Empresas mexicanas, a fuego cruzado en Venezuela

Mario Maldonado

En medio del conflicto que el gobierno de Donald Trump mantiene con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, un par de empresas mexicanas firmaron un contrato de Ayuda Humanitaria para intercambiar comida y contenedores de agua por petróleo; sin embargo, el endurecimiento de las restricciones norteamericanas, sumado al desplome de los precios del crudo y al cierre de fronteras por la pandemia, han convertido a la experiencia de ambas compañías en una verdadera odisea.

Libre Abordo S. A. de C.V., y su filial Schlager Business Group S. de R. L. son dos firmas de capital 100% mexicano especializadas en el comercio exterior; la primera, dirigida por Verónica Esparza, con más de 10 años de experiencia en el mercado de insumos médicos, alimenticios y de seguridad.

En el primer semestre de 2019, y tras analizar las condiciones de Venezuela con diversos despachos jurídicos de los Estados Unidos, decidieron formalizar el contrato de proveeduría de alimentos y suministros para el abasto de agua, específicamente con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).

El concepto y objetivo del acuerdo fue establecido como Ayuda Humanitaria, por lo que se definió que en ningún momento de la operación se recurriera a un intercambio financiero como medida de pago, sino exclusivamente a la entrega de barriles de crudo de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) hasta completar el costo de los insumos asistenciales.

Libre Abordo se comprometió a entregar 210 mil toneladas de maíz blanco, además de mil camiones cisterna para el programa emergente de abasto de agua potable del gobierno venezolano, con el que se busca solucionar la escasez del líquido en las regiones marginadas de ese país.

Sin embargo, en agosto del año pasado Estados Unidos endureció la postura; incluyó a los comercializadores y socios de PDVSA, en especial a la petrolera rusa Rosneft, entre los sujetos susceptibles de sanción, por presuntamente aportar al régimen de Maduro los recursos financieros necesarios para su sostenimiento.

Verónica Esparza y su equipo recurrieron una vez más a su ejército de asesores legales para analizar la nueva situación y descubrieron que, en términos jurídicos, su contrato de Ayuda Humanitaria mantenía su blindaje puesto que no era violatorio de las nuevas restricciones comerciales.

Se encontraron con que las restricciones de Estados Unidos se enfocan a imposibilitar que el gobierno venezolano acceda a recursos financieros y, sobre todo, confirmaron que tales medidas no contemplan sanciones para personas no estadounidenses que ingresen productos de primera necesidad a Venezuela, esto a cambio de un pago en especie.

En los hechos, Libre Abordo no recibe beneficios financieros ni realiza pagos directos a PDVSA; además, los asesores legales de Washington ratifican que la petrolera estatal no mantiene interés alguno en las transacciones de venta de ese hidrocarburo en el mercado internacional.

Con esta seguridad, Libre Abordo y Schlager Business Group siguieron adelante con el trato, conscientes también de que en el nuevo escenario debían asegurar que ni un solo grano del maíz o componente de los camiones cisterna hubieran sido producidos con capital estadounidense.

La solución para las pipas la encontraron en China, en donde productores locales tuvieron incluso que rediseñar sus líneas de producción para sustituir todas aquellas piezas diseñadas de manera conjunta con empresas de Estados Unidos.
Por cierto, habrá que sumar a la vicisitudes de este contrato que las fábricas de varios componentes de los camiones se ubican ni más ni menos que en Wuhan, el epicentro del Covid-19, situación que puso un nivel todavía más alto de complicación a los procesos de fabricación y traslado.

Aun con todas esta situaciones, la logística para cumplir con la entrega de los camiones se materializó y se programaron cuatro embarques desde China hasta el puerto de La Guaira, de los cuales dos ya desembarcaron en los últimos días alrededor de 600 camiones.

Seguirá ahora resolver el tema del maíz, el cual, en un entorno pandémico y con fronteras cerradas por cada país para favorecer su consumo interno, tampoco se observa de fácil resolución; mucho menos cuando los 14 millones de barriles de crudo que Corpovex ha entregado a Libre Abordo tienden a tener valor cero.

Escándalo en Puente Grande

Se han hecho públicas fotos del modo de vida de Horacio Servín Martínez, en las que se exhiben los privilegios que tiene en el penal de Puente Grande, donde se le permite organizar fiestas con alcohol y recibir a sus visitas, todo a la carta.

El personaje acusado de un presunto fraude por más de mil 500 millones de pesos no es cualquier reo. Se encuentra en la celda 1BIS, que se dice fue antes ocupada por Rafael Caro Quintero. Goza de tres dormitorios con baños individuales, aire acondicionado, televisión, acceso a internet, escritorio, áreas verdes y zonas de esparcimiento.

Se ha evidenciado la forma como vive Servín Martínez en el reclusorio, donde apenas el 10 de enero celebró una reunión con el empresario tequilero Juan Pablo Valle González.

El paladar de Horacio Servín exige siempre lo mejor en bebidas para reconfortar su alma, seguramente inquieta por la disputa que vive por una millonaria empresa dedicada al reciclaje. Así, otras fotografías que se han filtrado lo mostraron en plena fiesta con tequila. El escándalo provocó la suspensión del director del Reclusorio Preventivo y el Jefe de Custodios.

Los demandantes de Servín acusan que se ha operado una red de complicidades en el Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado para sacarlo de la cárcel, a como dé lugar, al bautizado como “Capo del sulfato”, quien se encuentra preso desde el 25 de diciembre pasado.

El empresario Carlos Servín Martínez, hermano del huésped de Puente Grande, sufre discapacidad crónico-degenerativa que le resta movilidad. Hace años pensó que la mejor estrategia para proteger sus empresas era hacer parte de la sociedad a sus hermanos, por lo cual los hizo accionistas de la Fábrica de Sulfatos El Águila, la más importante del ramo a nivel nacional.

Sus hermanos, Horacio y Gerardo, se la arrebataron. Él los demandó desde el 2011 por mil 500 millones de pesos, el valor de El Águila, pero la demanda durmió el sueño de los justos todo el sexenio del priista Jorge Aristóteles Sandoval y apenas el pasado 25 de diciembre de 2019 fue detenido Horacio.

Se dice que la Fiscalía del Estado, a cargo de Gerardo Octavio Solís Gómez (amigo y gobernador sustituto del panista Francisco Ramírez Acuña), reaccionó de inmediato e intentó darle un indulto fast track, desistiéndose de la acción penal y ordenando que se diera por sobreseído el caso. Ello motivó que se procediera incluso contra algunos funcionarios de la fiscalía.

Las presiones han llegado al absurdo, de acuerdo con los denunciantes. Quién podría imaginarse, por ejemplo, que autoridades penitenciarias dependientes de la Secretaría de Seguridad solicitaran a un juez autorización para trasladar a Horacio Servín a su domicilio particular, ante el supuesto riesgo de que contrajera coronavirus. En su petición aducían que no podían tenerlo en un lugar seguro.

Crece inseguridad en altamar

El sector de puertos y marina en el país agrupado en asociaciones como el Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante, la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, así como Colegios de Marinos de entidades como Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Sonora, levantaron la voz ante la Secretaría de Marina, de José Rafael Ojeda Durán, debido a la ola de inseguridad que se vive en las embarcaciones de apoyo y pesqueras, así como en plataformas petroleras.

Además de las amenazas, el personal en mar ha quedado expuesto, ya que arriesgan su vida para garantizar el abasto de productos indispensables ante el Covid-19; sin embargo, la Marina los desacreditó ante la sociedad en la mañanera de AMLO el pasado 24 de abril, al decir que las tripulaciones y los dueños de los buques mercantes, mismos que fueron asaltados recientemente en Campeche, posiblemente estaban en colusión con los asaltantes.

Adicionalmente, a raíz de que la Marina entró al resguardo de las Capitanías del Puerto, México incumple con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), específicamente en el tema de seguridad, puesto que incrementó el índice de pirataje y robo a mano armada, tal como se puede leer en la misiva enviada el pasado 27 de abril al Almirante Ojeda Durán.

En tanto, dichas asociaciones le hacen un llamado a Andrés Manuel López Obrador para que regresen estas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues en esta institución existe personal con experiencia, talento y con el grado para combatir y reducir los actos delictivos en los litorales de México, por donde pasan anualmente más de 250 millones de toneladas de productos y mercancías.
 

@MarioMal
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