El problema de AMLO y FGR de ir contra Gallardo

Mario Maldonado

De anular la victoria de Gallardo en San Luis Potosí, el estado podría entregarse a Cabeza de Vaca, quien financió a Octavio Pedroza

El estado de San Luis Potosí se ha convertido en un dilema para Andrés Manuel López Obrador y para el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues la decisión de actuar contra el gobernador electo Ricardo Gallardo no garantiza liberar a la entidad de un gobierno en el que muy probablemente reine la corrupción y los presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por el contrario, eliminar de la gubernatura al representante del Partido Verde, y a sus vínculos con el clan de Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano, significa entregar el estado al grupo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien con su desafuero, orden de aprehensión y presuntos vínculos con el crimen organizado, siempre estuvo detrás del candidato de la alianza, Octavio Pedroza.

De no ser por el desastre de Clara Luz Flores en Nuevo León, la candidata Mónica Rangel en el estado potosino hubiera sido la única de los abanderados de Morena en obtener apenas arriba de 10% de los votos, una proporción que ya estaba calculada porque el dirigente Mario Delgado negoció con los impulsores de Gallardo para que él terminara siendo el vencedor en esa contienda. En este punto habrá que anotar entre esos impulsores a Héctor Serrano y a Miguel Ángel Mancera, quienes a cambio habrían comprometido algunos votos de legisladores para aprobar las reformas de la 4T.

La negociación, ocurrida a principios de la actual legislatura, pareció en su momento sencilla: arrebatar al PRI la gubernatura de ese estado y afianzar la alianza con un PVEM que se perfilaba como el bloque aliado que daría a Morena la mayoría en el Congreso, sin importar que el personaje que se perfilaba como candidato, alguien apodado “El Pollo”, tuviera diversos señalamientos por actos de corrupción como funcionario público, procesos por defraudación fiscal en administraciones pasadas y acusaciones de tratos con la delincuencia.

El escenario se puso más complicado cuando los movimientos financieros de Gallardo y sus familiares, las empresas y las propiedades llamaron la atención del aparato anticorrupción de la 4T. La UIF, de Santiago Nieto, interpuso dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el anunciado desde entonces aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí.

Con la información de estas denuncias y nuevos datos que se recabaron durante el periodo de campaña, la FGR se debate entre procesarlo con la FECC, con la FEDE o con la FEMDO, es decir, por corrupción, por delito electoral o por delincuencia organizada.

El problema es que, de anular la victoria de Gallardo en San Luis Potosí, el estado podría entregarse a Cabeza de Vaca, quien financió las aspiraciones de Octavio Pedroza y colocó a su gente cercana a operar la campaña del aliancista, con el objetivo de formar un bloque entre los dos estados y además un corredor por el que transiten todo tipo de mercancías.

Recientemente Santiago Nieto confirmó que fueron congeladas 13 cuentas bancarias relacionadas con empresas que canalizaron recursos económicos a las campañas políticas potosinas y que estaban relacionadas con el gobernador tamaulipeco. El objetivo de esos recursos era que Octavio Pedroza se llevara la victoria, lo que por cierto estuvo a punto de suceder, ya que hubo menos de cuatro puntos de ventaja entre el primero y el segundo lugar.

En este contexto es que se dificulta en Palacio Nacional proceder contra los delitos que le imputan a Ricardo Gallardo, porque más allá de los desencuentros que se tienen con Miguel Ángel Mancera por el caso de la Línea 12 y de los amagos que Manuel Velasco, del Verde, haga para que no cuenten con sus votos en el Congreso, el gobernador García Cabeza de Vaca es aún un más odiado rival.
 

Va NOM para reciclaje en construcción

El gobierno de la Ciudad de México alista la publicación de la Norma Ambiental NADF-007-2013, con la que se establecerá la incorporación de producto reciclado de la industria de la construcción en el desarrollo de obras como banquetas, ciclopistas, andadores y mobiliario urbano.

La disposición, que se integrará a la Gaceta Oficial capitalina, generará ahorros por hasta 8 mil 500 millones de pesos en los próximos cinco años, debido a que los residuos serán utilizados también en remodelaciones, ampliaciones, restauraciones o rehabilitaciones de infraestructura de la ciudad.

El ambicioso plan de reciclaje planteado por Claudia Sheinbaum estaba en el tintero desde 2004, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, al frente del entonces Distrito Federal, época en la que se conocía la necesidad de gestionar adecuadamente alrededor de 14 mil toneladas diarias de residuos de construcción y demolición, cuyo costo de recepción en los depósitos por metro cúbico es de entre 100 y 300 pesos.

Para cumplir con el nuevo reglamento, las empresas del sector deberán presentar en breve un Plan de Manejo que será revisado y aprobado en la Secretaría de Medio Ambiente de Marina Robles, mientras que la mandataria capitalina pretende instalar plantas de reciclaje que estarán procesando hasta 6 mil toneladas diarias al término de su gestión. 

eNómina, con fallas en QRoo

Los maestros de Quintana Roo se las han visto negras, pues además de enfrentarse a constantes apagones por supuestos actos vandálicos, tampoco han podido disponer de sus recursos. En las instancias federales, como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se señaló a la firma eNómina y su CEO en México, Gustavo Boletig, por las constantes fallas que presenta dicha plataforma.

Y es que según se anotó en una querella de corte ciudadano, las trabas y fallas de la herramienta han imposibilitado a la usuarios obtener sus recursos provenientes de su nómina, lo que les ha impedido llevar a cabo los gastos de su vida diaria, así como cubrir los servicios y otros pagos.

Señalan que aunque eNómina promete administrar pagos de crédito de nómina con las mejores condiciones del mercado, los tropiezos son tantos que exigieron indagar hasta las últimas consecuencias sus sistemas, operaciones y mecanismos.

El llamado también tiene como destino a la Función Pública, SEP, Condusef, Profeco, y para el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

 

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Twitter:@MarioMal

 

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