La arriesgada apuesta de Sheinbaum con la L12

La fiscal Ernestina Godoy se juega su credibilidad, con sospechas de judicializar carpetas que afectan a declarados adversarios de su jefa política

La arriesgada apuesta de Sheinbaum con la L12
Cartera 20/10/2021 03:00 Actualizada 03:05
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En el esperado proceso que inicia contra los presuntos responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la CDMX, la fiscal Ernestina Godoy se juega su credibilidad al frente de la procuración de justicia capitalina, con sospechas de judicializar carpetas que afectan a declarados adversarios de su jefa política y la tentación de dejar en la impunidad a útiles exfuncionarios y operadores de una cuestionada administración mancerista.

De tropezar en la causa penal que abre contra personajes cercanos al canciller Marcelo Ebrard, sobre Godoy Ramos caerá la sombra que cubre desde hace algunos meses al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señalado de manipular las indagatorias con tintes personales y políticos, y acostumbrado a explotar las figuras legales de reparación de daño o testigo colaborador para otorgar regalos de impunidad.

De hecho, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene ya a su propio Emilio Lozoya en la figura de Miguel Ángel Vázquez Reyes, excolaborador del gobierno de Miguel Ángel Mancera, procesado penalmente por inflar la nómina de los trabajadores del gobierno, y liberado en los últimos días de septiembre con la figura del criterio de oportunidad, bajo la promesa de que aportaría información que lleve a capturar a los peces gordos de la pecera capitalina.

Si bien no ha sido captado en restaurantes de lujo como el Hunan, Vázquez Reyes disfruta actualmente de una cómoda prisión domiciliaria, luego de asegurar a los Ministerios Públicos locales que tiene documentos y pruebas suficientes para incriminar a una red de funcionarios públicos que, durante la administración anterior, desviaron hasta mil millones de pesos de las arcas del gobierno de la CDMX.

No obstante, aseguran fuentes con conocimiento de esas declaraciones, el exsubsecretario de Administración tampoco ha aportado datos de gran valor a la investigación –la misma historia de la FGR con Lozoya–, o adicionales a los que existían en las carpetas abiertas en la fiscalía capitalina contra Luis y Julio César SernaEdgar Tungüí, Carlos Meneses Mauricio Toledo.

Sobre Luis Serna, por ejemplo, se tenía concluida desde hace tiempo una investigación por posible enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, en la que los implicados serían principalmente la esposa del exsecretario particular de la Jefatura de Gobierno, María de los Ángeles Simón Aguirre, su hija María Fernanda Serna Simón, y su yerno Carlos Jiménez Rodríguez, de quienes se reportan propiedades y gastos que no corresponden a sus ingresos.

Con una estrategia también similar a la de Emilio Lozoya, el exfuncionario capitalino involucró a prácticamente toda su familia en operaciones ilícitas. De hecho, a él no se le detectan propiedades o irregularidades financieras, pero a su cónyuge se le encontraron por lo menos ocho inmuebles con un valor reportado de 46 millones de pesos, el último adquirido presuntamente a crédito por 22 millones en 2015, algo extraño si se toma en cuenta que Simón Aguirre no reporta ingresos al fisco.

La hija se encuentra en la misma condición, sin reportar ingresos y con dos inmuebles adquiridos de 2015 a 2016 por más de 12 millones de pesos, además de que los tres familiares gozaron de sendas tarjetas crédito American Express en las que llegaron a registrar gastos conjuntos, de 2016 a 2019, por más de 24 millones de pesos.

Sumado a esto se sabe que una razón social fachada, Chavarría Arquitectos S.A. de C.V. participaba en el pago de tarjetas y bienes millonarios para la familia Serna, y que además envió durante la administración de Mancera 108 millones de pesos a Estados Unidos. La solidez de la investigación ha sido siempre suficiente para judicializar de manera inmediata esta carpeta, pero quienes apoyan los proyectos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, parecen tener otras prioridades que apuntan hacia 2024 y a la cabeza de la cancillería mexicana.

Posdata

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló lo que realmente sucede en el gobierno capitalino –y en el federal– con la procuración de la justicia. Reconoció públicamente que la Fiscalía capitalina depende de Claudia Sheinbaum, quizá admitiendo también que las pifias y el uso político de la FGR son también su responsabilidad. ¿Esto es bueno o malo para el fiscal Alejandro Gertz Manero? Depende de si el Presidente quiere asumir personalmente el costosísimo caso de impunidad que representa Emilio Lozoya.

El PRI y los empresarios

Si los empresarios dicen que la cancelación de los contratos eléctricos producto de la reforma constitucional que propuso el presidente López Obrador les costarán 44 mil millones de dólares, más vale que los futuros afectados le vayan poniendo cara a su reclamo, pues la tónica del PRI y la mayoría de sus legisladores es que no van a hacerlo por ellos. Ese es el mensaje que desde hace varios días lanzó Alejandro Moreno a las cúpulas empresariales que quieren que los defiendan del Presidente y del director general de la CFE, Manuel Bartlett.

Los multimillonarios mexicanos y las multinacionales no van a pelearse públicamente con el Presidente por esta reforma y, así como lo hicieron previamente con el Poder Judicial, buscarán litigar las indemnizaciones en las cortes mexicanas e internacionales. La otra es que acepten negociar, durante los foros de parlamento abierto de la Cámara de Diputados, nuevas condiciones a sus contratos de autoabasto y de producción independiente, así como en el despacho de electricidad. La iniciativa privada dobló la apuesta y el Presidente les tomó la palabra.

Austeridad franciscana y falta de pagos

La austeridad republicana, que se convirtió en austeridad franciscana, ahora raya en el impago de instituciones públicas a sus proveedores. Es el caso de Canal 11, que dirige Carlos Brito Lavalle, y la proveedora de limpieza Ocram Seyer, pues a pesar de brindar el servicio desde abril pasado, no le ha sido liberada ninguna factura. Según asegura la afectada, el subdirector de recursos materiales, Álvaro Vargas García, se olvidó de solicitar más de un insumo como parte de la convocatoria para realizar la compra, por lo que ahora pretende penalizarlos injustificadamente.

Desde junio pasado se pidió ayuda a la titular del Órgano Interno de Control, Julieta Muñoz Olmos, y ante la falta de respuesta se envió un nuevo escrito en septiembre, aunque el silencio prevalece.

 

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