La pelea por el PRI –o lo que queda de éste– alcanzó su punto cumbre. Su presidente actual, Alejandro Moreno Cárdenas, echó por la borda lo construido con el PAN y el PRD para evitar ser desaforado y juzgado penalmente. Se dobló ante la 4T a punta de videos y audios que lo exhibieron de cuerpo entero. Paradójicamente, quienes ayudaron a exponer los “pecados” de Alito fueron los priistas que hoy lo quieren fuera del partido, de la mano del también expriista Renato Sales, fiscal de Campeche y verdugo de Moreno Cárdenas. Esa lucha encarnizada entre los tricolores terminó por beneficiar al presidente Andrés Manuel López Obrador, con la potencial ruptura de la Alianza Va por México y la división del PRI.
El salvavidas que aventó la 4T a Alejandro Moreno tiene precio: el apoyo del PRI a las iniciativas de militarización de la Guardia Nacional y las que vengan, incluida la reforma electoral, además del colapso de una alianza opositora que ha complicado la aprobación de cambios legales y constitucionales del presidente López Obrador.
Más allá de la tregua que este martes anunció la gobernadora Layda Sansores, la aritmética pura de la Cámara de Diputados mantendría con fuero constitucional a Alito por lo que resta de la actual legislatura. A diferencia de los plenos y órganos colegiados como el de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el INE o el INAI, en los que es impar el número de integrantes con derecho a voto para evitar empates, en la Sección Instructora del Congreso el número de votantes es par.
Según la conformación aprobada el fin de semana para esta comisión de legisladores, encargada de dar luz verde a los procesos de desafuero, habrá dos posiciones para representantes de Morena: Jaime Humberto Pérez y Leonel Godoy; y dos más para la oposición, representados por José Elías Lixa, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI. Si se sigue el curso lógico de las cosas, los dos legisladores morenistas votarán a favor de la declaración de procedencia, pero serían neutralizados por dos posturas contrarias de los representantes de Va por México, para declarar un empate y desechar la solicitud.
Morena lo calculó así. Abrió la puerta para salvar a Alito mientras mantiene su discurso de supuesto combate a la impunidad y búsqueda de justicia, aunque el objetivo real es obtener los votos necesarios que pondrán en manos del Ejército el único cuerpo de seguridad que reconoce esta administración: la Guardia Nacional.
El anuncio de la gobernadora de Campeche fue solo el colofón. El pacto estaba cerrado con antelación, días antes de que Alejandro Moreno mostrara una nueva cercanía con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, durante su visita el jueves pasado a la Cámara de Diputados. La sonrisa entre ambos fue de complicidad y las palmadas en la espalda de agradecimiento por la iniciativa que la priista Yolanda de la Torre presentaría un par de días después para extender hasta 2028 el periodo en el que los militares se mantendrán en las calles. La tarea que fue encomendada en su momento por Adán Augusto a Manuel Velasco –y revelada por Alito, también para intentar salvar su pellejo– finalmente se concretó, aunque ya sin la intervención del exgobernador chiapaneco.
El escenario, según las declaraciones del presidente del PAN, Marko Cortés, pone en vilo la alianza Va por México, sin importar los esfuerzos del senador y exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien también tendrá que cuidarse de las investigaciones en Hidalgo, su estado natal, gobernado por Morena. Se asegura que el último mandatario priista de la entidad, Omar Fayad, entregó las llaves para acceder a información completa de su administración y de las anteriores.
El único cálculo que se pasó por alto es que el PAN podría votar en contra de Alito en la Sección Instructora y abrir la puerta al desafuero; de otra forma, uno de los dos legisladores de Morena tendría que hacer el ridículo y respaldar al presidente del PRI, con lo que además se confirmaría el acuerdo de impunidad. Quién lo diría: un voto del PAN en su contra lo volvería a poner contra las cuerdas.
Guardia Nacional, licitación sospechosa
Hablando de la Guardia Nacional, se ha puesto en revisión una licitación para adquirir neumáticos de todo el parque vehicular de la institución.
Resulta que en el concurso LA-036H00998-E231-2022 se solicitaron una serie de requisitos que solo unas empresas aparentemente cumplen, es decir una licitación dirigida, lo que ya ocasionó que otros competidores pegaran el grito en el cielo.
En las bases de la convocatoria se cambió el método de evaluación a puntos y porcentajes, y dentro de las condiciones que se solicitan están registrar una cantidad específica de ventas al año, 15 unidades de equipo de transporte de 1.5 toneladas, tener registrado ante el IMPI algún proyecto de innovación tecnológica, presentar cédula de determinación de cuotas al IMSS en las que se compruebe que se tiene contratado personal discapacitado, además de presentar certificación emitida por la autoridad competente, a través de la cual se acredite haber aplicado políticas y prácticas de igualdad de género.
Las empresas que serían las beneficiadas son Car Motion, SA de CV, y Bodega de Llantas La Viga. El monto máximo del contrato es de 250 millones de pesos.
Crédito Real avanza en reestructura
Sobre la revisión que hace la Secretaría de Hacienda al proceso de reestructura de Crédito Real, la empresa asegura que sus subsidiarias continúan operando con normalidad en 20 estados de la República.
Contigo, subsidiaria de Crédito Real, acaba de cumplir con la amortización de 600 millones de una bursatilización. Por otro lado, las bursatilizaciones de la firma se han acelerado por la baja en la calificación crediticia de la casa matriz, pero no por problemas de la cartera.
La casa matriz ha concentrado esfuerzos para cumplir con los acreedores garantizados –en su mayoría locales y algunos internacionales– y saldar los créditos, así como la reestructura de deuda que tienen con Nacional Financiera por 120 millones de dólares.
@MarioMal