La secretaria todopoderosa

Mario Maldonado

Rocío Nahle lidera el ala más radical del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su discurso nacionalista respecto al sector energético y la supuesta soberanía de México que apunta a la autosuficiencia en gasolinas y a retomar el control del negocio de la electricidad en la CFE suenan como música para los oídos del titular del Ejecutivo, pero meten ruido a los inversionistas del sector y a las calificadoras de riesgo que tienen en perspectiva negativa la deuda de Pemex y de la empresa que dirige Manuel Bartlett. 
 
La secretaria de Energía lo mismo corrige a los funcionarios del gabinete que interfieren en su sector –como cuando el entonces subsecretario Arturo Herrera dijo que Hacienda no aprobaría recursos para la refinería de Dos Bocas hasta que se comprobara su viabilidad– que se pelea con las calificadoras de riesgo, contradice al propio jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y grilla al director general de Pemex, Octavio Romero, quien le ha hecho el trabajo más fácil por su bajísimo perfil público. 
 
La secretaria de Energía se siente todopoderosa al frente del sector más estratégico del país. Nadie puede meterse con sus temas porque recibirá un fuerte descolón público, como el que le dio la semana pasada al jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con empresarios, Alfonso Romo, quien había dicho que la administración federal cedería el negocio de exploración y producción en aguas profundas a la iniciativa privada. 
 
“No, no, ya lo hemos dicho, lo dijo el presidente, y lo digo yo como secretaria de Energía responsable del sector: los 107 contratos que se asignaron (a Pemex, algunos en aguas profundas donde normalmente intervienen empresas extranjeras en contratos de asociación tipo farmouts) ahí están, estamos esperando que produzcan, que den resultado”, dijo Nahle.
 
El secretario de Hacienda, quien ha tomado el liderazgo en varias acciones de Pemex que tienen que ver con su perfil financiero, me dijo en entrevista que se está evaluando el regreso de los farmouts para Pemex, aunque aún no se tomaba una decisión. Pero Rocío Nahle los paró en seco la semana pasada. “Lo digo yo como secretaria de Energía”, les dijo a Romo y Herrera frente las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación. 
 
Un funcionario del gabinete dice, a modo de broma pero con tono de preocupación, que no hay nada peor que un funcionario que cree saber del sector y toma decisiones sin gran conocimiento técnico y financiero en lugar de esperar el análisis de los expertos, en clara referencia a la secretaria de Energía. 
 
“A Rocío Nahle le gusta que la presenten como experta en temas energéticos, aunque el último curso que tomó fue en los años 80, cuando se inscribió a un diplomado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ingeniería Química en Procesos”, escribió en un texto para Eje Central el reportero Juan Carlos Rodríguez. 
 
Uno de los aliados de Nahle es otro de los radicales del gabinete: Manuel Bartlett, de quien se asegura podría dejar la dirección de la Comisión Federal de Electricidad tras los escándalos de enriquecimiento y las investigaciones de la Función Pública. 
 
Así, la repentina resurrección de la Cuarta Subasta Eléctrica, anunciada la semana pasada por Nahle, no emocionó del todo a los inversionistas del sector. Principalmente en el área de suministro se observa también un intento por brindar mayor protección a la CFE frente a los competidores privados, en sintonía con el objetivo de Bartlett de volverle a dar el monopolio del sector a la empresa del Estado.
 
Si bien se acepta como buena noticia un posible incremento y diversificación en la capacidad generadora, esto en un entorno en que el margen de 3% de reservas energéticas del país se agota en el presente año, los temores se centran en que las excesivas ventajas que tendría la CFE dejarían sin efecto a la reforma energética.
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a principios de sexenio que daría tres años de vida a la reforma aprobada durante la administración de Enrique Peña Nieto, la cual tenía entre sus principales objetivos detonar la competencia y disminuir, incluso eliminar, en el largo plazo el subsidio estatal a las tarifas de suministro básico.
 
No obstante, las señales enviadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 contrastan con el espíritu de apertura energética mostrado por Nahle, al registrarse un fortalecimiento al subsidio del Estado que ronda el 34%.
 
De aprobarse en el Congreso el paquete económico que el secretario Arturo Herrera presentó para el siguiente año, los apoyos fiscales que la 4T brindará a la tarifa eléctrica de CFE, a través de su Suministrador de Servicios Básicos, ascenderían a 70 mil millones de pesos, cuando para el presente año estos fueron del orden de los 54 mil millones. 
 
La cifra era suficiente para ahuyentar del mercado capitales que se calculan en unos 500 mil millones de pesos, por lo que se veía como indispensable un mensaje de la 4T a los inversionistas privados para que, al menos en el área de generación, le otorguen el beneficio de la duda.
 
Sin embargo, la clave para recuperar la confianza de los hombres y mujeres del dinero se mantiene en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde Bartlett se niega a competir en igualdad de circunstancias con los privados por el suministro a los grandes y medianos consumidores.
 
Persiste, por ejemplo, la llamada Socialización de las Pérdidas No Técnicas, un esquema que obliga a los participantes del mercado eléctrico mayorista a incrementar hasta en 26% su oferta de tarifas para contribuir con la recuperación de los 60 mil millones de pesos que CFE pierde anualmente por falta de pago de sus usuarios o por el llamado ‘huachicol eléctrico’.
 
Es en este mercado en el que los empresarios depositan realmente sus esperanzas de apertura energética, y en el que, según los expertos en la materia, el incremento y diversidad de la oferta hacia los usuarios lograrían el objetivo de tarifas más bajas sin el componente artificial del subsidio. 
 
Bajo esta lógica, el anuncio de la secretaría de Energía podría no ser tan alentador, pues independiente al acierto en incrementar la capacidad de las líneas de transmisión eléctrica, se observa una cuarta subasta diseñada para satisfacer las necesidades de quien todavía  aspira a convertirse en único comprador y suministrador.
 
Crean frente de defensa al contribuyente
Las iniciativas para tipificar como delincuencia organizada la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas, entre otras, calificadas por el exprocurador y articulista de esta casa editorial, Ignacio Morales Lechuga, como una ‘mosntruosidad’, detonó la creación de un frente de defensa al contribuyente (Fedecon). 
 
Fueron 25 los fundadores de este frente y se espera que en esta semana se sumen más organismos empresariales y de profesionistas. Uno de los objetivos primordiales que tiene el Fedecon es exigir al Congreso de la Unión que se modifique la propuesta de Ley de Ingresos para el 2020 enviada por el gobierno federal porque consideran que va a afectar la economía, principalmente en el sector de los servicios.
 
La propuesta de Hacienda, si se autoriza en los términos en los que fue enviada, va a tener un impacto negativo en la economía, particularmente en las empresas prestadoras de servicios como despachos de abogados, desarrolladores de software, arquitectos, abogados, consultores, y en la industria restaurantera, de autoservicios, limpieza y seguridad.
 
Apunte en este Frente a la Concanaco, la Coparmex, la Asociación Mexicana de Ventas Directas, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, a la Canirac, la Canieti, el Colegio de Contadores Públicos de México, la organización México Evalúa y la Prodecon. 
 
El 9 de octubre se van a manifestar todas estas voces en un foro que realizará la Cámara de Diputados. 
 
Mal tiempo político en Cancún
La alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, no termina de salir del escándalo de nepotismo de su síndico, quien nombró a su hijo director general de Desarrollo Urbano, cuando ya entró a otro. Resulta que su director de Protección Civil se hizo pasar por licenciado sin tener ese grado académico, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía General de Quintana Roo.
 
La situación es delicada, pues Antonio Fonseca León podría ir 5 años a la cárcel por el delito de “usurpación de profesión”, toda vez que se comprobó que en el Registro Nacional de Profesionistas no exista cédula a su nombre. Ahora Lezama Espinosa deberá ir con el Cabildo a enfrentar las consecuencias por dicha contratación. La temporada de huracanes apenas comienza.
 

@MarioMal

 

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