El probable asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz volvió a poner bajo escrutinio el modelo de seguridad que impera en el país. Las primeras líneas de investigación apuntan a la participación de policías municipales en su secuestro. Ocurrió en un estado donde la seguridad pública está bajo la conducción del vicealmirante Alfonso Reyes Garcés y donde la coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales forma parte del modelo impulsado por la Federación.
La estrategia que fue ideada primero por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum ha sido un fracaso. Al corte de junio de 2026, 14 de las 32 entidades tienen al frente de sus corporaciones a integrantes de las Fuerzas Armadas. Siete provienen del Ejército y siete de la Marina. Nunca antes había existido una presencia tan amplia de generales, almirantes y capitanes tomando decisiones sobre la seguridad pública local.
Los resultados, sin embargo, han sido adversos. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el inicio del sexenio de López Obrador han sido asesinados 57 periodistas, de los cuales 47 ocurrieron entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, y 10 durante el gobierno de Sheinbaum. Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, acumula ocho periodistas asesinados desde 2018. Veracruz, primero con Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, suma siete y continúa siendo la entidad con el mayor número histórico de periodistas asesinados desde el 2000.
Las reacciones políticas han sido desafortunadas e indolentes. La gobernadora Rocío Nahle pidió no asumir que el homicidio esté relacionado con su actividad periodística. Es una postura que recuerda respuestas similares frente a otros asesinatos de comunicadores que posteriormente sí fueron reconocidos por organismos nacionales e internacionales como ataques vinculados al ejercicio de la profesión. En Sonora, Durazo ha sostenido que la violencia contra periodistas responde al contexto criminal del estado. Lo cierto es que dos entidades que más han apostado por la coordinación con las Fuerzas Armadas —Sonora también tiene a un mando naval al frente de la seguridad con Braulio Martínez Navarrete— concentran el mayor número de periodistas asesinados del país durante la era de la llamada 4T.
La organización México Evalúa ha documentado que los estados encabezados por mandos militares presentan, en promedio, tasas de homicidio superiores a las de aquellos dirigidos por perfiles civiles o policiales. No demuestra que los generales o almirantes sean la causa de la violencia, pero sí desmonta la premisa de que su sola presencia produzca mejores resultados.
El caso más ilustrativo es Sinaloa. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa provocó el mayor deterioro de la seguridad en décadas. En medio de esa crisis fue relevado el general Gerardo Mérida Sánchez, quien posteriormente enfrentó acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Su lugar fue ocupado por otro general, Sinuhé Téllez López. El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció públicamente que ese nombramiento se realizó a propuesta del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.
Hace apenas unas semanas, al ser cuestionado sobre los señalamientos contra Mérida Sánchez, Trevilla respondió que la Defensa “no tiene nada que opinar” porque los secretarios de Seguridad son decisión de los gobiernos estatales. Formalmente tiene razón. Jurídicamente los nombramientos corresponden a los gobernadores. Pero en la práctica ocurre algo distinto. La opinión de la Secretaría de la Defensa o de la Marina suele convertirse en una recomendación difícil de rechazar, como el propio caso de Sinaloa terminó confirmando.
El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general Trevilla encabezan instituciones con una influencia inédita en la seguridad nacional. Bajo su órbita operan la Guardia Nacional, puertos, aduanas, inteligencia y una parte creciente de la seguridad pública estatal. El problema es que la concentración de responsabilidades no ha venido acompañada de resultados equivalentes. Veracruz, Sonora, Sinaloa, Colima, Morelos y otras entidades han mantenido mandos militares o navales mientras mantienen altos niveles de violencia, homicidios, desapariciones o agresiones contra periodistas.
Es el fracaso de las Fuerzas Armadas en la seguridad de los estados.
Posdata 1
Nuevo León se perfila como una de las contiendas más competidas de 2027 y, al mismo tiempo, una de las más avanzadas en la definición interna de Morena. De acuerdo con fuentes de Morena, esa candidatura quedó reservada para una mujer como parte del acuerdo para postular a 10 mujeres en las 17 gubernaturas que estarán en juego. En ese escenario, la exsecretaria de Economía y extitular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier, aparece hoy como la aspirante con mayores posibilidades de convertirse en la coordinadora estatal de la Cuarta Transformación y, posteriormente, en la candidata al gobierno del estado.
La definición no significa que la competencia esté cerrada. Clara Luz Flores también busca nuevamente la nominación y mantiene presencia dentro del movimiento, mientras que Judith Díaz continúa activa en el estado. La decisión de reservar la candidatura para una mujer modifica por completo el panorama para otros aspirantes como Waldo Fernández y Andrés Mijes, quienes, pese a sus recorridos y estructuras políticas, tendrían un margen de maniobra mucho más reducido si el criterio de género se mantiene hasta la designación final.
Por su parte, el gobierno de Samuel García atraviesa uno de sus momentos más complejos. El Congreso local reabrió el procedimiento de juicio político en su contra, mientras que la administración estatal enfrenta un creciente desgaste político derivado de sus constantes confrontaciones institucionales. El gobernador ha buscado reposicionarse con anuncios populares, como el reparto de cerveza gratuita durante el Mundial en Monterrey, pero poco favorables realmente para su imagen.
Posdata 2
Quintana Roo es otro de los 10 estados donde la dirigencia nacional de Morena busca impulsar la equidad de género en la definición de las 17 candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en 2027.
Se trata de una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado privilegiar la postulación de mujeres en entidades donde Morena ya gobierna con una mandataria estatal y donde el partido ha recibido un amplio respaldo ciudadano.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó que, una vez concluido el proceso de registro y realizadas las encuestas, se valorará el criterio de equidad de género para definir las candidaturas.
El proyecto contempla que 10 de las 17 gubernaturas sean encabezadas por mujeres. Entre los estados considerados bajo ese esquema se encuentran Quintana Roo, Tlaxcala, Guerrero y Nuevo León.
En Quintana Roo se registraron cuatro aspirantes: Marybel Villegas, Ana Paty Peralta, Rafael Marín y Eugenio Segura.
La definición recaerá en los resultados de las encuestas, el desempeño político de cada aspirante, su nivel de aceptación entre la ciudadanía, sus aportaciones al partido y una revisión de antecedentes para descartar posibles vínculos con actos de corrupción, proceso en el que participa la Unidad de Inteligencia Financiera.
Dentro de ese grupo, Marybel Villegas y Rafael Marín son considerados los perfiles con mayor arraigo dentro de Morena en la entidad. Villegas ha recorrido Quintana Roo durante más de dos décadas desde distintos cargos de representación popular, mientras que Marín fue uno de los fundadores del partido en el estado.
Ambos acompañaron a Andrés Manuel López Obrador durante el movimiento de resistencia de 2006, incluido el plantón que se instaló sobre Paseo de la Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente, Rafael Marín ha ocupado diversos cargos en los gobiernos de la Cuarta Transformación, mientras que Marybel Villegas ha sido senadora, diputada federal y diputada local.
Posdata 3
Los terremotos que sacudieron Venezuela activaron una respuesta del sector financiero. Banco Azteca anunció que, del 27 de junio al 10 de julio, eliminará el cobro de comisiones en todos los envíos de dinero desde México hacia ese país realizados a través de Western Union y MoneyGram, sin importar el monto de la transferencia. La medida busca facilitar que los venezolanos residentes en México apoyen de inmediato a sus familias afectadas por la emergencia.
La institución de Grupo Salinas aprovechará su amplia red de sucursales y sus alianzas con operadores internacionales para reforzar un servicio que en estos momentos es imperativo para agilizar la ayuda a Venezuela. La exención de comisiones incentiva que una mayor proporción de las transferencias se canalice por esa infraestructura durante el periodo de apoyo.
Habrá que observar si otras instituciones financieras replican medidas similares ante emergencias internacionales. En una región donde las remesas representan una fuente esencial de ingresos para millones de hogares, la velocidad con la que reaccionan los intermediarios financieros puede resultar tan relevante como la ayuda gubernamental o la cooperación internacional.
@MarioMal.
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