El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá esta semana una nueva oportunidad para demostrar ante el sector empresarial que las cosas en el país realmente han cambiado, cuando se ponga en marcha la licitación para distribuir los libros de texto gratuitos.

El tema fue uno de los talones de Aquiles para la 4T en su primer año de administración.

Primero por el retraso de casi ocho meses en la impresión de libros, debido a la estrategia de austeridad en las compras públicas, lo que derivó en un arranque de ciclo escolar 2019-2020 con 10% del alumnado sin documentos de trabajo.

Los hechos auguraban escenarios de desabasto como el que se experimentó posteriormente a la compra consolidada de medicamentos, pero el caso del material didáctico pudo solucionarse con el apoyo de flotas de transporte de la Sedena y Segalmex.

El segundo alboroto se dio con la participación del compadre del Presidente, Miguel Rincón, en una licitación para proveer papel offset a la Comisión Nacional del Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), la cual le fue adjudicada con un contrato de 221.6 millones de pesos.

La adjudicación del contrato se dio luego de que Rincón hiciera compadre a Andrés Manuel López Obrador, lo que generó una fuerte presión y ocasionó que el dueño de la empresa Bio Pappel Scribe renunciara al convenio. Miguel Rincón además forma parte del Consejo Asesor Empresarial del Presidente.

Con la lección aparentemente aprendida, el reto para el presente año será transparentar los contratos con las empresas directamente encargadas del reparto y de la materia prima para fabricar los libros de texto.

En lo que tiene que ver con la distribución, durante los últimos dos sexenios la responsabilidad ha estado en manos únicamente de dos proveedores, los mismos a los que la Conaliteg y la Secretaría de Educación Pública entregaron ya los concursos de 2019.

Ahí están las compañías Morgan Express SA. de CV. de Fernando Ernesto Amador y Transportes ESDO SA. de CV. de Jorge Espinoza, quienes el 12 de julio de 2019 ganaron, fieles a la costumbre que mantuvieron durante el llamado periodo neoliberal, contratos por 84 y 98 millones de pesos, respectivamente.

Las dos razones sociales fueron objeto de críticas y señalamientos de corrupción tras la llegada del nuevo gobierno, con investigaciones sólidas sobre los servicios ofrecidos a la Conaliteg durante 2018, que denunciaban incluso duplicidad en el registro de las rutas de distribución de los libros de texto de gratuitos.

En aquella ocasión se evidenció un oneroso contrato para estas dos empresas, el cual se habría entregado a sobreprecio; fue por un monto de 160 millones de pesos para el ejercicio comprendido en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se habló también en aquel momento de colocar un marcaje personal sobre el todavía director de la Conaliteg, Antonio Meza Estrada, pues cargaba igualmente con varios señalamientos de irregularidades cometidas en la propia Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en los tiempos del panista Vicente Fox.

El propio Presidente llegó a manifestar esa desconfianza a quienes participaban en sus reuniones previas a la mañanera, justo en los momentos en los que el retraso en la entrega de los libros se veía como una crisis para su administración.

Pues bien, ni la desconfianza ni los irregulares resultados de las auditorías consiguieron modificar el panorama de la distribución de los libros en el pasado ciclo escolar, por lo que el proceso LA-011L6J001-E28-2020 para licitar estos servicios en el siguiente periodo educativo podría ser la última llamada para mantener entre los proveedores del sector transporte por lo menos algo de credibilidad.

En cuanto a tiempos, este martes 3 de marzo se entregarán a la Secretaría de Educación Pública las propuestas de los diferentes jugadores, y siete días después, el 10 de marzo, se tendrá el veredicto.

En la que se refiere al compadre del Presidente, Miguel Rincón, en septiembre del año pasado su empresa Bio Pappel Scribe obtuvo un contrato por 142.8 millones de pesos por parte de la Conaliteg, pero no queda claro si lo volvió a rechazar o se lo quedó, porque el representante legal no se presentó a la firma del mismo.

Luz verde a rompeolas en Salina Cruz

La Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz, en Oaxaca, dio luz verde a la construcción del rompeolas, parte del proyecto con el que se busca fortalecer las capacidades petroleras y comerciales del país mediante la reducción de demoras de los buques, ahorros en los costos de operación, disminución de riesgos ambientales y el aumento en la seguridad de los trabajadores.

Grupo IMPSA y GAMI Ingeniería e Instalaciones, de Francisco Escanero y Manuel Muñozcano, respectivamente, serán las encargadas de desarrollar la obra. Ambas firmas ostentan 40 años de experiencia en la edificación de infraestructura marítima y portuaria; ejemplo de ello es el muelle para la Terminal Especializada de Automóviles (TEA) en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; el muelle de cruceros en Puerto Madero, Chiapas; el rompeolas en Puerto Progreso, Yucatán; y la Terminal de Contenedores en Veracruz, entre otros.

Con esta obra, el sistema portuario nacional ampliará la capacidad del puerto para el abasto de derivados del petróleo, piezas clave para atender la demanda de gasolinas, gas, turbosina, diesel y combustóleo, así como para el abastecimiento de maíz, y el fortalecimiento de la exportación de importación de productos de la zona, sin olvidar el crecimiento de la economía en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Twitter: @MarioMal Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

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