Florencia Franco Fernández, la mujer identificada como “Las Piernas de Palacio”, ya era un personaje incómodo dentro de la Secretaría de Hacienda. Llegó hace más de cuatro años como asesora del entonces titular Rogelio Ramírez de la O y se acostumbró a operar temas más que administrativos, personales. Lo mismo gestionaba relaciones que podían interpretarse como conflicto de interés que servía de instrumento para desplazar perfiles.

En el equipo de Edgar Amador la funcionaria fue útil durante algunos meses, sobre todo en el vínculo con bancos y fondos de inversión. Su salida, sin embargo, ya se venía gestando y terminó por suceder de manera mediática. Las imágenes captadas en el balcón de Palacio Nacional, donde aparece asoleándose, ofrecieron la oportunidad para remover a quien ya ocupaba la Dirección General de Coordinación y que, de acuerdo con diversas fuentes, seguía reportando al exsecretario.

El episodio rebasó lo anecdótico y evidenció fallas en la comunicación gubernamental. Desde Infodemia —la oficina gubernamental que lleva Jenaro Villamil y que supuestamente se dedica a contrastar versiones de medios de comunicación— se difundió que el video era falso y generado con inteligencia artificial. Días después, cuando el propio gobierno confirmó la veracidad de las imágenes, la plataforma tuvo que retractarse y ofrecer una disculpa pública. La secuencia dejó expuestos problemas de verificación y control en un asunto que era manejable desde el inicio.

El caso también se inscribe en un proceso de ajuste interno en Hacienda. Edgar Amador ha tenido que operar con estructuras heredadas y con la presencia de cuadros cercanos a Ramírez de la O, quien busca mantener cierta influencia como asesor económico de la Presidencia. No se trata de un choque abierto, pero sí de una transición incompleta en la que conviven dos equipos. En ese contexto se explican las versiones sobre salidas en posiciones clave y los rumores recurrentes sobre cambios mayores en la dependencia.

Florencia Franco se movía con comodidad en ese entorno. Su experiencia y cercanía con el exsecretario le daban margen de operación, pero también la colocaban en una posición vulnerable frente al reacomodo en curso. La disputa por acotar la influencia del equipo anterior terminó por alcanzarla y el incidente del balcón sólo aceleró una decisión que ya estaba en proceso.

En Hacienda se le recuerda por su participación en la compra de 13 plantas de generación eléctrica a Iberdrola en 2023. Fue una operación concentrada en un grupo reducido de funcionarios y operadores. Franco fungió como enlace entre esos equipos, lo que la ubicó en un nivel de operación más político que administrativo.

También participó en disputas internas. En septiembre de 2024, durante la definición del equipo económico del nuevo gobierno, su nombre apareció en versiones que buscaban descarrilar al entonces subsecretario Gabriel Yorio, quien era uno de los mencionados para encabezar la dependencia. Fue en esos momentos que se difundió la supuesta relación entre ambos y una boda en Argentina. La información era falsa, pero logró instalarse en el ambiente político.

Esa narrativa persiste en comentarios que resurgen con cada episodio mediático. Franco nunca se deslindó públicamente de ese uso de su nombre, lo que terminó por consolidar su perfil dentro de ese tipo de operaciones. Su salida de Hacienda cierra un ciclo, pero deja ver la forma en que se construyen y se utilizan ciertas historias en el aparato público. También confirma que la reorganización en Hacienda sigue en marcha.

Posdata 1

El paro nacional del campo y el transporte anunciado para este lunes 6 de abril exhibe una fractura que va más allá de una protesta sectorial. Agricultores y transportistas de al menos 20 estados acusan falta de respuestas del gobierno federal y advierten una crisis en el abasto y en los precios de alimentos.

El pliego petitorio es amplio. Seguridad en carreteras ante una escalada de robos, extorsiones y homicidios; eliminación de retenes que califican como puntos de corrupción; vigilancia permanente de la Guardia Nacional y creación de fiscalías especializadas. A eso se agregan demandas económicas como retirar el IEPS al diésel, frenar importaciones agrícolas que consideran desleales y establecer precios de garantía que permitan cubrir costos. También reclaman pagos atrasados a productores desde 2023. El diagnóstico apunta a una mezcla de inseguridad, costos elevados y distorsiones de mercado.

Sin embargo, hay divisiones entre los sectores. Mientras el Frente Nacional para el Rescate del Campo y la ANTAC impulsan el paro, organismos empresariales como Concamin, Canacar, Canapat y otras asociaciones se desmarcaron y llamaron a privilegiar el diálogo. El trasfondo es que temen afectaciones a las cadenas de suministro y a la actividad económica en un periodo de alta movilidad.

Desde el gobierno, la respuesta ha sido insistir en las mesas de diálogo. La Secretaría de Gobernación sostiene que los conflictos se atienden institucionalmente y no mediante bloqueos. El subsecretario César Yáñez asegura que hay coordinación con la Guardia Nacional y mecanismos para denunciar delitos. Del otro lado, los transportistas responden que las mesas no han generado resultados y que la violencia en carreteras sigue cobrando víctimas.

Muy difícil, conciliar visiones tan opuestas.

Posdata 2

Apenas lleva unos días en el cargo y ya hay mucho trabajo para el nuevo canciller, Roberto Velasco, no solo en la relación de México con Estados Unidos y el resto del mundo, sino por las denuncias dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Resulta que la exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz-Mena, presentó una denuncia formal sobre una presunta red de corrupción, desvío de recursos y encubrimiento dentro de la Cancillería, según lo dio a conocer el portal Aristegui Noticias.

El caso apunta a un patrón de irregularidades en el manejo administrativo y financiero de una representación diplomática clave, con posibles responsabilidades que rebasan a un solo funcionario. La acusación más delicada no es el posible uso indebido de recursos, sino la existencia de protección interna para evitar que los hechos fueran investigados o sancionados. Es decir, un problema institucional más que individual.

El expediente tiene antecedentes. El País documentó desde enero denuncias contra González Blanco por acoso laboral, irregularidades administrativas y observaciones derivadas de auditorías en la embajada mexicana en Londres.

Así que Roberto Velasco deberá ordenar la casa, además de administrar y gestionar la relación con Estados Unidos y la revisión del T-MEC, en la parte política. El Servicio Exterior Mexicano enfrenta un riesgo de credibilidad si estas denuncias no se investigan a fondo.

Posdata 3

Además de AICA Ingeniería Construcciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, ha solicitado a las empresas Constructora Integral de Vanguardia SA de CV; Bloques y Estructuras Sólidas de Los Altos, y Obras y Concretos de la Vía Terra SA de CV realizar el encarpetado de más de 15 kilómetros en carreteras del estado de Zacatecas que concluirán en junio próximo.

Se trata del segundo convenio para este servicio en lo que va del mes y que se agrega a los 45 millones de pesos que invirtió la secretaría para el contrato LO-09-211-009000959-N-123-202, cuyos trabajos servirán para combatir el abandono en trazados de la entidad donde gobierna David Monreal. Junto al convenio 2026-32-CB-A-011-W-00-2026, el gobierno federal ha invertido más de 88 millones de pesos en la rehabilitación de carreteras.

@MarioMal

Comentarios