El acuerdo de inversión en infraestructura que se anuncia hoy por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y los empresarios, por un total de 255 mil millones de pesos en 61 proyectos, incluye uno de los sectores más importantes para la economía y el comercio: los puertos.
Este sector considera inversiones por un total de 8 mil 283 millones pesos en 10 proyectos de expansión que comenzarán a partir de 2020, de los cuales la mayoría contempla ampliaciones de las APIs en los puertos de Lázaro Cárdenas, Ensenada, Progreso, Tampico, Tuxpan y Dos Bocas.
Sin embargo, tanto estas inversiones como muchas otras que se hicieron en los gobiernos pasados, particularmente en el de Enrique Peña Nieto, se pondrían en riesgo con iniciativas como la que presentó recientemente el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado , para ‘militarizar’ los puertos.
Delgado, a quien lo mismo se le ocurre legalizar los autos chocolate que crear una empresa estatal para la compra-venta de marihuana, ahora quiere la Secretaría de Marina (Semar) controle la totalidad de la operación marítima en el país, incluyendo el comercio, remolque, pilotaje, obras marítimas y hasta el dragado en puertos.
La iniciativa también propone que la Semar tenga facultades en la regulación, promoción y organización comercial de los puertos, lo cual tiene a los empresarios del sector aterrados, y al mismo tiempo generó reacciones adversas de los propios integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación y de legisladores de Morena.
En una comparecencia, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, rechazó la iniciativa sobre ‘la conversión’ de la Marina Mercante (mando civil) a la Semar (mando militar), con el argumento de que nunca fue consultada al respecto.
“Obviamente no estamos de acuerdo, de ninguna manera, en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo frente a los diputados.
Por si fuera poco, y como ya le sucedió a Delgado con el Presupuesto 2020, legisladores de su propio partido se le revelaron. Es el caso de la diputada federal, Juana Carrillo Luna, de Morena, quien consideró la iniciativa como una afrenta al país, “al bien de México”, puesto que “busca la militarización del Sector Civil Marítimo y Portuario, complaciendo al Almirante Secretario de Marina”.
De acuerdo con la diputada, los integrantes de la Semar no tienen conocimiento ni están interesados en la expedición de actos de autoridad que se ajusten a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
“Cada uno de sus actos carece de fundamentación y motivación porque son expedidos por autoridades militares acostumbradas a imponer decisiones y no apegarse a las leyes civiles, lo que hace a todos sus actos inconstitucionales”, expresó.
Por su parte, marinos mercantes advirtieron que “la militarización de instituciones civiles podría ser normal en una dictadura militar, pero sería jurídicamente incompatible en un país con instituciones civiles regido por un Estado de derecho”.
Así las cosas, en el círculo de los negocios de la marina mercante los empresarios y analistas del sector no están de acuerdo con que el manejo de los puertos del país pase de la SCT al control de la Secretaría de Marina.
En el mundo los puertos funcionan mejor en manos de autoridades civiles. El argumento central es que el trabajo en los puertos es muy especializado y en la Secretaría de Marina no se tiene el conocimiento ni la experiencia para su adecuada administración.
Además, ante el argumento de que con los marinos se evitaría el tráfico de enervantes a través de los puertos, los hechos demuestran que no es por estos accesos por donde entra la droga, pues existen barreras como garitas y aduanas que el crimen organizado evita en lo posible.
Como referimos ayer, Grupo Televisa solicitó el aseguramiento y retención de bienes como medida cautelar en contra de Corporativo Coral, por el temor fundado de que los bienes de esta sociedad puedan ser ocultadas, dilapidadas o enajenadas.
El grupo que encabeza Emilio Azcárraga reclama los mil 248 millones de pesos de la compra de 50% de Radiópolis y los 624 millones de un nuevo pagaré que firmó Miguel Alemán Magnani y no pudo cubrir.
Para la televisora, recurrir al litigio fue su "última opción", pero no podían dejar de hacerlo dado que es una empresa pública que cotiza en el mercado de valores, con responsabilidades para inversionistas en todo el mundo.
En un comunicado, el grupo que llevan Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez desde hace poco más de dos años expuso que defenderá activamente los intereses de sus accionistas mediante todos los recursos legales que estén a su alcance, tanto en México como en el extranjero.
Un dato curioso: tanto Bernardo Gómez como Miguel Alemán Magnani son parte del Consejo Asesor Empresarial del Presidente.
Como le adelanté el viernes en mi cuenta de Twitter, la mandamás del Banco Santander, Ana Botín, se reunió con el Presidente para anunciar que su institución financiera no cobrará comisiones a los paisanos que envíen remesas a México.
Botín y AMLO se llevan muy bien, aunque no por eso el grupo de capital español cree que trae todas consigo. Sin embargo, el gesto de ser el primer banco que ofrece lo que el Presidente les pidió a todos en la Convención Bancaria le da puntos.
Quien acaba de ser reconocido dentro del sector energético es el mandamás de la firma Marinsa, José Luis Zavala, pues ya es parte de los 100 líderes más influyentes de dicho sector en el país, de acuerdo con el ranking de una de las publicaciones más influyentes del sector.
Este empresario originario de Ciudad del Carmen, Campeche, ha logrado obtener proyectos de Pemex, de Octavio Romero, como la perforación en los pozos Xikin 22 y Xikin 65 en las aguas someras frente a las costas de Tabasco. Estos proyectos forman parte de un contrato con Pemex por 4 mil 500 millones de pesos y una duración de dos años.
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