La mano pesada de Raquel Buenrostro

Mario Maldonado

La mano dura de Buenrostro se sigue notando este año y tendrá un peso preponderante en la miscelánea fiscal

Raquel Buenrostro se caracteriza por dos cosas: su mano dura y su extrema lealtad a Andrés Manuel López Obrador, con quien trabajó en el gobierno de la Ciudad de México. La primera cualidad –o defecto, según sea el caso– le ha permitido entregar buenas cuentas fiscales al presidente desde su cargo como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero también le ha significado cierto descrédito por ser corresponsable del desabasto de medicamentos que tiene al sector salud en crisis desde el inicio del gobierno.

Buenrostro llegó al gabinete presidencial como la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, un cargo no demasiado relevante en los sexenios anteriores, pero sí en el actual, pues desde esa oficina se gestiona la mayoría de las compras del gobierno federal, desde los medicamentos e insumos médicos, hasta los libros de texto, las pipas de Pemex y también las reducciones de sueldos a los funcionarios públicos.

La entonces Oficial Mayor fue quien decidió desarmar la estructura de compras de medicamentos, bajo el argumento presidencial de que había mucha corrupción y, tanto las farmacéuticas como los distribuidores, estaban coludidos en la venta de medicinas e insumos al gobierno federal.

En mayo de 2019, cuando comenzó a notarse el desabasto de medicamentos en el país, Buenrostro culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto de su mala planeación en 2018 y a la resistencia del sector privado a los cambios en las compras consolidadas. Para el proceso 2020 comenzaron negociaciones con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que se encargaría de las compras 2020-2021.

La propia UNOPS criticó la inexperiencia e incompetencia de la Oficialía Mayor para llevar a cabo las compras de gobierno. La queja la interpuso en una reunión privada con la Secretaría de Salud y el IMSS. Fue entonces que la oficina de la ONU tomó a su cargo la licitación internacional de medicamentos, la cual, a la vuelta de casi dos años, también ha probado ser un desastre.

En diciembre de 2019 Buenrostro dejó la Oficialía Mayor para asumir la jefatura del SAT. Su llegada fue vista como una amenaza para las empresas por su carácter implacable y su mano dura. Y así fue: con una fiscalización milimétrica a los grandes contribuyentes logró que la recaudación tributaria aumentara 0.8% a 3.4 billones de pesos en 2020, lo cual significó una hazaña debido a la crisis que hundió a la economía mexicana.

La mano dura de Buenrostro se sigue notando este año y tendrá un peso preponderante en la miscelánea fiscal que acompañará el paquete económico del próximo año. La jefa del SAT adelantó que buscará que las grandes empresas paguen una tasa efectiva de impuestos más alta de la que enteran actualmente pues, según sus cálculos, los contribuyentes de sectores como servicios financieros, seguros, minería, manufactura y comercio evaden hasta 700 mil millones de pesos.

A manera de invitación –para el sector privado suena a amenaza–, el SAT pidió a los contribuyentes que consulten la tasa impositiva correspondiente a su industria y corrijan su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones complementarias. En respuesta, el Consejo Coordinador Empresarial calificó de ‘desafortunado’ el tono del organismo, que además hizo sus cálculos sobre los ingresos de las compañías y no sobre las utilidades, como debería ser.

Lo cierto es que el nuevo pleito del SAT contra las grandes empresas está anunciado. La pregunta es si el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a intervenir o dejará que Buenrostro, con su mano a veces demasiado pesada para tratar asuntos delicados –como en el caso de las medicinas–, le reste de nueva cuenta credibilidad al “confíen en mí e inviertan” que les pidió el presidente López Obrador a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios la semana pasada.

Posdata

Se confirmó la salida de Irma Eréndira Sandoval del gabinete. Tras las elecciones, el presidente ha ido dosificando los cambios, porque considera que un solo anuncio puede generar una percepción de crisis. Se esperan al menos otros dos ajustes importantes.

 

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