‘Joyas’ del director general de Pemex

Mario Maldonado

El Estado mexicano podría considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos para anular el contrato de Pemex con Braskem-Idesa

El miércoles de la semana pasada compareció el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ante la Cámara de Diputados. Alentado por algunos de los legisladores radicales de Morena y del PT, como Gerardo Fernández Noroña, el tabasqueño, que fungió como Oficial Mayor de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del DF, soltó algunas ‘joyas’ en sus declaraciones que podrían poner en riesgo las decisiones de la petrolera respecto a algunos contratos con empresas privadas.

Al hablar sobre el caso de Odebrecht, Romero Oropeza se refirió a la planta de Etileno XXI que se negoció durante el gobierno de Felipe Calderón y que entró en funciones en la administración de Enrique Peña Nieto. Se trata de una megaobra de 5 mil 200 millones de dólares ubicada en Veracruz y cuya asociación entre el consorcio brasileño-mexicano Braskem-Idesa está en el ojo del huracán por presuntos asuntos de corrupción.

Es considerado el mayor centro de petroquímica de América Latina, con capacidad de producción de un millón de toneladas de polietileno al año, y uno de los más cuestionados por el gobierno de López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien desde que era legisladora de Morena dijo que era desfavorecedor para Pemex y para el país.

El problema principal es un contrato de suministro de etano de 66 mil barriles diarios por 20 años con opción de renovación hasta por 15 años más para “el desarrollo de un complejo de producción de etileno y sus derivados”, el cual se firmó el 9 de febrero de 2010 entre Braskem-Idesa y Pemex. Según el director general de Pemex, las condiciones de ese acuerdo legal son “una verdadera barbaridad, sin lógica y con unas cláusulas increíbles”.

Pemex argumenta que una de las cláusulas le obliga a pagar el equivalente a 200% del precio promedio del etano si incumple la proveeduría de la materia prima para la planta de Braskem-Idesa, mientras que si la empresa no cumple la recepción del hidrocarburo, Pemex sólo puede cobrarle 30% como penalización. “De ese tamaño es el negocio de Braskem”, señaló Romero Oropeza durante la comparecencia.

El 14 de agosto pasado publicamos que el gobierno del presidente López Obrador preparaba un ‘golpe’ contra la planta Etileno XXI, lo cual fue confirmado por el mandatario días después, en su conferencia del 18 de agosto, en la que amagó con cancelar el contrato con Braskem-Idesa.

AMLO utilizó también las declaraciones filtradas del juicio de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, en las que el exdirector general de Pemex asegura que “por esa operación muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó. Incluso, hubo “una sesión de su Consejo de Administración en Los Pinos con el expresidente”, apuntó.

Según fuentes cercanas al proceso, la estrategia del gobierno es invocar el artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece que “cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción”.

Con esto, el Estado mexicano podría considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos para anular el contrato de Pemex con Braskem-Idesa.

Las recientes declaraciones de Romero Oropeza, sin embargo, ponen en riesgo esa estrategia. “¿Qué hicimos desde el año pasado? Dejamos de pagar las multas, no podemos surtir a 100% de etano, estamos surtiendo 69% de su necesidad.

Contractualmente tienen derecho, pero moralmente no; finalmente, a lo mejor les asiste la ley, pero no la razón ni la ética. Además, ya entramos en una etapa de acercamiento en la que le hacemos saber que tenemos que finiquitar este contrato”.

Vaya ‘joyas’ del director de Pemex, que podrían echar abajo su estrategia legal para cancelar dicho contrato. 

Respuesta de la Marina

Se puso en contacto con esta columna José Orozco Tocaven, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina, para emitir un posicionamiento sobre la publicación del viernes titulada “Marina y Cofepris, corresponsables del robo de medicamentos”.

Se puntualiza lo siguiente: “La adjudicación directa a que hace referencia la columna sí corresponde a una compra realizada por la Secretaría de Marina en la modalidad de compra consolidada con destino a dependencias del sector salud, es decir IMSS, ISSSTE, INSABI, entre otras. Sin embargo, los medicamentos oncológicos adquiridos y recibidos a través de esa adquisición en particular no corresponden a los productos que fueron robados”.

“Como comentario, en la ocasión de compras de medicamentos que ha hecho Marina, cabe la mención de que, una vez que son recibidos y ‘desaduanizados’, las medicinas son entregadas por acta a cada dependencia, de tal suerte que puedan ser distribuidas inmediatamente a sus usuarios finales, razón por la cual resulta innecesario su almacenamiento y custodia total por parte de Marina, pues quedan a cargo de la dependencia destinataria”.

Además, puntualizó que de los 11 contratos que Laboratorios Kemex S.A. de C.V. tiene registrados en la plataforma de compras del gobierno federal (Compranet), el único cuya adquisición coincide en tiempos, montos y especificaciones con el lote de medicamentos robados el pasado 4 de octubre es precisamente el identificado con el número de procedimiento de Adjudicación Directa AA-013000999-E340-2020, concretado el 13 de abril de 2020 por la Secretaría de Marina.

Las claves involucradas en el robo, según la Alerta Sanitaria emitida por Cofepris el pasado 10 de octubre, se refieren a fármacos que los profesionales de la medicina emplean para brindar tratamiento a los casos de “cáncer, leucemia y meduloblastoma”, tal como lo establece la descripción de los productos que el laboratorio de origen argentino debió entregar a Semar.

El contrato que Laboratorios Kemex tiene registrado con Semar es también el único que contempla suministro de fármacos a la SSA, el IMSS, el ISSSTE y el INSABI, organismos a los que el gobierno federal y la empresa Novag Infancia identificaron como los destinatarios últimos de los medicamentos.
 

@MarioMal
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