La apuesta de Octavio Romero al pedir —o más bien exigir— la dirección del Infonavit si no se le mantenía al frente de Pemex era la posibilidad de crear una empresa constructora propia, como si no hubiera dejado a la petrolera estatal en uno de sus peores momentos tras los seis años que la dirigió y las decenas de negocios que otorgó a sus cercanos, según múltiples denuncias.
Y lo consiguió. Infonavit Constructora, S.A. de C.V., constituida en marzo de 2025, ya fue incorporada al presupuesto institucional. Para 2026, el gasto consolidado de administración, operación y vigilancia del Instituto asciende a 19 mil 923 millones de pesos, dentro de un presupuesto total de 29 mil 335 millones. En 2025, el Infonavit ejerció un presupuesto de 28 mil 207 millones. El problema es que hay muy poca claridad sobre cuánto cuesta realmente operar la nueva constructora y cuánto de ese gasto se traducirá en vivienda efectiva.
Los documentos del Infonavit exponen que la filial ya formalizó más de 120 contratos de obra durante 2025 y que existen anticipos, activos por contratos y cuentas por pagar a desarrolladores, lo que confirma que ya hay flujo operativo. Sin embargo, no existe una base de datos transparente que permita identificar el ejercicio real por contrato: cuánto se ha pagado, qué porcentaje de obra está ejecutado y bajo qué criterios se autorizaron los anticipos. La opacidad reina en el Infonavit.
De la información que sí es pública, destacan dos contratos extraños. El primero, otorgado a AGICRESA, S.A. de C.V., por aproximadamente 993 millones de pesos para un desarrollo habitacional en Hidalgo. El segundo, a Constructora Dazna, S.A. de C.V., por alrededor de mil 150 millones de pesos para otro complejo de vivienda social. Ambas empresas tienen un historial previo de contratos públicos estatales y municipales. En el caso de AGICRESA, documentos oficiales identifican como representantes legales a miembros de la familia Crespo Arroyo, con vínculos políticos en Hidalgo. Dazna, por su parte, aparece en padrones de contratistas y en contratos hidráulicos estatales, con representantes legales que han sido investigados por relaciones empresariales con actores políticos locales.
La concentración de contratos millonarios en pocas razones sociales y con antecedentes políticos aumenta la preocupación de que el Infonavit esté adjudicando obras de manera discrecional. No hay evidencia pública de licitaciones abiertas con competencia amplia, comparativos de precios ni criterios técnicos detallados de adjudicación.
A esto se suma la composición del equipo directivo. El organigrama del Infonavit hoy está poblado por perfiles provenientes de Pemex, donde Romero fue director general durante todo el sexenio de López Obrador. Marcos Manuel Herrería Alamina encabeza la Secretaría General y Jurídica; Jimena Alvarado Cruz controla el área de Comunicación; Jorge Luis Basaldúa Ramos dirige Crédito; Carlos Fernando Cortés González maneja Finanzas y Fiscalización. La curva de aprendizaje en vivienda social y administración hipotecaria no es menor y, sin embargo, las decisiones estratégicas están concentradas en este círculo que replica la lógica que Romero aplicó en la petrolera.
El frente financiero tampoco es promisorio. El año pasado Fitch reiteró y posteriormente retiró sus calificaciones al Infonavit. En enero de 2026, Moody’s Local retiró la evaluación de calidad como administrador hipotecario y el propio Instituto decidió no recontratar ese servicio. Formalmente no hubo degradación, pero el retiro simultáneo de evaluaciones externas redujo la visibilidad independiente sobre riesgos operativos y de cartera ahora que el Instituto está asumiendo un rol constructor masivo, con compromisos de hasta 400 mil viviendas por año.
La estrategia de comunicación también cambió. En plataformas como X y Facebook han comenzado a circular campañas pagadas con la imagen de Octavio Romero, promoviendo supuestos logros de su administración y el “nuevo rostro” del Infonavit. De manera que mientras no existe información pública suficiente sobre el ejercicio detallado de contratos y anticipos de obra, lo que sí hay presupuesto es para campañas de reputación.
La gestión de Romero en el Infonavit reproduce una fórmula conocida: la del Pemex mal administrado, opaco y repleto de amigos y contratistas afines. La diferencia es que ahora el activo bajo administración no es una empresa productiva del Estado, sino los ahorros de millones de trabajadores y el mercado de vivienda social.
Posdata 1
Por cierto que hablando de vivienda, ayer trascendió que el grupo de ransomware LockBit incluyó a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) en su lista de víctimas en la dark web. LockBit es considerado uno de los grupos criminales digitales más activos y agresivos del mundo. De acuerdo con publicaciones atribuidas al propio grupo, habrían cifrado y sustraído información sensible de la SHF, el banco de desarrollo de segundo piso dependiente de la Secretaría de Hacienda, pieza clave en el fondeo hipotecario y en la administración de información financiera y contractual de alto valor estratégico para el Estado.
El ultimátum, según los mismos mensajes, vence el 5 de febrero. Si no hay pago de rescate, cuyo monto no ha sido revelado, amenazan con publicar de manera íntegra los datos extraídos. En este tipo de ataques, los patrones de LockBit suelen incluir contratos, estados de cuenta, RFC, domicilios, expedientes de clientes y, en algunos casos, incluso datos biométricos. De confirmarse, el riesgo es para millones de personas cuyos datos podrían quedar expuestos a fraudes, robo de identidad y extorsiones, además de impactos legales y reputacionales para el propio sistema financiero público.
Posdata 2
En Oaxaca las cosas con el gobernador Salomón Jara van de mal en peor. Resulta que comenzó a revelarse a una amplia red de familiares del político de Morena ocupando cargos en dependencias estatales, órganos autónomos, estructuras partidistas y posiciones administrativas clave. Se enumeran hijas, hermanos, sobrinos, nueras y yernos con responsabilidades que van desde áreas técnicas del Poder Ejecutivo, secretarías del partido Morena, direcciones operativas en dependencias como Semovi, Ieepo y el Congreso local, hasta espacios en el tribunal electoral y el sector de infraestructura. Aunque no constituye por sí mismo una resolución jurídica, sí expone una concentración inusual de vínculos familiares dentro del aparato público estatal.
El señalamiento se da en un contexto donde el discurso de Jara insiste en la austeridad, la separación entre intereses personales y funciones públicas y la erradicación de viejas prácticas políticas. El escándalo es que, aun cuando algunos de los nombramientos puedan cumplir formalmente con los requisitos legales, la acumulación de parentescos erosiona el discurso contra el nepotismo de la 4T y alimenta la percepción de ciudadana de corrupción. El tema ya comenzó a circular entre actores políticos locales y nacionales, que ven en esto un flanco de vulnerabilidad para el gobierno morenista y para el partido.
Posdata 3
El Mundial 2026 que compartirán México, Estados Unidos y Canadá confluirá en un bloque económico responsable del 25% del PIB global, un dato que, más allá del futbol, se traducirá en potenciales miles de millones en inversiones, infraestructura y turismo si se aprovecha adecuadamente, de acuerdo con Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX y comisionado interino de la FMF:
Desde el sector empresarial, Coparmex mantiene una visión pragmática. Advierte que 2026 será clave para la inversión, la generación de empleo formal y la certidumbre jurídica, pero también subraya que las condiciones actuales de crecimiento moderado, inseguridad e informalidad pueden frenar que eventos como el Mundial se traduzcan en beneficios económicos duraderos para todos los sectores.
En la coyuntura de economía global y regional, la convergencia de discursos —el de Arriola enfatizando el impacto económico específico del Mundial y el de Coparmex sobre condiciones estructurales más amplias— revela que el éxito económico de 2026 no vendrá solo de una Copa del Mundo, sino de la calidad de las políticas públicas y de la colaboración entre gobierno y empresa para capitalizar la mayor actividad económica del Mundial en crecimiento.
@MarioMal