El monstruo de las 100 cabezas en las aduanas

Mario Maldonado

Entre las 100 cabezas que tiene el monstruo de la corrupción en las aduanas, según los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una que desde inicios del sexenio se adueñó del control de los puntos fronterizos: se llama Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas y actual subsecretario de Gobernación.

De acuerdo con información recabada en el SAT, en la Administración General de Aduanas (AGA) y de voz propia de funcionarios cercanos al hoy subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta es sin equivocación la mano que mece la cuna de la actividad aduanera, con una red de funcionarios que hicieron del estado de Baja California su principal centro de operación.

El propio Ricardo Ahued, quien dejará a finales de esta semana el cargo de Administrador General de Aduanas, tuvo que alinearse durante nueves meses a las jerarquías que existían en esa oficina, en la que también desempeña un papel preponderante el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Ahued, “persona íntegra”, según ha dicho el Presidente, no hizo mucho para mover de sus posiciones a personajes que, por los puntos estratégicos que mantienen bajo su control, son responsables de la recaudación de más de 60% del IVA que se genera por la actividad comercial de mercancías que entran y salen del país.

Anote en este grupo forjado hace más de cinco años desde la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, al hoy administrador de la Aduana de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; a la encargada de la Aduana de Tijuana, Viridiana Soria Amador, y al titular de la Aduana de Tecate, David Pérez Tejada.

Todos ellos, junto con el también exadministrador de la Aduana Mexicali, Alejandro Miramontes Armenta, son mencionados en los últimos tres años en diferentes denuncias ante la Fiscalía General de la República, algunos por participar en redes de corrupción que introducen ilegalmente al país todo tipo de mercancías, incluyendo armas, drogas y hasta petrolíferos.

Entre las más sólidas investigaciones se encuentra la depositada en la carpeta SZC/0011495/2018, que dio seguimiento a la importación de miles de automóviles por las aduanas de Mexicali y Ciudad Juárez, movimientos en los que el valor de los vehículos se reportó muy por debajo de su precio real, con el consecuente daño a la recaudación fiscal.

Llama la atención que esta indagatoria, que involucra también a agentes aduanales e importadoras automotrices, se enfoca en uno de los negocios en los que más ha tenido participación Ricardo Peralta: el de la compra y venta de automóviles usados, el cual aprendió durante sus 10 años como representante jurídico del Grupo Autofin de Juan Antonio Hernández.

Su otro expertise, sólo como dato, es el del quehacer judicial, o mejor dicho el de la investigación a grupos terroristas, contrainteligencia, lavado de dinero y manejo de armas, adiestrado en todo esto por la Policía Nacional Francesa y por su colaboración con la agencia con la agencia de inteligencia española-israelí Secindef.

Lo único que ha logrado poner en verdadero riesgo el control que el subsecretario de Gobierno ejerce sobre la AGA fue el arribo a la Jefatura del SAT de otro personaje, con características diferentes, pero de las mismas dimensiones, ni más ni menos que Raquel Buenrostro.

En esta columna le relatamos que los intentos de la ahora ministra Margarita Ríos Farjat, por poner un freno a la corrupción aduanera, quedaron truncados en los primeros días de 2020, con el fallecimiento del Almirante en retiro y Administrador Central de Operación Aduanera, Juan Ramón Alcalá Pignol.

El marino fue un dique que, en abril de 2019, impuso Ríos Farjat al equipo de Peralta, dejando fuera en aquella ocasión a Arnoldo Martínez Rentería, quien desde el segundo cargo más importante de la AGA se encargaba de asignar y operar los negocios con los proveedores externos; todo desde una oficina alterna en la calle de Prado Sur de las Lomas de Chapultepec.

La muerte de Alcalá Pignol parecía abrir una vez más el juego para el subsecretario, incluido ya en este combo el hombre íntegro Ricardo Ahued, encargado en enero únicamente de designar como su segunda de abordo a Lorena Urrea García; esto por orden directa desde Bucareli.

Pero la jugada nunca pasó desapercibida para Raquel Buenrostro, y apenas hace un par de semanas concretó un sigiloso relevó en la Administración Central de Operación Aduanera, que ahora ocupa la exadministradora Apoyo Jurídico de Aduanas, Rosa María Avella Pérez, una funcionaria con mucho mayor cercanía a la cabeza del SAT.

El golpe se suma a la ya anunciada renuncia de Ahued Bardahuil y, por primera vez desde los inicios de este sexenio, está en jaque la supremacía de Peralta en la AGA. Se juega una última carta con la propia Lorena Urrea García, agazapada ahora en la Aduana del AICM, pero principal candidata para ser nombrada como nueva titular de la Administración General. Veremos si desde el SAT, la fiscal de hierro Raquel Buenrostro la deja pasar.

CMN sale al quite

En vista de que el Gobierno Federal no tiene un verdadero plan de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que encabeza Antonio Del Valle, logró que BID Invest pusiera a disposición de las compañías que operan el país un programa para financiar hasta 12 mil millones de dólares –unos 290 mil millones de pesos– al año a unas 30 mil mipymes.

El acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las mipymes obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas. Se trata de un crédito revolvente con un plazo medio de 90 días, cuyas disposiciones podrán hacerse tanto en pesos mexicanos como en dólares estadounidenses.

En México hay 4.1 millones de mipymes que aportan 42% del PIB y generan 78% del empleo, pero sólo 23% obtiene financiamiento de la banca comercial. Muy buena noticia.

Golpe a servicios de limpieza y sanitización

Con la novedad de que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre reducir el 75% del gasto asignado a servicios generales de las dependencias públicas, abarca también recortes a servicios esenciales como los que se refieren a la limpieza, sanitización y desinfección de las instalaciones.

Con esta medida se pondrá en riesgo la correcta implementación de los protocolos contra el Covid-19 que instruyó el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Salud.

Además, con dicho decreto las dependencias quedarán desprotegidas y con alto riesgo de contagios entre sus colaboradores.

El Presidente contraviene lo que él mismo pidió al sector empresarial, ya que con esta medida se despedirá a muchos trabajadores, la mayoría de la tercera edad, que son los que realizan estos servicios en las instalaciones del gobierno. Asimismo, viola derechos contractuales, ya que este recorte incluye servicios previamente adjudicados.

Mediante una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador pretende modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación sin restricciones, para que cada dependencia adecue sus presupuestos y reduzca sus gastos. Ojalá se tome en cuenta la importancia de este tipo de servicios, ya que prescindir de ellos terminará afectando a los que menos tienen y hundiéndonos todavía más en lo que se avizora será la peor crisis del último siglo.

Alerta roja en Fonacot

Vaya que urge que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ponga orden al interior del instituto Fonacot, ya que el abogado General designado desde la Consejería Jurídica de la Presidencia acusa su separación del cargo y la violación de todos sus derechos laborales al falsificar “su renuncia” en el área de Recursos Humanos, misma que lleva Rosa Angélica Tejeda Cordero.

Dicho movimiento habría sido orquestado por el aún director del organismo, Alberto Ortíz Bolaños, quien lo tenía en la mira luego de expedir en septiembre pasado una “atenta nota” en la que exponía una serie de irregularidades cometidas en la aprobación del Fondo de Protección de Pagos, que opera desde agosto del año pasado bajo una cascada de señalamientos e irregularidades.

Así, parece que el funcionario se niega a escuchar cualquier tipo de crítica o señalamiento a sus labores al frente del Fonacot, a pesar de que al ser colocado en el puesto no contaba con las credenciales necesarias. Además de este movimiento, también convocó a sesión del Consejo Directivo por medios electrónicos el viernes pasado, pero sin someter a escrutinio el despido del litigante, ni otros asuntos de interés de sus integrantes.

Arca la libra

No obstante que sufrió cierres temporales en los países donde tiene presencia, la firma Arca Continental, que preside Jorge Santos y dirige Arturo Gutiérrez, no la pasó del todo mal durante lo que va de la pandemia. Prueba de ello es que, la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola, y con operaciones en México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos, cerró el primer trimestre con 5.3% de incremento en sus ventas, en parte por la subida del dólar, pero también por la estrategia librada por la regiomontana, que ha puesto especial empeño en iniciativas para fortalecer a su cadena de valor. Destacan programas para motivar a las tiendas de barrio a continuar operando, así como brindarles acceso a financiamiento y ejecutar estrictas medidas de seguridad e higiene.


@MarioMal
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