condiciones de pobreza extrema en México durante 2020. Los nuevos pobres serán, precisamente, los desempleados en zonas urbanas que pasarán de ser ‘clasemedieros’ a pobres.

La política social del gobierno ha sido criticada entre líneas por el organismo encargado de medir la pobreza, cuyo titular, José Nabor Cruz, fue propuesto por el gobierno de López Obrador. Lo que queda claro con la estrategia de seguridad social del Presidente es que no le importa tanto combatir la pobreza, siempre y cuando se apoye a los beneficiarios del padrón que elaboró la Secretaría del Bienestar y que gestiona uno de sus operadores electorales: Gabriel García Hernández, quien funge como coordinador de Programas para el Desarrollo de la actual administración, con un total de 400 mil millones de pesos en sus manos.

La pérdida de un millón 30 mil 366 empleos en tres meses no es el fondo del problema. Vendrán más desempleados en junio y muy probablemente en julio; sobre todo porque los escasos estímulos económicos del gobierno para las micro, pequeñas y medianas empresas –que prácticamente se ciñeron a créditos de 25 mil pesos que no tuvieron demanda– ocasionará que muchas de ellas no sobrevivan o retomen operaciones a una fracción del tamaño que tenían previo a la crisis.

Como sea, vale la pena poner en contexto el dato de empleos perdidos en tres meses, porque equivalen a tres veces la cifra de puestos de trabajo formales creados en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, el cual fue malo en términos económicos, a pesar de que en el mundo no había una crisis.

La creación de sólo 342 mil empleos nuevos en 2019 nos habla de la dificultad del gobierno de la Cuarta Transformación para generar puestos de trabajo formales. Si se mantuviera ese ritmo, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sería uno perdido en términos de empleo, y también uno de los peores en aumento de la pobreza laboral y pobreza extrema, si nos atenemos a las previsiones del Coneval y de otros organismos internacionales como la Cepal, el Banco Mundial y la OCDE.

Por si fuera poco, en la economía informal el desempleo será aún mayor. La más reciente Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del Inegi expuso que 12.5 millones de trabajadores mexicanos reportaron haberse quedado sin empleo o sin ingresos al cierre de abril, la mayoría de ellos trabajadores del sector informal.

Los organismos gremiales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Concamin y la Canacintra, así como analistas económicos independientes y de bancos de inversión, han propuesto medidas transitorias del gobierno para ayudar a los desempleados a enfrentar la crisis, pero tanto López Obrador como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, han hecho oídos sordos. Incluso, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, exasesor económico de AMLO y amigo de Herrera, consideró necesario aplicar un seguro de desempleo contingente, pero tampoco a él le han hecho caso.

¿A qué apuesta Andrés Manuel López Obrador con su inacción frente a la crisis económica? Definitivamente a la pauperización del mercado laboral –formal, en mayor medida–. Su apuesta parece ser la de ir en contra de la clase media, en un franco atentado contra la estabilidad laboral y social del país.

Y más aterra escuchar a AMLO decir frases como que en el país sólo “secuestran a los ricos, no a los pobres”.
Pero que no se le olvide al Presidente que los desempleados de hoy tienen sólo tres caminos: la pobreza, la informalidad y el crimen organizado. Y todo ello va a tener que arrastrarlo como losa sobre sus hombros cuando lleguen las elecciones, lo único que parece importarle.

Bonilla contra gaseras

Finalmente, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, declaró la guerra a las empresas Zeta Gas y Silza Gas, propiedad de los empresarios Tomás Zaragoza Ito y Evangelina Zaragoza López, a quienes acusa de mantener un monopolio de la distribución de Gas LP que ha colocado a su entidad como la segunda con precios más altos del mercado. Según datos de la CRE, mientras en Chiapas los consumidores pagan 14.43 pesos por kilo del energético, en Baja California las familias destinan hasta 20.78 pesos por mismo producto.

La operación de las gaseras vinculadas a la familia Zaragoza representan 82% del mercado en la parte alta de la península, y todo porque, según Bonilla, las compañías contaron durante 30 años con el apoyo de los gobiernos panistas para crear barreras a la competencia con una sobrerregulación a las normas federales en materia energética. La Cofece, de Alejandra Palacios, ya puso el ojo en el asunto, y exhortó a municipios y cabildos del estado a eliminar restricciones a la libre concurrencia.

¿Ayuda humanitaria a Venezuela?

Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que su gobierno estaría en la posibilidad de enviar combustibles a Venezuela por razones humanitarias, pese a las amenazas de sanción que el gobierno de Donald Trump ha lanzado a los países y compañías que pretenden realizar transacciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro.

En este espacio le adelantamos hace unas semanas que la figura de Ayuda Humanitaria, contemplada en la Licencia General 4C del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, abría un camino legal para enviar insumos de primera necesidad al país sudamericano, misma que fue aprovechada por la empresa mexicana Libre Abordo, de Verónica Esparza, para intercambiar mil camiones cisterna y 210 mil toneladas de maíz blanco por petróleo crudo de PDVSA.

Sucursales y App

El Banco del Bienestar, que encabeza Rabindranath Salazar, está ocupado en la construcción de nuevas sucursales, de las cuales 567 están en edificación o terminadas, al tiempo que impulsa su reconversión tecnológica. Se espera que en las próximas semanas lancen su nueva app y banca electrónica.

Con ello y con el incremento en puntos de atención mediante corresponsales, que ya suman más de 60 mil, esta institución está logrando una cobertura 360, pues no se trata solo de apostar por la infraestructura o la tecnología, ya que el territorio nacional es tan diverso como las necesidades de sus pobladores, y hay lugares donde la familiarización con lo digital es prácticamente inexistente.

Uno de los grandes retos será la colaboración del banco con la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Luis Cresencio Sandoval, que hasta ahora ha sido clave para llevar un avance de alrededor de 42% en la construcción de sucursales.

 
@MarioMal
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