La trama venezolana que toca a AMLO y a empresarios mexicanos

Mario Maldonado

La filiación política de funcionarios de la Cuarta Transformación con el régimen venezolano podría generar más de un problema con Estados Unidos, en medio de la campaña electoral de Donald Trump y la puesta en marcha del T-MEC.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría dispuesto a vender gasolina a Venezuela por razones humanitarias, a pesar de las sanciones impuestas por Washington a varios funcionarios del país que gobierna Nicolás Maduro, así como a su petrolera estatal PDVSA.

Ayer publicamos que el subsecretario de Combate a la Impunidad, Luis Gutiérrez Reyes, considerado la mano derecha de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha sido la sombra de la funcionaria desde que inició la actual administración, pese a su nula experiencia en el área de contraloría o auditoría. Su máxima virtud es haber sido colaborador del gobierno de Maduro en la cadena gubernamental venezolana La Nueva Televisión del Sur.

Otra figura cercana a la 4T caída en desgracia recientemente por presuntas acusaciones de malos manejos como lideresa de Morena -el partido que fundó AMLO-, es Yeidckol Polevnsky, quien simpatiza y tiene ideologías que comulgan con el régimen venezolano.

Como se sabe, la permanencia de Maduro en la presidencia de Venezuela es uno de los principales motivos de frustración para Donald Trump, por lo que está aumentando la presión sobre el régimen venezolano y los empresarios que han contribuido financieramente a su sostenimiento.

La detención, hace unos días, del colombiano Alex Nain Saab desató una serie de acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Norteamérica (OFAC) contra firmas y empresarios mexicanos acusados de participar en la comercialización internacional de crudo de Venezuela y en el suministro de alimentos de baja calidad para la población de escasos recursos de aquel país.

Saab es identificado por las autoridades estadounidenses como el principal prestanombres para los negocios de Maduro, y como el responsable de coordinar una red internacional de empresas que se ha encargado de proveer a Venezuela, a las espaldas de Trump, insumos alimenticios, de infraestructura y de movilidad.

En esta columna le detallamos el acuerdo que las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group firmaron con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar por barriles de crudo unas 210 mil toneladas de maíz blanco y mil camiones cisterna, amparadas en los parámetros de Ayuda Humanitaria que permitía la Licencia General 4C del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Ambas firmas fueron sancionadas el jueves por OFAC, así como también sus propietarias, Verónica Esparza y Olga María Zepeda, y de paso otro mexicano, Joaquín Leal Jiménez, quien según las investigaciones habría establecido el vínculo trilateral entre las compañías, Corpovex y el zar de los negocios oficiales venezolanos, Alex Saab.

El mismo día, las cuentas de estas personas físicas y morales fueron bloqueadas por la UIF, y denunciadas por la oficina de Santiago Nieto ante la FGR de Alejandro Gertz Manero. A todo esto hay que sumar también la conclusión de una indagatoria que había solicitado sobre el caso la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El contexto acelera además las investigaciones sobre la participación de mexicanos en el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocido como despensas CLAP, con el que se enviaron alimentos al país sudamericano para ser comercializados entre la población vulnerable a precios que duplicaban su valor real.

Se trata de una indagatoria que iniciaron la UIF y la PGR de Enrique Peña Nieto y que, en julio de 2019 retomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante las sanciones que en aquel momento impuso la administración de Donald Trump contra 23 personas y empresas que operaban para Alex Saab en siete diferentes países.

En México, según los expedientes de la OFAC, se identificó la constitución y operación desde 2017 de la empresa Group Grand Limited, S.A. de C.V., cuyos representantes legales ante el Registro Público de Comercio son el venezolano Santiago Uzcategui Pinto y el colombiano Emmanuel Rubio González; éste último, sancionado también bajo las Órdenes Ejecutivas de Estados Unidos.

La empresa, junto con la razón social turca Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, también vinculada con Saab, registró en México transacciones superiores a 100 millones de dólares para adquirir alimentos a diversas empresas nacionales y trasladarlos desde Veracruz y Altamira hasta los puertos de Venezuela.

Entre las mencionadas empresas proveedoras se encuentran Rice and Beans de Arturo Gutiérrez, quienes tendrán que demostrar que sus ventas a los operadores venezolanos se realizaron dentro del marco de la ley, algo que se antoja complicado ante una postura de Donald Trump que ya raya en la persecución.

Vaya problema que podría explotarle al gobierno de la 4T, en plena campaña electoral de Donald Trump y en vísperas de la entrada en vigor del TMEC.

SCT alista obras

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Javier Jiménez Espriú, afinan los detalles para arrancar diversos proyectos portuarios. En el caso particular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que dirige Héctor López, se aceleran los trabajos de obras como el Puerto de Topolobampo, en Sinaloa, el cual beneficiará a la integración de un sistema de distribución para que el servicio de cabotaje conecte, por ejemplo, al Puerto de Chiapas, mismo que junto al programa de las “carreteras marítimas” aumentará la eficiencia en el traslado de mercancías.

Esto, sumado a la próxima puesta en marcha de las terminales de granel agrícola, granel mineral y de fluidos en el Puerto de Veracruz. Estos proyectos están incluidos en el Plan Maestro del sector, el cual tiene el propósito de mantener el trabajo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para supervisar la inversión para este sexenio en puertos, algo así como 100 mil millones de pesos.

Elecciones en Jalisco

La arena política de Jalisco comienza a moverse rumbo a los comicios de 2021. El empresario Carlos Lomelí quiere ser uno de los candidatos más fuertes para contender por Guadalajara, donde se enfrentaría codo a codo con el actual alcalde, Ismael del Toro.

Y es que, mediciones aplicadas por la casa encuestadora Polymetrix, marcan que el exdelegado federal se ubica a sólo seis puntos del emecista, quien ha visto mermada su reputación junto con la del partido, por hechos como avalar desde el Congreso estatal el endeudamiento millonario requerido por el gobernador Enrique Alfaro, así como su cercanía con este último.
 

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