La Corte y el “Quién es quién” a los jueces

La Corte y la Judicatura parecen estar bien resguardados con Zaldívar

La Corte y el “Quién es quién” a los jueces
Cartera 27/10/2021 03:00 Actualizada 03:05
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La bola a modo que le pusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el martes, para establecer un nuevo ejercicio de linchamiento público a los jueces del Poder Judicial, fue la respuesta directa al revés que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana tras declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal, usar facturas falsas y contrabando.

Ayer, por si fuera poco, el Presidente subió el tono a las críticas. “Hace falta que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito, y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos”; “se trata de proteger a delincuentes de cuello blanco. Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís”, expresó.

La reacción virulenta del Presidente era de esperarse, pues no tolera que otros poderes de la Unión o fácticos contravengan sus decisiones. Sin embargo, en el remolino de declaraciones, incluida la defensa de la resolución por parte del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, queda de manifiesto la independencia del máximo tribunal del país.

La decisión de la Corte se dio por mayoría de ocho votos. El del ministro presidente –siempre el de mayor peso político y mediático– y el de sus compañeros Alfredo Gutiérrez Ortiz MenaLuis María AguilarJorge PardoNorma PiñaJavier LaynezAlberto Pérez Dayán y el de Juan Luis González Alcántara. Este último fue el único de los ministros propuestos ya por López Obrador que votó a favor de invalidar la reforma de noviembre de 2019 a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las ministras que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad fueron ambas promovidas por el Presidente: Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat; y también el ponente, Fernando Franco, quizá en su última ponencia relevante antes de que culmine su periodo de 15 años en noviembre próximo.

Este relevo en la Corte será fundamental para López Obrador y las próximas decisiones del máximo tribunal. Se ha hablado de que podrían intentarlo de nueva cuenta las actuales integrantes del Consejo de la Judicatura, Loretta Ortiz y Eva Verónica de Gyvés, así como la exmagistrada Celia Maya, entre otros perfiles que despachan en puestos clave del gabinete, como el titular de la UIF, Santiago Nieto, y el procurador fiscal, Carlos Romero.

El Presidente va a buscar un perfil que le sea incondicional para sustituir al ministro Franco, al igual que el relevo de Zaldívar, quien dejará la Presidencia de la Corte en diciembre de 2022. Sin duda, AMLO se radicalizará con estos nombramientos, al mismo tiempo que “exhibe” y “fustiga” a los jueces, magistrados, consejeros y ministros con su ejercicio del “Quién es quién en el Poder Judicial”.

Lo cierto es que, por lo menos de aquí hasta el inicio de 2023, la Corte y el Consejo de la Judicatura parecen estar bien resguardados con el liderazgo de Zaldívar, quien luego de poco más de tres meses de desgaste por el intento presidencial de ampliarle el mandato dos años, se ha logrado sacudir las críticas de su supuesta cercanía al titular del Ejecutivo y ha levantado la voz en los momentos más críticos o en los que se pretende atentar contra la autonomía del Poder Judicial.

Además de su posicionamiento de ayer, sobre que la prisión preventiva oficiosa es “una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza”, el presidente de la Corte ha hecho valer su autonomía en otros como el de la despenalización del aborto y la invalidación de la objeción de conciencia; también se ha posicionado en defensa del Poder Judicial tras críticas como las del secretario de Marina, Rafael Ojeda. Incluso, ha desactivado potenciales bombas como la de contravenir la reforma a la Ley de Adquisiciones que permite al gobierno comprar medicamentos en el extranjero, sin licitación. Esta ponencia se votó hace unas semanas y se quedó a dos votos de pasar.

Más allá del ejercicio del “Quién es quién” en los jueces que promueve el Ejecutivo, Zaldívar le ha mostrado al Presidente, con mano suave la mayoría de las veces, y dura cuando se requiere, también quién es quién en el Poder Judicial.

Rescisión en puerta

Fue el 30 de agosto pasado cuando en la Secretaría de la Defensa Nacional se dio a conocer a los ganadores de la licitación LA-007000999-E753-2021, emprendida para la adquisición de bienes informáticos para diversas sucursales del Banco del Bienestar. Entre los insumos a comprar se enlista un máximo de 5 mil 400 impresoras multifuncionales, cuyo suministro quedó a cargo de Industrias Sandoval S.A. de C.V., del empresario Antonio Lozoya de Llano.

Sin embargo, la rescisión del contrato está por materializarse. Entre los factores clave para que se dé inicio a este proceso están que dicha empresa ofertó productos de la marca estadounidense Lexmark, la cual en últimas fechas anunció a más de un cliente que no cumplirá con las entregas en los tiempos pactados.

La gravedad del asunto aumenta al tomar en cuenta que las estimaciones para el abastecimiento en Lexmark se proyectan hasta junio de 2022, mientras que al interior de la convocatoria se establece la recepción del equipo del 29 de septiembre al 30 de diciembre de 2021, registrando incumplimientos en la dependencia. Al considerar dichos factores, las investigaciones apuntan a que se llevará a cabo la rescisión del contrato e incluso dará paso a sanciones e inhabilitación.

 

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