El Presidente ha echado mano de tres mujeres para plantarle cara al Poder Judicial. Andrés Manuel López Obrador ha utilizado a su consejera Jurídica, María Estela Ríos González, y a las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz para intentar frenar las acciones de inconstitucionalidad de sus reformas legales en la Corte, aunque de poco ha servido, pues hoy el traslado del mando a la Guardia Nacional y la primera parte de los cambios a las legislaciones secundarias en materia electoral ya fuera invalidados.

Tras casi año y medio de permanecer sin apariciones públicas, el Presidente decidió que era buen momento de sacar de las sombras a su consejera Jurídica, María Estela Ríos González, quien fue lanzada al ruedo para enfrentar a l@s ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un intento desesperado por detener la sesión en la que se declaró la invalidez de un paquete de legislaciones del llamado Plan B electoral.

López Obrador tal vez opine que, tras varios desencuentros y agravios personales contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, era momento de que una mujer fuera quien que le pusiera cara a los comunicados del gobierno federal despreciando las resoluciones del máximo tribunal de justicia del país.

Vaya trabajo el que le ha tocado encabezar a la consejera Jurídica de la Presidencia, en medio de las críticas del gremio jurídico. Ríos González ha echado por tierra los conceptos aprendidos en las aulas de la UNAM o del Centro Universitario Emmanuel Kant sobre la división de poderes y el respeto a la Constitución.

Como lo ha hecho con otras mujeres de su gabinete, Andrés Manuel López Obrador volvió a aventar a una mujer a una batalla perdida, en la que jurídicamente ya no quedaba nada por ganar, pero sí mucho por confrontar y dividir desde el enfoque político. Salvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien intentó cabildear sin éxito las reformas, no hubo hombres que salieran a pelear esta guerra.

Para el ministro Arturo Zaldívar fue demasiado desgaste la exposición que brindó en el caso de la Guardia Nacional y la Sedena. Su imagen no soportaba ya una actuación similar. El apoyo para AMLO vino una vez más de sus mujeres en el máximo tribunal. Yasmín Esquivel está en deuda y tampoco tiene mucho que perder, y a Loretta Ortiz la mueve una disciplina casi doctrinaria, además de los vínculos de su esposo, el Fiscal de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, con el movimiento de la Cuarta Transformación.

María Estela Ríos fue consejera Jurídica de López Obrador durante su paso por la jefatura de Gobierno de la CDMX. Quienes la conocen dicen que nunca fue su fuerte la negociación y por lo tanto nunca se esperó que se convirtiera en una asidua visitante a la Corte cuando tomó las riendas de esta oficina a nivel federal. Los intereses de la actual consejera Jurídica siempre fueron diferentes a los de Julio Scherer.

Cuentan también que operó tímidamente para colocar a su cercana, la magistrada anticorrupción Natalia Téllez, como presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero el proyecto no cuajó. En la congeladora del Senado se quedó el intento por aprobar una legislación interna de ese órgano jurisdiccional, que aseguraba que a su cabeza llegaría una mujer proveniente de la nueva sala especializada en el combate a la corrupción.

La más visible actuación de Ríos González fue precisamente esta interacción con la Suprema Corte, en la que dirimió argumentos que pretendían descalificar de la discusión del Plan B al ministro ponente, Alberto Pérez Dayán. Estos fueron desestimados por unanimidad, hasta por Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes no tuvieron empacho en este caso en hacer a un lado la sororidad y hasta cierto punto la lealtad.

María Estela Ríos se mueve en el selecto círculo de Raquel Buenrostro, Rocío Nahle o Claudia Sheinbaum, el cual se escuda en el feminismo para intentar ocultar las más grandes muestras del patriarcado.

Posdata

Tras los reveses de la Corte al gobierno y al Presidente, va el Plan C. Se lo adelantamos en este espacio el pasado 30 abril bajo el nombre “AMLO 2024: la reforma judicial y el Congreso”, en la que dimos cuenta que la estrategia electoral del Ejecutivo es que el próximo año Morena obtenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado para lograr la aprobación de reformas constitucionales.

AMLO ya adelantó que el 1 de septiembre del 2024, en su último mes de gobierno y cuando esté instalada la nueva legislatura, va a enviar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional tenga oficialmente un mando militar. Ese mismo día o en los siguientes enviará otras más con las que buscará renovar el INE y el Poder Judicial de la Federación.

El presidente López Obrador usará el arrastre popular que le quede para entonces intentar posicionar la idea de que la Corte es corrupta y que obedece a intereses superiores de sus adversarios, a quienes llama “conservadores”, razón por la que deberán votar masivamente por los legisladores federales de Morena y sus partidos aliados, de manera que logren obtener una mayoría. Hoy, como pintan las cosas, ese escenario luce muy complicado, pero en ello el Presidente va a jugarse todo su resto.

@MarioMal

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