Limpia en aduanas y denuncias de corrupción

Mario Maldonado

Entre los delitos solapados está el huachicol de gasolinas de Texas

La corrupción que imperó y que aún prevalece en las aduanas del país ha obligado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a tomar una decisión muy peculiar: sustituir contratos de tecnología con altos costos para el Estado por medidas poco más austeras, como engrosar su unidad canina porque, a su entender, y a diferencia de los ‘conservadores’, “los perros no se pueden corromper”.

La administración de los puntos fronterizos durante los primeros meses del actual gobierno llegó a ser tan o más corrupta que la del sexenio de Enrique Peña Nieto, con funcionarios que permitieron delitos que impactaron la recaudación fiscal y que instalaron un maximato en la Administración General de Aduanas para controlar las decisiones.

Entre los delitos que se solaparon destaca el del huachicol de gasolinas procedentes de Texas, actividad que hizo un hoyo fiscal de hasta 200 mil millones de pesos, según los cálculos de la Secretaría de Energía, y que generó una competencia desleal en el mercado para la propia Pemex y para los jugadores privados.

Las mafias que transportan estos combustibles, que son reportados como aceites u otras cargas diferentes, los ingresan por las aduanas de Colombia, en Nuevo León, y de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas. Por ello, hasta estos puntos, en los que existe toda una cadena del crimen organizado, se han enviado como administradores a militares en retiro.

Sin embargo, y a pesar de que la participación de la Sedena y Marina es histórica, con alrededor de mil 500 efectivos en los puntos fronterizos, y con la instrucción del Presidente de reforzar su presencia, el actual titular de la AGA, Horacio Duarte, asegura que no se trata de una militarización, pues el control permanecerá en manos de civiles al servicio del SAT.

La buena noticia para las aduanas es que el gobierno no absorberá su Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, mejor conocido como FACLA. Se trata de un ‘guardadito’ que le representa recursos por 70 mil millones de pesos. La cifra era atractiva para dirigirla a los programas sociales o a los intentos de rescate de Pemex, pero se mantuvo en manos de la AGA para adquirir sistemas de seguridad que garanticen la recaudación fiscal de por lo menos 900 mil millones de pesos al año.

En el pasado, el FACLA fue utilizado como una “caja chica” para la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray. De ahí se tomaron los más de 8 mil millones de pesos con los que se contrató el fallido y polémico Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), un negocio asignado a la firma Six Sigma Network, de María Asunción Aramburuzabala.

Todavía en tiempos de Ricardo Peralta, el primer administrador general en el actual gobierno, se proyectó en la AGA sustituir esa tecnología con un proyecto de características muy similares, pero con un costo 100% mayor. 

Los planes de la actual administración, ahora a cargo de Horacio Duarte –que en abril cumplirá un año al frente de esta dependencia y prometió al Presidente entregar un reporte detallado de cómo recibió la AGA de manos de Ricardo Ahued y previamente de Peralta–, son invertir en actualizaciones de infraestructura material, en renovaciones de la tecnología propia de cada Aduana –empezando por Tijuana–, en equipos de revisión no intrusiva y, de ser posible, en proyectos conjuntos de seguridad con las autoridades de Estados Unidos.

Prioritariamente, se invertirá en el reforzamiento de la unidad canina, la cual llegó a tener más de 400 perros y actualmente tiene 200, la mayoría en proceso de jubilación.
 

Problemas en el INCAN

A propósito de que el presidente López Obrador reconoció que hay un desabasto de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer, donde al parecer hay otro problema es en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), a cargo de Abelardo Meneses García, con la autorización de presupuestos para la contratación de servicios.

Resulta que este instituto se adhirió al contrato de limpieza de sus instalaciones que tiene la Secretaría de Salud, el cual es más caro que el que tenía previamente, según la información pública. El año pasado se pagaban unos 8 mil 900 pesos mensuales por cada empleado contratado en el INCAN, mientras que con el nuevo acuerdo se desembolsarán 10 mil 900 pesos.

La directora de Administración del instituto, Elena Rojas Gutiérrez, fue la encargada de autorizar los nuevos presupuestos. El contrato de la nueva empresa proveedora, Aseo Privado Institucional, se extendería hasta 2023 y hay alertas relacionadas con que los insumos, materiales y equipos no se apegan a los que necesita el INCAN, al tratarse de un inmueble de alta especialidad.

 
@MarioMal
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