El polémico ministro González Alcántara

A poco menos de un año del relevo de Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la carrera por encabezar el Poder Judicial entra en una de sus más interesantes etapas. Quienes pretenden ocupar ese cargo, a partir del 1 de enero de 2023, comienzan a presentar sus cartas credenciales a la figura que será determinante en la sucesión: el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador .

En ese contexto se entiende la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá , para obligar a los concesionarios de radio y televisión a distinguir en sus programas informativos los contenidos con presuntos juicios de valor, considerados de opinión, de los puramente noticiosos, una decisión que se alinea a la guerra que desde Palacio Nacional se mantiene contra los medios informativos.

La carrera de González Alcántara ha estado ligada a López Obrador desde principios del siglo, cuando el entonces magistrado se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durante la Jefatura de Gobierno del tabasqueño. La intervención del ahora ministro fue determinante para que AMLO participara en las elecciones del año 2000, toda vez que le ayudó a validar su muy cuestionada residencia en la capital del país.

Dicho apoyo fue suficiente para que López Obrador decidiera que el primer ministro a nombrar durante su gestión fuera precisamente Alcántara Carrancá, a pesar de que sobre el magistrado pesaba la sombra de aquella decisión con la que, como responsable de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, eliminó la pensión alimenticia para los hijos del polémico ministro Genaro Góngora Pimentel .

En esa designación de diciembre de 2018 tuvo mucho que ver también la cercanía de Juan Luis González Alcántara con el depuesto consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra , quien fue el encargado de cabildear el nombramiento en el Senado de la República y, previamente, de convencer a López Obrador de que el perfil era el adecuado para tener en la Corte una pieza que privilegiara la lealtad. Y, efectivamente, así lo hizo: Alcántara privilegió la lealtad en sus tres primeros años como ministro, pero no solo hacia el Presidente, sino al Consejero Jurídico que lo catapultó al máximo órgano de justicia.

Con este enfoque llegaron a leerse en Palacio Nacional posturas de González Alcántara frente a temas como la controversia de Francisco García Cabeza de Vaca y la pérdida de su fuero constitucional. El ministro no admitió el tema, pero recomendó también no proceder contra el gobernador tamaulipeco, sino hasta que concluya su administración. De igual forma, causó extrañeza que el magistrado encumbrado por López Obrador considerara la posibilidad de declarar inconstitucional la compra de medicamentos en el extranjero, una de las iniciativas impulsadas por la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro , y por el Presidente.

Juan Luis González Alcántara tiene una deuda con AMLO que, al parecer, por su sentencia en materia de regulación de medios, quiere empezar a saldar. Tiene 11 meses por delante para pelear por la presidencia de la Corte, en una contienda en la que sus rivales, Loretta Ortiz Ahlf , Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel Mossa , no tienen nada asegurado. La primera por ser la novata del pleno, la segunda por marcar distancia de la línea presidencial, y la última por ‘sangrar’ mil millones de pesos al erario –con el caso de Carmela Azcárraga Milmo –, una decisión que la propia ministra pidió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa acotar.

Posdata

Sobre las dos victorias momentáneas que los abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya , han logrado en los últimos días en torno a los casos de Agronitrogendos y Odebrecht, con la promoción de amparos y apelaciones, nos aseguran que esta semana llegarán dos nuevos reveses para el imputado desde el Poder Judicial. La FGR, por su parte, mantiene el objetivo de fincarle una pena que supere los 30 años de cárcel.

Querétaro, contratos cuestionados

Mucho ruido causó ayer en Querétaro la revelación de tres licitaciones que el gobierno de Mauricio Kuri entregó irregularmente a firmas inhabilitadas por la Función Pública y, además, a empresarios que participaron abiertamente en su campaña.

Los contratos, entregados la tarde del 31 de diciembre de 2021, acumulan un monto de 117 millones de pesos, y benefician a las empresas Corporativo de Seguridad Privada Speal SA de CV, Escore Alimentos SA de CV y Lescen SA de CV.