El golpazo a Iberdrola y sus daños colaterales

La bonanza de Iberdrola se construyó precisamente en el gobierno del panista Felipe Calderón

El golpazo a Iberdrola y sus daños colaterales
Cartera 22/10/2021 03:00 Actualizada 03:10
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La reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a la industria eléctrica tiene un destinatario principal: la española Iberdrola, que abusó de la figura de autoabastecimiento y convirtió en sus socios, con un porcentaje mínimo, a decenas de empresas para beneficiarse de los subsidios y las bajas tarifas de la CFE. Esto, y que la empresa esté vinculada al calderonismo y tenga el sello de los conquistadores, ha sido suficiente para que la 4T haya desatado toda su furia en este sector estratégico.

La política neoliberal, el expresidente Felipe Calderón y las secuelas de sumisión que dejaron casi 300 años de colonización española están representadas en Iberdrola, por lo que el resultado esperado de un nuevo marco jurídico para el sistema eléctrico es la desaparición de las operaciones de esa compañía, o por lo menos de su supremacía en el mercado.

El primer contrato en México de la poderosa empresa española llegó con los gobiernos neoliberales en 1984, durante la administración de Miguel de la Madrid, cuando se firmó un convenio con Iberdrola para construir y operar la planta nuclear de Laguna Verde. Desde entonces tuvo un ascenso meteórico en su relación con CFE, hasta que los cambios constitucionales de las últimas décadas le permitieron colocarse como el mayor productor privado del país, con una capacidad de generación de alrededor de 10 mil 500 MW –alrededor de 20% de la generación total–, a través de una treintena de centrales eléctricas de ciclo combinado, eólicas y fotovoltaicas, presentes en al menos 13 estados de la República.

La empresa dice tener en México unos mil 500 empleados y presume inversiones totales en infraestructura superiores a 150 mil millones de pesos. También se registra en sus estadísticas haber recibido subsidios por 56 mil millones de pesos, una quinta parte de los subsidios que se dieron a las empresas eléctricas en general, repartidos en compensaciones por tarifas de porteo –derechos que pagan los privados por utilizar las líneas de transmisión– y por pérdidas técnicas y no técnicas de la CFE.

La bonanza de Iberdrola se construyó precisamente en el gobierno del panista Felipe Calderón, iniciando ese sexenio con un contrato para renovar la Central Nuclear de Laguna Verde por un monto de 600 millones de dólares. La firma ya acumulaba en México para 2006, según los informes en España, ingresos por alrededor de mil millones de euros. A finales del calderonismo esa cifra se había elevado a 2 mil 800 millones de euros.

No resultó extraño que en 2016 Calderón fuera invitado a integrarse al Consejo de Administración de la compañía Avangrid, con sede en Estados Unidos, pero filial de Iberdrola. Tampoco que Georgina Kessel, quien fuera secretaria de Energía durante casi toda la administración de Calderón, y además presidenta de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, se integrara como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España.

A esto se suma que la empresa tiene como origen una nación que, en las palabras de López Obrador, dejó heridas profundas a los mexicanos por la Conquista. Por todo esto, el proyecto de un nuevo sector eléctrico tiene como obligación borrar del mapa a Iberdrola, justo como se quiere borrar de los espacios públicos los nombres y monumentos de Hernán Cortés y Cristóbal Colón –aunque de origen italiano, pero apoyado en su afán descubridor por los reyes de España–.

Al parecer, las demás productoras privadas, nacionales o extranjeras, perderán sus privilegios en el Mercado Eléctrico Mayorista como un daño colateral, resultado de un embate gubernamental a una empresa acusada de recibir favores de pasadas administraciones, principalmente panistas, para ponerse al nivel de la CFE.

El gobierno de la 4T le envió ya un aviso con las reformas a la Ley Eléctrica, contra las que se ampararon en el Poder Judicial, por lo que ahora tendrán que completar el golpe intentando modificar la Constitución. El golpazo a Iberdrola significa un puntapié neurálgico a todo el sistema, que depende en buena medida de la española.

 

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