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El violento asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua es la puntilla de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, toda vez que se lastima a quienes llegaron a considerarse protagonistas en el proceso de pacificación del país: la Iglesia católica y la orden religiosa de la Compañía de Jesús.
A mediados de 2018, en el periodo de transición, la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, anunció la participación de líderes religiosos y del Papa Francisco en las mesas de análisis para diseñar un proyecto de Ley de Amnistía, que sería la clave para acabar con la sangrienta guerra que inició el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado y dar paso estrategia de “abrazos, no balazos”.
A cuatro años de esos buenos deseos, los abrazos no se pudieron lograr, y los balazos alcanzaron en esta ocasión a Javier Campos y Joaquín Mora, dos sacerdotes pertenecientes a la orden del máximo jerarca católico: el también sacerdote jesuita Jorge Mario Bergoglio. El caso tiene potencial de convertirse en un escándalo mundial impulsado precisamente desde el Vaticano.
La Compañía de Jesús es la única orden religiosa que, además de solicitar a sus integrantes los tradicionales votos de pobreza, obediencia y castidad, incluye un cuarto voto de sumisión absoluta al papado. Mucho se ha escrito entre los especialistas de esa relación entre el Papa jesuita y el Superior General de la Orden, en el que algunos todavía no alcanzan a tener claro cuál es la dirección real del voto de obediencia.
Cualquiera que sea el origen de las comunicaciones que surgieron ayer desde el Vaticano, la muerte del “Padre Gallo” y el “Padre Morita” –como llamaban en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique, a estos dos misioneros– es un asunto de primera importancia para el papado, que coloca al gobierno de López Obrador ante la urgente necesidad de hacer justicia inmediata contra los responsables de este crimen y mandar al mundo señales de certeza en materia de seguridad.
A diferencia del escenario que se vivía en lo que el Presidente considera como la Segunda Transformación: las leyes de Reforma, la Compañía de Jesús había mostrado una marcada cercanía al gobierno de la 4T. Desde el arribo a la silla presidencial del primer gobernante emanado de la izquierda, los jesuitas dirigieron una carta a AMLO en el que deseaban se convirtiera en un gobierno “ejemplo de amor, servicio y justicia”.
La orden religiosa también dijo que estarían “atentos a custodiar el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil, con nuestra cercanía, denuncia y visibilización de actos criminales, abusos, corrupción e injusticias cometidas por autoridades”. Y así lo hicieron, pues en semanas recientes se reveló que la Compañía trabajaba de la mano de las autoridades para diseñar un programa de capacitación de policías municipales.
Fue a través de la organización Jesuitas por la Paz que echaron a andar el proyecto denominado Programa de Fortalecimiento de la Función Policial y su Vinculación con la Comunidad, el cual se instrumentaría con la venía y la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez.
Los vínculos del gobierno de López Obrador con la Compañía de Jesús y con las órdenes religiosas son innegables, pero podrían volverse insostenibles ante lo que ha sido una estrategia fallida de pacificación del país.
Posdata
El anuncio de la integración de la excandidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, al gobierno federal, donde será la nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coincide con la fulminante noticia de que el gobierno del presidente López Obrador superó las 120 mil 463 muertes violentas ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón. Van 121 mil 655 homicidios en 42 meses.