Energía, el punto de quiebre entre México y EU

Mario Maldonado

En octubre, los legisladores estadounidenses, republicanos y demócratas, se quejaron sobre la política energética de México

La política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que favorece a las empresas del Estado en detrimento de la inversión privada mexicana y extranjera, será el punto de quiebre de la relación comercial y económica de México con Estados Unidos.

La llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos cambiará la relación bilateral. En materia energética, el nuevo presidente demócrata impulsará las energías renovables, algo que no está en la agenda lopezobradorista, mientras que será implacable con la aplicación del T-MEC.

La semana pasada, los secretarios de Estado, Mike Pompeo; Dan Broulliette, de Energí, y Wilbur Ross, de Comercio, expresaron al gobierno mexicano la preocupación por su política energética.

En una carta fechada el 11 de enero, nueve días antes de que termine la gestión de Donald Trump, y dirigida al canciller Marcelo Ebrard; a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a la titular de Economía, Tatiana Clouthier, el gobierno de Estados Unidos acusa una violación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá al bloquear proyectos de energía.

Los secretarios estadounidenses acusaron un trato inequitativo hacia las empresas privadas sobre las del Estado, en cuanto al otorgamiento y la renovación de permisos de operación, como en el caso de las estaciones de gasolina, así como un sesgo en los organismos reguladores independientes —que fueron cooptados por el gobierno— en favor de Pemex y CFE.

Las respuestas de dos secretarias de Estado sobre la carta anticipan un conflicto por el sector energético. Rocío Nahle publicó en su cuenta de Twitter que el gobierno de México implementa un adecuado balance energético dentro del territorio nacional. “La relación con Estados Unidos dentro del T-MEC en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país, así quedó especificado en el tratado”, aseguró.

Por su parte, la secretaria de Economía dijo que México podría plantear su preocupación sobre posibles barreras a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos o en cualquier negociación comercial futura con ese país, debido al diferendo en materia energética.

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, en julio pasado, los empresarios estadounidenses pidieron al entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que México respete el T-MEC y el Estado de derecho.

“Solamente queremos recordarte que para que haya un éxito rotundo en la relación comercial y en hacer una América fuerte, hay tres palabras que quiero que se lleven de mensaje: honren los contratos”, le dijeron.

En octubre, los legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, se quejaron con el gobierno de Trump sobre la política energética de México.

Expusieron que el gobierno mexicano obstruye la participación de empresas privadas en el sector y amenaza las inversiones y el acceso al mercado de compañías estadounidenses de energía, socavando el T-MEC.

En respuesta, el presidente López Obrador aseguró que los contratos vigentes con empresas privadas se van a respetar, aunque los nuevos negocios tanto en hidrocarburos como en electricidad los tendrán las empresas estatales, Pemex y CFE.

Por si fuera poco, la iniciativa del gobierno para absorber a los organismos autónomos, entre ellos los reguladores del sector energético y de telecomunicaciones, es otra afrenta a la inversión privada y al TMEC.

No hay duda de que el sector energético, el más estratégico para el país por sus multimillonarias inversiones, está en jaque, y con ella la relación con Estados Unidos y el acuerdo comercial.

Retoman discusión sobre outsourcing

Hoy se reanudan las mesas de trabajo entre la iniciativa privada, autoridades y el sector laboral para llegar a consensos en materia de subcontratación.

La aprobación de la iniciativa que envió el año pasado el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados se pospuso para el primer bimestre de este 2021.

Esto, pese a que un año atrás ya se tenían acuerdos, luego de la realización de los Parlamentos Abiertos en el Congreso. Uno de ellos fue evitar prohibir la subcontratación. Eliminar dicho esquema acarrearía consecuencias para México, entre ellas las especificadas en el T-MEC en materia laboral.

También se acordó crear un padrón nacional de empresas de subcontratación en el que se transparenten y homologuen las actividades de las empresas que prestan estos servicios. Sin embargo, debido a la suspensión de actividades legislativas por la llegada del Covid-19 a México, los acuerdos jamás se aplicaron.

A casi un año de estas negociaciones, todo indica que se aprobará una iniciativa mucho más perniciosa que la ya señalada, pues elimina por completo cualquier tipo de subcontratación laboral. El gran problema es que, ahora el outsourcing es más indispensable que nunca, debido a la aparatosa caída del empleo, así como a la necesidad de utilizar la tercerización para crear trabajos formales, estimular el uso de herramientas digitales y nuevas tecnologías.

 

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