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El gobierno mexicano está a punto de perder un litigio internacional que le podría costar hasta 50 millones de dólares tras no presentar las pruebas correspondientes para defenderse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, por una demanda que interpuso la firma Lion Mexico Consolidated en 2015.
El fondo de inversión canadiense argumentó en el juicio internacional supuestas violaciones al TLCAN a los artículos 110 y 1105. En septiembre del año pasado el gobierno mexicano tuvo una sentencia en contra, por lo que demandó la nulidad del juicio ante una corte del Distrito de Columbia, en los Estados Unidos. El asunto está por llegar a su etapa definitiva.
Según Lion, el Estado mexicano no le dio un trato justo y equitativo en un juicio iniciado por el supuesto impago de tres créditos otorgados por Lion a las firmas mexicanas Bains, C&C Capital y C&C Ingeniería y Proyectos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Nayarit y Jalisco, en 2007.
El acuerdo original entre la canadiense y las empresas mexicanas indicaba una inversión del fondo por 150 millones de dólares para el desarrollo de los inmuebles, pero solo alcanzó a aportar poco más de 32 millones. Además, pidió que estos movimientos se documentaran como si fuesen un préstamo, con la promesa de que en un plazo acordado se convertirían en acciones de Bains en favor de Lion.
En 2008, con la llegada de la crisis financiera a Estados Unidos, Lion Mexico Consolidated solicitó detener los desarrollos de las compañías por falta de recursos para invertir; mientras tanto, el fondo cambió de dueños y la nueva empresa decidió no respetar los acuerdos previos, desconociendo la documentación y exigiendo el pago del crédito.
Ante este incumplimiento, Bains presentó una demanda en marzo de 2012 en contra de Lion, del que se dictó sentencia en favor de la compañía mexicana. Por ello, el fondo extranjero acudió al arbitraje internacional argumentando violaciones al TLCAN.
Aunque la empresa mexicana se dijo dispuesta a compartir desde entonces la información con la Secretaría de Economía en el gobierno pasado, y pidió ser parte del proceso legal, la solicitud le fue negada por los funcionarios mexicanos.
Bains intentó presentar por su cuenta las pruebas en el tribunal internacional, aunque la posibilidad no ha sido autorizada debido a que se requeriría la intervención del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para armar una defensa que evite el pago millonario.
Posdata
En más sobre este caso, hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México va a resolver un juicio penal contra el empresario jalisciense Héctor Cárdenas Curiel, a quien se acusa presuntamente de mentir en una demanda para liberarse a sí mismo y a su empresa Inmobiliaria Bains de una deuda de más de 250 millones de pesos que aún debe a un fondo inmobiliario mexicano por un negocio para obtener propiedades en Nayarit.
Recientemente Cárdenas Curiel obtuvo dos sentencias en las que el Tribunal capitalino decretó la nulidad de dos pagarés que previamente habían sido declarados válidos, debido a sus supuestos contactos dentro del órgano de justicia.
El empresario es parte del litigio con Lion Mexico Consolidated, lo que ha resultado en que el Centro Internacional de Arreglo a Diferencias Relativas a Inversiones haya condenado, en una primera instancia, al Estado Mexicano a pagar cerca de 50 millones de dólares a dicho fondo canadiense.
Día clave para Tribunal que encabeza Rafael Guerra Álvarez.
