El probable asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz volvió a poner bajo escrutinio el modelo de seguridad que impera en el país. Las primeras líneas de investigación apuntan a la participación de policías municipales en su secuestro. Ocurrió en un estado donde la seguridad pública está bajo la conducción del vicealmirante Alfonso Reyes Garcés y donde la coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales forma parte del modelo impulsado por la Federación.
La estrategia que fue ideada primero por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum ha sido un fracaso. Al corte de junio de 2026, 14 de las 32 entidades tienen al frente de sus corporaciones a integrantes de las Fuerzas Armadas. Siete provienen del Ejército y siete de la Marina.
Los resultados, sin embargo, han sido adversos. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el inicio del sexenio de López Obrador han sido asesinados 57 periodistas, de los cuales 47 ocurrieron entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, y 10 durante el gobierno de Sheinbaum. Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, acumula ocho periodistas asesinados desde 2018. Veracruz, primero con Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, suma siete y continúa siendo la entidad con el mayor número histórico de periodistas asesinados desde el 2000.
Las reacciones políticas han sido desafortunadas e indolentes. La gobernadora Rocío Nahle pidió no asumir que el homicidio esté relacionado con su actividad periodística. En Sonora, Durazo ha sostenido que la violencia contra periodistas responde al contexto criminal del estado. Lo cierto es que dos entidades que más han apostado por la coordinación con las Fuerzas Armadas —Sonora también tiene a un mando naval al frente de la seguridad con Braulio Martínez Navarrete— concentran el mayor número de periodistas asesinados del país durante la llamada 4T.
La organización México Evalúa ha documentado que los estados encabezados por mandos militares presentan, en promedio, tasas de homicidio superiores a las de aquellos dirigidos por perfiles civiles o policiales. No demuestra que los generales o almirantes sean la causa de la violencia, pero sí desmonta la premisa de que su sola presencia produzca mejores resultados.
El caso más ilustrativo es Sinaloa. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa provocó el mayor deterioro de la seguridad en décadas. En medio de esa crisis fue relevado el general Gerardo Mérida Sánchez, quien posteriormente enfrentó acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Hace apenas unas semanas, al ser cuestionado sobre los señalamientos contra Mérida Sánchez, Trevilla respondió que la Defensa “no tiene nada que opinar” porque los secretarios de Seguridad son decisión de los gobiernos estatales. Formalmente tiene razón. Jurídicamente los nombramientos corresponden a los gobernadores. Pero en la práctica ocurre algo distinto. La opinión de la Secretaría de la Defensa o de la Marina suele convertirse en una recomendación difícil de rechazar.
El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general Trevilla encabezan instituciones con una influencia inédita en la seguridad nacional. El problema es que la concentración de responsabilidades no ha venido acompañada de resultados equivalentes. Veracruz, Sonora, Sinaloa, Colima, Morelos y otras entidades han mantenido mandos militares o navales mientras mantienen altos niveles de violencia, homicidios, desapariciones o agresiones contra periodistas.
Es el fracaso de las Fuerzas Armadas en la seguridad de los estados.
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