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Los escándalos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se superan uno a otro, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se muestra impávido y el director general de la dependencia, Zoé Robledo , solo piensa y se enfoca en una cosa: su candidatura al gobierno de Chiapas.
A la entrega de contratos a empresas vetadas por la Secretaría de la Función Pública y por el propio presidente de la República, así como a otras compañías relacionadas con la familia Robledo, se suman las contrataciones de una serie de exdirectivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza , probablemente la más corrupta de la historia, en cargos estratégicos del IMSS.
El hombre clave de esta continuidad del peñismo en el gobierno de la 4T es Carlos Bussey Sarmiento , amigo personal de la familia Robledo, principalmente del hermano del director del IMSS, Gabino Robledo Aburto , también contratista del instituto en servicios de monitoreo de información.
Bussey Sarmiento, quien despachara como director General de Desarrollo Carretero con Ruiz Esparza y Enrique Peña Nieto , se presenta ahora como operador externo de Zoé Robledo, además de que ha colocado a sus excolaboradores de la SCT en posiciones nada discretas en el IMSS.
En esta lista figuran Ulises Gómez Morales , nada más y nada menos que el actual jefe de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura del IMSS, el mismo que mantiene una sociedad con Carlos Bussey en un despacho privado de ingeniería.
A la lista se suma Antonio Pérez Fonticoba , exasesor jurídico del secretario Ruiz Esparza y de la Dirección General de Desarrollo Carretero, hoy flamante director Jurídico del IMSS.
También Alejandro Martínez Marquina , jefe de la Unidad de Personal del IMSS y antes coordinador Administrativo en la Dirección General de Desarrollo Carretero.
Junto a este grupo selecto de funcionarios del peñismo trabaja Paulette Amezcua Macín , quien de fungir como secretaria particular de Bussey Sarmiento en la SCT pasó a coordinar los programas normativos del Seguro Social en la actual administración.
Como referencia, el grupo que hoy lleva las riendas del IMSS es el mismo que entregó a la española OHL contratos como el de la carretera Atizapán-Atlacomulco, uno de los proyectos más cuestionados por el presidente López Obrador.
Ayer, EL UNIVERSAL reveló que las empresas de Rafael Jesús Caraveo Opengo , involucrado en el video escándalo de las maletas de dinero, han recibido contratos con el IMSS durante este gobierno por alrededor de 2 millones de pesos.
El instituto se apresuró a confirmar que se entregaron a estas compañías 56 contratos de suministro, pero firmados con las unidades de compra de las delegaciones ubicadas en la península de Yucatán, principalmente en Campeche, el estado de origen del otrora jefe de Caraveo: el senador panista Jorge Luis Lavalle .
La gente de Robledo también fue cuidadosa en comunicar que casi 90% de las contrataciones se realizaron durante el primer semestre de 2019, es decir en el periodo en el que Germán Martínez , otro expanista o calderonista, se encontraba al frente del Seguro Social.
Pero ni el fuego amigo que presume Zoé Robledo servirá para salvarlo de dar explicaciones sobre los perfiles que ha incrustado en la Unidad de Adquisiciones del IMSS central, en la dirección Jurídica, en la Jefatura de Personal y en la Coordinación de Programas del Instituto.
Los escándalos que persiguen a Robledo como su propia sombra ensucian y nublan cada vez más su sueño dorado: ser gobernador de Chiapas, e incluso su mayor fantasía: la de convertirse en Presidente de México.
Revés a minera frena inversión
El Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón impuso una multa de 23 millones de dólares a la empresa San Pedro Resources, dueña de una concesión minera en Miguel Auza, Zacatecas, en donde la empresa pagaría 2 mil 500 dólares mensuales o una regalía de 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados; todo ello sujeto a un acuerdo de exploración y explotación. También existía un preacuerdo para adquirir la concesión por 500 mil dólares, escenarios que nunca se cumplieron debido a adversidades climatológicas y fallas en la mina.
La multa impuesta por la autoridad judicial deriva de la demanda 320/2014. Sin embargo, los abogados que conocen el proceso aseguran que una sanción de este tipo no puede ser mayor que el monto pactado como precio para adquirir la concesión de la mina.
La resolución podría eliminar más de 60 fuentes de empleo directo y cientos de indirectos en la región, pues llevarían a la quiebra a la empresa San Pedro Resources y al cierre total de las actividades productivas de la misma, sumado a la mala señal que mandaría México al sector minero canadiense.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com
