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El otro problema de salud de AMLO

Mario Maldonado

El desabasto de medicamentos es cada vez más grave en los institutos del sector público y será la constante en todo 2021

En uno de los peores momentos de la pandemia por el Covid-19, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le viene una nueva problemática de salud totalmente atribuible, esta vez sin justificación alguna, a las malas decisiones de su gobierno.

El desabasto de medicamentos es cada vez más grave en los institutos del sector público y, según el estatus de las compras que debe realizar el gobierno, será la constante en todo el ejercicio de 2021 y muy probablemente hasta bien entrado el 2022.

Los responsables directos de este desabasto serán, una vez más, Jorge Alcocer y Hugo López Gatell, como cabezas de la política de salud; pero también tendrán responsabilidad en este desastre la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el nuevo funcionario de la 4T cuya familia está vinculada a presuntos actos de corrupción: Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, quienes buscando abatir el monto de 14 mil millones de dólares que compraban las administraciones pasadas en insumos médicos, se dieron a la tarea de destruir las cadenas de producción y distribución de fármacos.

Este domingo se cumplieron seis meses desde que el gobierno federal, a través del Insabi, firmó un acuerdo con la UNOPS y la Organización Panamericana de la Salud, para que el organismo de las Naciones Unidas se encargara de realizar las compras consolidadas de medicamentos, con el objetivo de acceder a mejores precios de mayoreo en el mercado internacional y sobre todo con la supuesta idea de acabar con lo que el gobierno de AMLO calificó como un sistema de corrupción en el que dominaban los intermediarios y los grandes márgenes de ganancias para los laboratorios y distribuidores nacionales.

La labor de UNOPS, cuya operación lleva en la región Giuseppe Mancinelli, ha sido totalmente acorde con su inexperiencia en la materia, pues no ha sido siquiera capaz de estructurar una sólida convocatoria para la gran compra, y mucho menos ha sabido definir con precisión las partidas de medicamentos que debe solicitar para dar atención a los millones de mexicanos derechohabientes de alguno de los institutos públicos de salud.

Después de múltiples retrasos que comprometieron el abasto de medicamentos para éste y el siguiente año, se tiene programada finalmente la recepción de ofertas para el 5 de febrero y, en el mejor de los casos, una primera entrega de fármacos en mayo. No obstante, según fuentes cercanas al proceso, ese primer lote alcanzará a cubrir apenas una décima parte de la demanda total.

En organismos como el IMSS, de Zoé Robledo, y el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, aseguran que apenas cuentan con 25% de sus contratos de compra asegurados y que el desabasto de fármacos para sus derechohabientes es inevitable.

Ambos institutos buscaron garantizar el abasto hasta marzo aprovechando el permiso otorgado por la Secretaría de Hacienda para extender durante tres meses los acuerdos con sus proveedores de 2020, además de que lograron concretar a finales del año pasado la compra de medicamentos de patente, en la cual por cierto también hubo serios problemas con la UNOPS, que pretendía colocar como fármacos genéricos algunas claves que en México tienen aún protección de propiedad intelectual, a pesar de que en otros países son ya de libre competencia.

Ese desconocimiento que la UNOPS tiene del mercado mexicano es lo que más preocupa a la industria nacional, agrupada en organismos como Canifarma que dirige Rafael Gual, AMIIF de Irma Egoavil, Anafam de Cecilia Bravo y Amelaf de Arturo Morales.

Se teme que los precios de los fabricantes chinos o indios, quienes gozan de amplios incentivos de sus gobiernos, atraigan al comprador internacional hacia productos cuya calidad es tan dudosa como la capacidad que tiene la actual Cofepris de José Novelo para revisar su eficacia.

También inquieta que se asuma que el proceso de traslado seguro de los fármacos está prácticamente garantizado con la operación de Birmex, la distribuidora que lleva ahora Pedro Zenteno y que, apenas en el proceso de reestructura para asumir sus nuevas funciones, ha demostrado serios problemas de operación.

La última carta que se jugarán esta semana las farmacéuticas nacionales para evitar lo que se vislumbra ya como una tragedia, es apelar a que en la 4T, ya sea por la crisis de salud o social que va a generarles el desabasto, entren en razón y modifiquen los procesos de estas mega licitaciones.

Certifican en EU a granjas mexicanas

La empresa mexicana GCM acaba de recibir el certificado NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO14001:2015) por parte de la estadounidense American Trust Register. Dicha certificación reconoce los procesos de cuidado ambiental con estándares internacionales. La firma que encabeza Víctor Ochoa Calderón tiene una planta procesadora de carne de cerdo en Puebla, considerada la más sustentable de México y América Latina, y da trabajo a más de mil colaboradores.

La planta tiene una capacidad instalada para procesar 600 cerdos por hora. Con dicha producción se atiende al mercado nacional y al de exportación, principalmente países como Estados Unidos, Canadá y Japón.

La certificación también es para las plantas de tratamiento de aguas residuales, la de agua potable, el mantenimiento del conjunto de instalaciones de producción y servicios, entre otras áreas.

 

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