El revés al decretazo, la Corte y otros protagonistas

El acuerdo mediante el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende blindar sus proyectos y obras de infraestructura pende de un hilo y, a menos de que pase algo extraordinario, será revertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La admisión de la controversia constitucional promovida por el INAI ante la Corte, si bien era esperada por el Ejecutivo y su Consejería Jurídica, sacó chispas ayer en Palacio Nacional. Resulta que el ministro que le dio entrada fue uno de los que propuso López Obrador al inicio del sexenio para integrarse al pleno de la SCJN: Juan Luis González Alcántara Carrancá . El abogado de la UNAM fue impulsado a su vez por el exconsejero Jurídico, Julio Scherer .

La admisión de la controversia es explosiva para la 4T por lo que significa que un ministro propuesto por el Presidente la haya subido a su ponencia, pero también porque el organismo que la interpuso fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, uno de los “enemigos favoritos” de López Obrador, al que ha acusado de ser muy oneroso para el país y de no haber coadyuvado a “combatir la corrupción en sexenios anteriores”.

La suspensión, la cual surte efectos de manera inmediata, además deja mal parados a dos secretarios y a un subsecretario quienes promovieron el acuerdo, calificado como un “decretazo”. Hablamos del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval ; el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O , y el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño ; este último quien finalmente puso sobre el escritorio del Presidente el acuerdo para ser palomeado.

Por si fuera poco, el revés de la Corte también deja tambaleante a la exsecretaria de Gobernación y actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero , quien rechazó promover desde el Legislativo una controversia constitucional al acuerdo que declara de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, el cual busca blindar del escrutinio público el Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas.

Hace una década, Sánchez Cordero apoyó las controversias constitucionales 73/2010 y 74/2010, promovidas por las Cámaras de Senadores y de Diputados, ante el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”. La ministra fue la encargada de construir el proyecto de resolución para determinar si el Congreso tenía interés legítimo para interponer estos recursos contra el decreto presidencial y después si resultaba procedente la anulación del mismo.

La ponencia del ministro González Alcántara dejó abierta la puerta para la realización de obras y proyectos federales asociados a diversos sectores, como el de comunicaciones y transportes, turístico, energético, aeroportuario y de vías férreas, pero suspendió el acto para que se clasifiquen como de seguridad nacional, lo cual obliga al gobierno a transparentar los contratos y a respetar las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial.

La medida, de entrada, fortalece la autonomía de la Corte, cuyos ministros, en especial los promovidos por el gobierno de López Obrador (Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel , Margarita Ríos-Farjat y ahora Loretta Ortiz ) deberán demostrar independencia en esta y otras determinaciones que no gustarán al titular del Ejecutivo.

En lo que hace a la Consejería Jurídica de la Presidencia, se exhiben las debilidades de María Estela Ríos González , de quien desde que tomó el cargo a inicios de septiembre no se ha sabido nada. La relación del gobierno con el Poder Judicial la asumió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López , aunque al parecer tampoco ha fructificado, pues se ha concentrado más en la operación política.

Lo cierto es que, por donde se le vea, la suspensión provisional al ‘decretazo’ es escandalosa, y las chispas que sacó ayer en Palacio Nacional van a traducirse seguramente en una mayor radicalización y polarización por parte del Presidente.

Posdata

Si los proyectos insignia del Presidente no concluyen en el tiempo que prometió, como es previsible, AMLO ya tendrá a quién culpar de ello. Al tiempo.

Avanza caso Azcárraga-SAT

En otro asunto que tiene que ver con la SCJN, hay noticias respecto al caso del Amparo Directo en Revisión 7472/2019 con el que la descendencia de Carmela Azcárraga Milmo consiguió que la Suprema Corte ordenara al SAT reintegrar el ISR que indebidamente cobró en 2007 y que hoy suma la cantidad de mil millones de pesos.

El lunes de esta semana llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la orden para ejecutar la sentencia en máximo tres días hábiles, lo que significa que, ante las vacaciones de ese órgano jurisdiccional, que iniciaron este miércoles, la devolución se estará concretando en los primeros días de enero.

Revocan a emisor de monederos

La empresa Intec Medios de Pago, dedicada al negocio de monederos electrónicos de vales de despensa, fue ingresada al listado de emisores revocados que elabora el Sistema de Administración Tributaria. Resulta que a esta firma le realizaron una auditoría y se encontró que no cumplía con los requisitos necesarios para seguir participando en las licitaciones gubernamentales. No es la primera vez que Intec se coloca en el ojo público por sus irregularidades. A inicios de 2020 resultó inhabilitada por tres años para participar en las contrataciones del gobierno de Zapopan, luego de que entregó dos cartas apócrifas para tratar de cumplir con las cláusulas. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco la denunciaron por sospechas de fraude a 200 colaboradores.