Empresarios pudieron frenar contrarrefoma eléctrica

“Podemos expropiar todo”, le formuló Manuel Bartlett a AMLO

Mario Maldonado
Cartera 18/10/2021 03:00 Actualizada 09:00
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El origen de la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien data desde el inicio de la administración, terminó por convertirse en realidad tras la lluvia de amparos que interpusieron empresarios a los cambios legales y decretos previos promovidos desde la Secretaría de Energía para eliminar las cláusulas desventajosas para la CFE en el despacho de la energía y los contratos “leoninos” de los productores independientes y las sociedades de autoabasto de los privados.

La iniciativa privada, de la mano de la Comisión Federal de Competencia Económica, organizaciones civiles y jueces lograron frenar casi todas los cambios legales, desatando la furia del Presidente, quien desde el año pasado dio la orden de elaborar una reforma constitucional tan radical como fuera posible para fulminar a los jugadores privados. 

La elaboración de la reforma quedó a cargo de uno de los funcionarios más radicales: el director general de CFE, Manuel Bartlett, quien desde que negoció con los privados los contratos de los gasoductos había propuesto una reforma con tintes estatistas. De hecho, se lo formuló así al Presidente: “Podemos expropiar todo”. 

Tras enterarse de la iniciativa, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propusieron mesas de diálogo para negociar con el gobierno, pero fue demasiado tarde, además de que el mensaje de la iniciativa privada no fue puntual en torno a que estaban dispuestos a disminuir los privilegios otorgados en la reforma del sexenio de Enrique Peña Nieto

El punto fino estaba en los contratos de generadores independientes y las sociedades de autoabasto que concentran 43% del sistema eléctrico, con subsidios, y que usan casi toda la energía para sus operaciones de producción y comercialización, mientras que la CFE atiende a cerca de 44 millones de hogares. 

Lo que más molesto puso al Presidente y al director de CFE fueron las 239 sociedades de autoabasto que tienen más de 77 mil socios de manera no ilegal, pero sí “inmoral”, según lo consideran en Palacio Nacional.

El ejemplo de que las cadenas de tiendas de conveniencia de la marca Oxxo pagan menos electricidad que las tienditas y los hogares no es casualidad. FEMSA es propiedad de la familia Garza Lagüera y la preside José Antonio Fernández, uno de los empresarios que promovieron el voto contra AMLO en las elecciones de 2012 y 2018, y de la cual el presidente del CCE, Carlos Salazar, fue por muchos años su director e incluso se le considera la mente maestra detrás de la figura de los Oxxo. 

En junio pasado, cuando el presidente López Obrador se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios les dijo que propondría sus tres últimas reformas constitucionales, entre ellas la del sector eléctrico. A partir del anuncio se desató una campaña para ‘calentar’ el tema y evitar la iniciativa. Los empresarios tuvieron unos meses para entregar una propuesta seria de autorregulación, pero nunca llegó. 

Como en el caso de la renegociación de los contratos de gasoductos, los líderes gremiales creyeron que se trataba de la misma jugada: proponer un cambio radical, casi expropiatorio, para sentarse a la mesa a negociar. En el caso de los gasoductos, los empresarios se ufanan que incluso resultaron más ventajosos para ellos en el largo plazo. 

La jugada, sin embargo, les falló esta vez, y dejaron en las manos de los partidos de oposición —más concretamente en las del PRI, que paradójicamente impulsó la reforma energética de Peña Nieto—, el futuro de la energía eléctrica y, dicen muchos, de la economía nacional. 
 

@MarioMal

 

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