Herrera no salta del barco; alista plan B

Mario Maldonado

A Herrera le ha rondado la idea de saltar del barco de la 4T, pero sabe que su renuncia sería un golpe fulminante para la confianza de los inversionistas globales y la iniciativa privada

Arturo Herrera es uno de los funcionarios más pragmáticos del gobierno federal. Si bien su encomienda al frente de la Secretaría de Hacienda es mucho más técnica, negociar con un político de la vieja escuela como Andrés Manuel López Obrador lo ha obligado a actuar en términos prácticos. ¿La razón? Que el Presidente entienda que las decisiones de política económica son más costosas de lo que parecen y pueden dar al traste con su proyecto.

Herrera ha sido criticado por lo que muchos analistas y economistas consideran una débil reacción ante la crisis económica que generó la pandemia del Covid-19 y que sorprendió a México en una posición vulnerable, luego del estancamiento del PIB en 2019 y la caída de indicadores clave como la inversión privada y la confianza empresarial.

Al exfuncionario del Banco Mundial le ha rondado la idea de saltar del barco de la 4T –como lo hizo su antecesor Carlos Urzúa–, pero sabe que su renuncia sería un golpe fulminante para la confianza de los inversionistas globales y la iniciativa privada nacional. Mucho se le ha criticado la falta de incentivos económicos para acelerar la recuperación, pero su permanencia al frente de Hacienda es el último dique antes de la colisión.

Ayer le pregunté a Herrera si estaba firme en la Secretaría de Hacienda. Me respondió que sí, que no son momentos para andar pensando en otras cosas. “Es la situación más retadora que tiene la economía mexicana y las finanzas públicas desde 1932. Aquí hay que mantenerse firme”, sostuvo.

Sin embargo, reconoce que uno de los aspectos más urgentes es reestablecer la relación de la iniciativa privada con el gobierno federal, luego de los cambios de reglas en el sector energético que han golpeado en especial a las empresas de generación y transmisión eléctrica.

“Es algo en lo que ya estoy metido. Me he reunido con muchas asociaciones de empresarios, constructores, sociedades financieras… con los empresarios del grupo de los empresarios más importantes de Monterrey y, efectivamente, sí estamos conscientes de que el elemento que ha generado algún tipo de rispidez son los cambios de política en el sector energético”, me dijo.

La realidad es que, así como la secretaria Rocío Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero, no comulgan en ideas sobre cómo enfocar la política energética, en la Secretaría de Hacienda tampoco. No se diga en la iniciativa privada y las representaciones diplomáticas de países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Ayer, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo que no es el mejor momento para invertir en el país y que se ven “cosas desalentadoras para la inversión extranjera en México”. Todo esto con relación al desastre que han causado Rocío Nahle y el director de la CFE, Manuel Bartlett, en el sector eléctrico nacional.

Herrera dijo que, para subsanar la relación, el presidente López Obrador convocó a una reunión amplia de su equipo, donde están los sectores energéticos, la CFE, la secretaria Nahle, el director de Pemex y el jefe de Oficina, Alfonso Romo, para buscar un mecanismo de conciliación con las empresas afectadas.

Respecto a la recuperación, Herrera dijo que mantiene su pronóstico de que va a ser en forma de V asimétrica, es decir que el rebote será mucho más lento que la caída. Sobre la expectativa pesimista que tienen algunos bancos y el Fondo Monetario Internacional, de una contracción de hasta 10.5% de la economía nacional en 2020, consideró que obedece a la gran incertidumbre que existe en los mercados y la economía por la pandemia del coronavirus y los rebrotes que puedan surgir.

Herrera aseguró que hay más de un plan B para reactivar la economía y parte de ello tiene que ver con el sector financiero y los plazos de los créditos e intereses para quienes se han visto afectados por la pandemia. También con la reasignación del gasto.

“Estamos haciendo todo lo que se puede, dados los márgenes de maniobra. Hace unos días yo hablaba con mi homólogo de Canadá y él me decía que ellos estaban dando un impulso fiscal de alrededor de 20 puntos del PIB, y eso para una economía como la mexicana representaría más de 5 billones de pesos. Claramente sería algo deseable, pero ellos tienen una tasa de interés de 0.25%. Es decir, les pagan por pedir prestado. A nosotros, si pidiéramos algo así, nos costaría el siguiente año 350 mil millones de pesos. Hoy tenemos una tasa de 5%, es decir, nos cuesta casi 20 veces lo que les cuesta a ellos. Entonces, los márgenes de maniobra son muy distintos de los que tenemos nosotros a los que tienen los países desarrollados”, explicó.

Así que el plan B no incluye contratar deuda, pero sí reasignar parte del gasto público a actividades que detonen la actividad económica, como la construcción y el sector energético.
El secretario dijo que el efecto de la depreciación del peso frente al dólar ya generó un incremento de la deuda de 15%, lo que representa unos 500 mil millones de pesos. Esto, según Herrera, deja un margen aún más estrecho para buscar financiamiento en el exterior.

UIF, instrumento para recaudar más

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto opera bajo la directriz de Hacienda y tiene un doble objetivo: combate al lavado de dinero e incrementar la recaudación tributaria nacional.

En uno de sus últimos reportes, la unidad revela que por defraudación fiscal el SAT dejó de percibir ingresos por más de 55 mil 125 millones de pesos, por lo que se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de operaciones simuladas de 43 empresas factureras en las que participaron 8 mil 212 empresas y personas ligadas a la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Se sabe que hasta diciembre de 2019 se tienen bloqueados más de 5 mil millones de pesos y 52 millones de dólares que eran usados por grupos delincuenciales.

Además, la UIF ha acaparado la atención pública por el número de reportes de actividades inusuales detectadas, que se han incrementado de 223 mil en 2018 a más de 590 mil en 2020.
En el sector salud, la UIF investiga a una de las principales empresas proveedoras que obtuvo 7 mil millones de pesos por parte de gobiernos estatales entre 2012-2019.
 

Twitter: @MarioMal
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