Los 1,500 mdp del Grupo Texcoco para 2023

En el camino hacia el proceso electoral de 2024 –que inició el Presidente con el destape de un puñado de posibles candidat@s– se pondrá en juego el legado y futuro de la 4T. Morena, el partido que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, primero deberá sortear las elecciones en ocho entidades del país. La más importante es la del Estado de México, en 2023, que con sus 12.3 millones de votantes representa el 14% del padrón nacional.

De acuerdo con políticos y estrategas consultados, la elección del Edomex no solo es de las más complejas, sino de las más costosas. Los cálculos apuntan a que los contendientes que realmente tengan posibilidades de adjudicarse ese proceso requieren presupuestos de operación política y de movilización de estructuras –ajenos a los fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral– del orden de los mil 500 millones de pesos. Esta cifra está ya en la estrategia del Grupo Texcoco, de donde saldrá el candidato o candidata de Morena.

En este escenario, el Partido Acción Nacional estaría apuntalando hacia la gubernatura al alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, mientras que el priismo no tiene aún un candidato visible. Hay quienes aseguran que el PRI podría terminar por dejar el camino relativamente libre al senador morenista Higinio Martínez, cancelando con esto la posibilidad de que se concrete una alianza similar a la nacional.

Martínez Miranda se encuentra en la terna de aspirantes de Morena para disputar la joya de la corona electoral, junto con la actual secretaria de Educación Pública y favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador, Delfina Gómez, y el titular de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte, todos ellos pertenecientes al denominado y polémico Grupo Texcoco, una especie de reedición del otrora poderoso Grupo Atlacomulco.

Los tres personajes estuvieron involucrados directamente, según el proyecto del INE con que se impuso recientemente una multa a Morena por 4.5 millones, en una trama ilegal de financiamiento de campañas políticas a través de la retención del 10% de los salarios de trabajadores del municipio de Texcoco y del DIF local en 2013, cuando Delfina Gómez estaba a cargo de ese Ayuntamiento.

Ocho años después de la presunta extorsión, el órgano electoral logró acreditar que de los 13 millones de pesos descontados a los empleados del Ayuntamiento, al menos 2.2 millones se destinaron al pago de proveedores de la campaña de 2015, cuando la ahora titular de la SEP buscó llegar al Congreso federal.

Según las pruebas recabadas, además de la rúbrica de la entonces presidenta municipal, las firmas de autorización para los descuentos ilícitos de nómina correspondían al otrora síndico municipal Eliseo Rosales; al secretario del Ayuntamiento, Horacio Duarte, y al tesorero, Alberto Martínez Miranda; este último hermano de Higinio. Los recursos fueron a parar al Grupo de Acción Política bajo el concepto de “aportaciones GAP”.

Esta maquinaria del Grupo Texcoco se mantiene intacta e incrustada en diferentes áreas del actual gobierno federal, mientras que el síndico Eliseo Rosales colabora ahora como Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, en la oficina que encabeza Horacio Duarte, mientras que la excoordinadora de giras de Delfina Gómez a cuyo nombre se giraron los cheques de las “aportaciones voluntarias” de los empleados, María Victoria Anaya, es ahora funcionaria de la Secretaría de Educación Pública.

El riesgo de repetir el caso Texcoco es grande, por lo que, además de la multa, el INE ha solicitado que el caso sea revisado por la FGR, de Alejandro Gertz, la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de José Agustín Pinchetti y el Órgano Superior de Fiscalización del Edomex, de Miroslava Carrillo, con la esperanza de que en las investigaciones reine la imparcialidad.

El Grupo Texcoco, además de que perdió influencia tras las elecciones intermedias, ahora enfrenta la fiscalización de sus principales operadores. Se complica el camino para obtener la gubernatura del Edomex, que es clave para que la 4T trascienda en 2024.

Cambios en CNBV

Ayer dimos a conocer que la diputada electa por Morena, Patricia Armendariz, fue propuesta para convertirse en la nueva presidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Juan Pablo Graf. A través de su cuenta de Twitter, la empresaria nos respondió que buscará “seguir apoyando a la 4T y al presidente López Obrador a través de la fracción parlamentaria de Morena”, en la que busca ser la presidenta de la Comisión de Presupuesto o la de Hacienda.
Reconoció al respecto que “declinó una eventual invitación de antemano” y está “feliz con su encomienda” como diputada federal. Nos dicen, sin embargo, que la presidencia de Juan Pablo Graf si está en riesgo, pues es considerado como parte del equipo del anterior secretario de Hacienda. De corto plazo, el nuevo titular de esta cartera, Rogelio Ramírez de la O, tiene otras prioridades, pero ese relevo está entre sus objetivos, por lo que sucederá tarde o temprano.

Posdata

Como lo apuntamos este martes, el discurso del secretario Ramírez de la O en la Cámara de Diputados fue pro inversión privada y anunció un aumento en la inversión pública. Un presupuesto 2022 superior a 7 billones de pesos, además de que refleja una sólida recuperación económica, indica lo dicho ayer: que el objetivo de la jefa del SAT, Raquel Buenrosto, es obtener más ingresos por el cobro de impuestos; unos 250 mil millones de pesos adicionales comparado con el cierre del 2021. En general, bien equilibrado y realista el Paquete Económico de Hacienda.

Bolsas sustentables

Esta semana se lleva a cabo en Puebla la Expo 2021 de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), que preside Iñaki Landáburu Llaguno, evento que prevé generar ventas por hasta 60 mil millones de pesos con la asistencia de 6 mil 500 personas, que ha sido sede del mismo desde 2015.

Este es uno de los tantos sectores que ha tenido que readaptarse a las nuevas condiciones de mercado que ha generado, no solo la pandemia por Covid-19, sino también por los nuevos requerimientos que las autoridades dictaminan en cuanto a impacto ambiental.

Destaca la bolsera Anguiplast, de José Anguiano, que pareciera ir un paso adelante en temas de minimización de los impactos de procesos y así beneficiar al medio ambiente. Actualmente todos sus productos están avalados bajo la norma ATSM D 5511-18, cuyo objetivo es certificar los materiales y productos biodegradables o compostables, a nivel internacional. Al punto de alcanzar una producción de 4 mil toneladas mensuales de resinas recicladas.

@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com