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Después de una batalla de prácticamente dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió dar su primer revés a la jurisprudencia del ministro Eduardo Medina Mora , con la que, unos meses antes de entregar el poder, la administración de Enrique Peña Nieto pudo desbloquear miles de millones de pesos de cuentas vinculadas con el crimen organizado, así como con diversas empresas participantes en la denominada Estafa Maestra.
La aprobación, en el Senado de la República, de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito posibilita a la UIF de Santiago Nieto a proceder al bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar de una autoridad administrativa, cuando existan indicios claros de que los recursos a congelarse son producto de actividades ilícitas o bien pertenecen a personas físicas o morales involucradas en las mismas.
La llamada Ley Nieto le da aún más poder al titular de la UIF, quien tras descartarse para buscar una candidatura para competir por la gubernatura de Querétaro, ahora podrá bloquear cuentas de personas sospechosas sin la orden de un juez.
La nueva legislación se opone a la jurisprudencia número 2ª./j.46/2018 de la Suprema Corte de Justicia, que establece que “en actos, operaciones o servicios bancarios, su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales”, texto que motivó a los juzgados y tribunales a validar los congelamientos de cuentas únicamente cuando eran solicitados por oficinas de investigación del gobierno norteamericano, como el FBI o la DEA.
Cobijados por esta jurisprudencia han conseguido recuperar el acceso a sus cuentas bancarias —en algunos casos de manera temporal— personajes como Kámel Nacif , el exgobernador poblano Mario Marín , el exmandatario nayarita Roberto Sandoval, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya , y más recientemente el exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino .
Bajo este mismo criterio es que el 4 de junio de 2018 se dio la orden desde la UIF, entonces de Orlando Suárez López , para liberar alrededor de mil 500 millones de pesos de 722 cuentas bancarias congeladas con anterioridad a grupos del crimen organizado y a personas morales identificadas como empresas fachada o factureras, según una investigación del periodista Ignacio Rodríguez Reyna para Aristegui Noticias.
La posición del gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que los bloqueos determinados como parte de una investigación local alcanzan también el carácter de constitucional, toda vez que responden a la obligación del Estado para dar cumplimiento a compromisos y convenios internacionales, enfocados a combatir el crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Entre los compromisos que México ha adquirido en esta materia está el de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Declaración Sobre Seguridad en las Américas5, y la aceptación, en junio de 2000, de la membresía en el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El denominado GAFI fue el encargado de extender las 40 recomendaciones al gobierno de México para disminuir la vulnerabilidad a las actividades del lavado dinero. La número 4, en específico, lo obliga a establecer medidas cautelares, tales como “congelar o incautar y decomisar, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes”.
De esta manera, la llamada “Ley Nieto” es en realidad un paquete de reformas que buscan fortalecer las acciones contra el lavado de dinero en el país y que, en un principio, permitirán obtener en las evaluaciones del GAFI notas positivas, determinantes éstas para atraer mayores flujos de inversión.
El siguiente paso, una vez que se ha reformado la Ley de Instituciones de Crédito, será modificar la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de fortalecer a figura de extinción de dominio, para ingresar a las arcas públicas unos 2 mil millones de pesos del crimen organizado que permanecen congelados en cuentas bancarias y que nadie ha querido reclamar.
