Las persecuciones contra Anaya e Ildefonso

Mario Maldonado

(La FGR) se enfrentará a un Anaya por demás curtido en la persecución judicial

El 28 de noviembre de 2018, cuando las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya habían sido aniquiladas, la entonces Procuraduría General de la República dio por terminada una investigación por el lavado de 54 millones de pesos contra el político queretano, por considerar que no existieron “datos de prueba suficientes que permitan acreditar el hecho”.

En el contexto actual, con los intentos de resurgimiento del excandidato panista y por una orden surgida desde Palacio Nacional, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) busca configurarle un nuevo delito por presunto cohecho de 6.8 millones de pesos relacionado con los sobornos de Odebrecht.

Se tiene claro en el primer círculo presidencial que los recientes videos difundidos por Anaya han despertado el enojo de Andrés Manuel López Obrador, quien está seguro de que los materiales caen en campo fértil en esa clase media aspiracionista, la cual se ha vuelto una amenaza para concretar y perdurar más allá de 2024 su movimiento político.

Por ello, el Presidente ha dado la orden de terminar la tarea que dejó inconclusa Enrique Peña Nieto. La problemática es que en la nueva cruzada la FGR no cuenta con elementos tan sólidos como en el pasado. No existen, por ejemplo, esos vínculos con personajes como Manuel Barreiro, que terminó siendo señalado por administración fraudulenta y con orden de aprehensión por haber sido el artífice de la operación de compra-venta de la nave industrial con la que Anaya obtuvo los 44 millones de pesos.

Al parecer las esperanzas de una pesquisa exitosa están depositadas en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y en el relato de que en 2014 el denunciante entregó dinero al entonces diputado federal, como parte de un supuesto acuerdo que este último tenía con Luis Videgaray para competir por la gubernatura de Querétaro.

Al igual que en el caso de los exsenadores que participaron en la aprobación de la Reforma Energética, Anaya fue señalado por recibir sobornos con el dinero de Odebrecht. A casi un año de esa querella, las acusaciones en la mayoría de los casos no se han podido probar, ni para el presidenciable ni para personajes como Francisco García Cabeza de Vaca, Salvador Vega o Francisco Domínguez. El único involucrado que ha podido vincularse a proceso y permanece detenido es Jorge Luis Lavalle.

Se espera que, ante las vicisitudes que dejan una imagen de impunidad, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero reciba apoyo en esta tarea del aparato de investigación de la Secretaría de Hacienda (SAT, UIF y la Procuraduría Fiscal), con lo que se buscaría configurar un delito de mayor envergadura.

Pero se enfrentará a un Ricardo Anaya por demás curtido en la persecución judicial y que, consciente de las maneras que tiene la administración con los opositores, prepara una sólida defensa legal fiscal y penal. El queretano reclutó a Ambrosio Michel y a Eduardo Amerena, este último abogado del excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

La otra persecución que se desató fue la de Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía a quien la FGR vinculó a proceso por un presunto enriquecimiento ilícito por cerca de 8 millones de pesos depositados en una cuenta en el extranjero. 

No es el único escándalo que ha enfrentado el ahora diputado federal electo del PRI. Además de su vinculación al caso de Odebrecht por parte de Emilio Lozoya, su nombre también aparece en otras investigaciones como la de la Estafa Maestra, el desfalco en la empresa Exportadora de Sal, la instalación de una planta de KIA en Nuevo León y hasta por tener 22 ‘guaruras’ que lo protegían cuando era secretario de Estado, según reveló Emeequis.

Irregularidades en Banca Mifel

En Banca Mifel acaba de estallar un caso que ya escaló al ámbito judicial. Resulta que el abogado Enrique Garza demandó a esa institución luego de que el fideicomiso donde tenían sus bienes patrimoniales fue escondido en forma deliberada por años.

Se trata de los certificados de participación inmobiliaria CABASTOS 04, que son administrados por medio de Monex, de Héctor Lagos, institución que ha negado información al tenedor Enrique Garza, con el pretexto de que lo impide una resolución judicial.

Al respecto Mifel implementó una resolución judicial para no revelar el estado que guarda ese patrimonio fideicomitido. En el ambiente jurídico se sabe que este banco se presta como escenario de conflictos legales entre particulares, otorgando ventajas a alguna de las partes.

El asunto ya llegó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Juan Pablo Graf, y a la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, Incluso se sabe que ya se envió un citatorio al director de esa institución y actual presidente de los banqueros, Daniel Becker.

Escándalo en Accendo Banco

Otro escándalo en el sector financiero es el de Accendo Banco, donde se identificaron malos manejos de su director general, Javier Reyes de la Campa, quien lo administró para su beneficio personal.

La molestia de los socios de Accendo tenía fundamento. Javier, junto con su hermano Luis Ricardo, armaron un presunto entramado de empresas factureras con las que se dedicaron a saquear el banco.

Se tiene documentado que Accendo Banco celebró operaciones con Recursos Financieros Kerala, S.A. de C.V., Dendra Servicios, S.C., Estagirita Del Sur, S.A. de C.V., Servicios Grantt Level, S.A. de C.V. (empresa a la que en 2017 el SAT le revocó sus certificados de sello digital, imposibilitando la emisión facturas), Axsony, S.A. de C.V., Rokfelo, S.A. de C.V., empresas identificadas por la autoridad como factureras y que Javier y Luis Ricardo Reyes usaron para sacar dinero del banco para ellos. Todo esto lo tiene documentado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, cuenta con una sólida investigación contra Javier Reyes, que cuando se dé a conocer detonará uno de los más grandes escándalos del sector bancario de nuestro país.

El junio del año pasado se formalizó la liquidación de Accendo. Los accionistas que se dieron cuenta de los malos manejos de Javier Reyes disolvieron la sociedad, removieron al Consejo de Administración y se procedió a nombrar a un liquidador.

A un año de esta resolución, el liquidador Arturo Rosas Barrientos está convocando a una Asamblea de Accionistas el próximo 3 de agosto, donde presentará el informe sobre el estado en el que recibió la institución bancaria, así como el correspondiente a las "operaciones sospechosas de la contabilidad de la sociedad, en relación con los señores Francisco Javier Reyes de la Campa, Luis Ricardo Reyes de la Campa y Oscar Alonso Reyes de la Campa", según consta en la Orden del Día de la convocatoria emitida a los socios.

Riesgo para minera en Zacatecas

Aquí le comenté del proceso legal que libran la firma San Pedro Resources y Javier Martínez Lomas, exdueño de la concesión minera donde está instalada la mina La Antigua, en el municipio de Miguel Auza, en Zacatecas, entidad que gobernará David Monreal, en donde un juzgado local determinó una estratosférica multa de 23 millones de dólares en contra de la empresa.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón le dio la razón al demandante, siendo que en el contrato, que data de 2006, estaba sujeto a un acuerdo de exploración y explotación y la mina desde 2008 se encuentra en mantenimiento, por lo que técnicamente nunca inició su actividad productiva.

La última esperanza se encontraba en la apelación interpuesta en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, cuyo magistrado Francisco Saldaña Arrambide, a cargo del expediente, desestimó el alegato y ni siquiera se arriesgó a revisar las declaraciones y alegaciones de la compañía minera, por lo que ahora más de 80 familias que dependen de La Antigua quedarán a la deriva ante un inminente cierre de operaciones.

Mexicana en reflector internacional

Con 65 años de historia y 10 de haberse consolidado, Traxión fue posicionada como la compañía que crea las “Mejores Soluciones de Logística Integrada en México” por Capital Finance International (CFI). Tal mención es obtenida por segundo año consecutivo, no obstante, el jurado de la revista londinense puso especial atención en las alzas de 25 y 172%, correspondientes a servicios logísticos e ingresos de 2020, respectivamente.

Asimismo, tecnologías para conectar a clientes con transportistas fueron de su interés, pues la empresa de Aby Lijtszain concretó una aplicación inteligente con esa magnitud, mediante desarrolladores dentro de casa.

 

@MarioMal
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