La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas, es otro más de los casos de empresarios mexicanos exiliados en Estados Unidos que son detenidos ya sea por acusaciones o por su estatus migratorio.
El 25 de noviembre de 2024 publiqué en este espacio que Quintanilla llevaba meses prófugo de la justicia mexicana, mientras sus compañías seguían ganando contratos estratégicos con dependencias federales. Más de un año después, agentes del ICE lo arrestaron la semana pasada y lo trasladaron al Adelanto Detention Facility, donde su situación migratoria y jurídica ya es revisada bajo un enfoque más amplio que la simple violación de una visa.
La captura de Quintanilla se suma a un periodo de estrecha colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear redes financieras vinculadas al crimen organizado. Desde 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda han trabajado con la OFAC y la FinCEN en investigaciones sobre triangulaciones internacionales, empresas fachada, compra de activos mediante prestanombres y movimientos irregulares entre México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido. La intervención de instituciones como CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa refleja el nuevo nivel de escrutinio al sistema financiero mexicano.
En ese radar destacan casos como el de Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en septiembre pasado tras operar durante años una red global de factureras, y el de Luftar Hysa, empresario albanés naturalizado mexicano que construyó un imperio de apuestas presenciales y en línea. Las investigaciones de FinCEN apuntan a que Hysa habría utilizado casinos en Jalisco, Estado de México y Nuevo León para mover recursos asociados tanto a redes balcánicas como mexicanas, mediante sociedades creadas en Nevada y plataformas digitales de apuestas. Tras las primeras denuncias de la UIF en 2024, Hysa abandonó México y se instaló en Las Vegas, donde litiga su situación mientras Estados Unidos analiza la información financiera cruzada con autoridades mexicanas.
A esta lista se suma un expediente que en Estados Unidos se sigue con particular atención: el caso de Alexandro Rovirosa, contratista de Pemex vinculado en investigaciones federales estadounidenses por presuntos pagos irregulares y triangulación de recursos a través de empresas con sede en Texas. Su nombre apareció en declaraciones y acuerdos de culpabilidad de proveedores estadounidenses que aceptaron haber pagado sobornos a intermediarios ligados a funcionarios de Pemex para asegurar contratos inflados entre 2016 y 2019.
Aunque México mantiene carpetas abiertas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en Estados Unidos su caso forma parte del universo del “Pemex Procurement Fraud Scheme”, que desde 2020 ha derivado en acusaciones formales contra directivos de compañías texanas y ha señalado a operadores mexicanos que hoy residen en Houston y The Woodlands. Rovirosa permanece en Estados Unidos con procesos migratorios en curso y es considerado un testigo potencial en la pieza financiera del expediente.
En este contexto aparece Quintanilla. Pese a los más de 11 juicios mercantiles y civiles que enfrenta, además de más de 50 recursos federales contra resoluciones penales, sus empresas continuaron recibiendo adjudicaciones estratégicas en México. En 2024, el Servicio Postal Mexicano, dirigido por Violeta Giorgina Abreu, le otorgó un contrato por mil 718 millones de pesos para operar rutas postales hasta 2027, sin competencia real. Su firma EVM Energía del Valle de México obtuvo además contratos triangulados con CFE Calificados para suministrar electricidad al Sacmex por más de 400 millones de pesos, omitiendo en los documentos oficiales la existencia de una central eléctrica asociada a la familia Quintanilla.
A ello se suma su flotilla aérea de 12 aviones, de los cuales ocho no tienen propietario identificado en los registros, así como su presunta relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con quien, según diversas investigaciones internas, habría mantenido intercambios relacionados con logística y contratos gubernamentales.
Aunque TUM ha intentado deslindarse públicamente del empresario, los documentos oficiales y los contratos vigentes muestran que su influencia siguió activa incluso cuando ya era considerado prófugo. Su detención es parte de una tendencia creciente de Estados Unidos por seguir el rastro del dinero y detener, con el argumento de su situación migratoria, a políticos y empresarios que han operado en zonas grises vinculadas al crimen organizado. Quintanilla es uno de los nombres.
Posdata 1
La captura del exgobernador César Duarte por presunto lavado de dinero se convirtió, de inmediato, en el primer gran golpe de Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal desempolvó un expediente, nutrido por años de rastreo financiero y cooperación con agencias estadounidenses, que terminó por cerrar la pinza en torno al político chihuahuense.
La detención, sin embargo, adquiere también una lectura política. En la oposición lo interpretan como un nuevo golpe al PAN y en el estado donde Morena busca arrebatarle la gubernatura a Maru Campos en 2027. Si la nueva fiscal ya demostró que está dispuesta a reabrir investigaciones, ¿hasta dónde alcanzará ese rasero? Porque la lista de exmandatarios con cuentas pendientes es larga.
A ver si Godoy aplica esa máxima y ese rasero para todos los exgobernadores, incluidos los morenistas Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Manuel Merino, Adán Augusto López y Rutilio Escandón, por mencionar algunos; y de la oposición, como el priista Alejandro Moreno. O si alcanzará también a quienes siguen en activo y que difícilmente pasarían la prueba del ácido: Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Alfredo Ramírez Bedolla y Esteban Villegas, el priista que gobierna Durango. La cooperación con Estados Unidos, que resultó determinante en el caso Duarte, seguirá siendo estrecha; la pregunta es si será pareja para todos los expedientes.
Posdata 2
Este lunes, los legisladores morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Humberto Prieto Herrera denunciaron ante la FGR una nueva denuncia contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo acusan de operar una red de “huachicol fiscal”, mediante el cual permitía que ferrotanques circularan sin problema, bajo la mirada complaciente del gobierno estatal, mientras transportistas eran extorsionados en retenes supuestamente anticombustible.
El expediente forma parte de una estrategia más amplia para llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con miles de firmas como respaldo, en un intento por convertir este asunto en un litigio de alto impacto y no solo en un golpe mediático.
La denuncia llega ahora que el tráfico ilegal de combustibles es uno de los ilícitos más perseguidos en el país. Si la FGR decide tomar el asunto como prioridad, el caso podría escalar más rápidamente de lo previsto y abrir una nueva ruta de presión contra el exgobernador, cuyo nombre aparece recurrentemente en investigaciones federales y estatales.
Cabeza de Vaca respondió de inmediato, acusando persecución política y asegurando que la denuncia es una fabricación con fines electorales. Dijo que él fue quien denunció desde hace años el llamado huachicol fiscal y que quienes hoy lo señalan buscan desviar la atención de los verdaderos responsables. Retó a la Fiscalía a citarlo, revisar las pruebas y permitirle demostrar —según dijo— que no participó en ninguna red de protección.
Posdata 3
Otra vez Donald Trump amenazó a México con imponer un arancel del 5% si no entrega 200 mil acres-pie de agua antes del 31 de diciembre. Se trata del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que obliga a México a aportar un promedio anual dentro de ciclos quinquenales. El déficit actual, provocado por sequías históricas, tensiones políticas en Chihuahua y la baja disponibilidad en presas del norte, ha generado presiones crecientes desde Texas, cuyos agricultores acusan afectaciones directas por la falta de agua del Río Bravo.
Apenas el viernes, Claudia Sheinbaum y Trump se reunieron en Washington en un encuentro que la presidenta calificó como cordial y respetuoso. Su equipo incluso destacó el buen trato del estadounidense y un clima constructivo. Pero la advertencia arancelaria exhibe que, más allá de las formas diplomáticas, Trump seguirá utilizando los temas sensibles —agua, migración, seguridad o comercio— como instrumentos de presión. El agua, que en México es hoy un problema de supervivencia para los estados del norte, se volvió también un arma geopolítica.
Si México no cede abriría un nuevo frente comercial y político en pleno estancamiento económico, con el nearshoring todavía en fase incipiente y un TMEC que va a revisarse o renegociarse en pocos meses más.
@MarioMal