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A finales de 2012, con 67 años de edad y 24 al frente de la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas reunió a sus colaboradores y asesores más cercanos para expresarle sus inquietudes. Les habló de su plan para perpetuarse en la dirección general prácticamente hasta el final de sus días.
El objetivo no era sencillo. Las reglas de una sociedad cooperativa se diseñaron para evitar que estas agrupaciones fueran manejadas como una empresa familiar; sin embargo, el control que el apellido Álvarez mantenía en la Asamblea General de la cementera desde los años 50 –cuando su padre Guillermo Álvarez Macías era presidente del Consejo de Administración– le permitía soñar en grande.
De acuerdo con la información que han revelado los implicados, en la reunión participaron los hermanos Guillermo y José Alfredo Álvarez Cuevas , su cuñado Víctor Garcés Rojo y su sobrino Mario Sánchez Álvarez, este último encargado del manejo financiero de la cooperativa. Los acompañaron el entonces director jurídico de Cruz Azul, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez , y el polémico asesor legal Ángel Martín Sepúlveda Junquera ; estos últimos con orden de aprehensión, escondidos en Miami y con intención de someterse a un criterio de oportunidad para delatar a ‘Billy’ Álvarez y cercanos.
Dada la complejidad de los fines, se dijo en esa reunión la necesidad de sacar recursos de la empresa para sobornar a cooperativistas disidentes y a autoridades involucradas en su regulación. Lo que fuera necesario para mantener el control de la organización y para amasar grandes fortunas.
Las recomendaciones emitidas por el abogado Sepúlveda Junquera derivaron en lo que hoy tiene al famoso “Billy” prófugo de la justicia: la construcción de una red de empresas fachada que permitiera desviar recursos de la cementera, argumentando la contratación de servicios que nunca se iban a realizar.
En su descargo, Sepúlveda Junquera aseguró en su escrito dirigido a la Fiscalía General de la República que la sugerencia se basó en un esquema que era común en La Cruz Azul , pues con éste mismo modelo los Álvarez y sus cercanos descapitalizaron el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los cooperativistas, al que le sacaron por los menos unos 160 millones de pesos los 90.
Fue así que surgió el esquema de desvíos mediante empresas identificadas como Expertos en Asesoría Empresarial SA. de CV.; K&C Consulting SA. de CV.; Asesorías Profesionales Eicer SA. de CV.; Plexival SA. de CV.; Transau SA. de CV.; Aura Desarrollo Social SA. de CV.; Servicios Profesionales Baal SC.; Corporativo Facundia SA. de CV.; Hesperia Imagina SA. de CV. y Margen Asesores SC.
A través de esta nueva red diseñada por Junquera es que se habrían desviado 429 millones de pesos y 44 millones de dólares, mismos que “Billy” Álvarez movió en el sistema financiero y que son objeto de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y de la FGR de Alejandro Gertz .
Además de la estrategia, se diseñó a partir de ese momento una legal que buscó sacar de la organización a todo cooperativista que mostrara intenciones de reclamar una monopolizada dirección, una afrenta que debía pagarse incluso con la cárcel, a través de delitos fabricados y judicializados con ministerios públicos y jueces “amigos”.
En este caso se encontraron los disidentes José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, el último denunciado penalmente hasta en 15 ocasiones desde 2015. Hoy el perseguido grupo dice tener el control, pero sin la historia y poder de los Álvarez se augura que en breve, quizá esta misma semana, tengan que ceder el mando a un nuevo socio.
El final de esta trágica historia está cerca.
Empresas, por más pruebas rápidas
Con la finalidad de evitar nuevamente el cierre de sus actividades por un posible tercer pico de la pandemia del Covid-19, muchas empresas del país han optado por aplicar de manera frecuente pruebas rápidas de antígenos a su personal.
Para la mayoría, especialmente las del sector servicios, un nuevo cierre significaría la quiebra. Con la aplicación de estas pruebas, el sector empresarial busca demostrar a la autoridad que sus centros de trabajo no representan riesgo ni son focos de contagio.
En el mercado mexicano existen cuatro pruebas de este tipo que se están comercializando. La que ha tenido mejor desempeño, según el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), es Standard Q Ag, desarrollada por el laboratorio surcoreano SD Biosensor. Su certidumbre en los resultados le ha abierto la puerta del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Zoé Robledo , que a principios del año compró 2.6 millones de pruebas Standard Q Ag para aplicarlas en sus clínicas.
Lo mismo grupos del sector privado como Carso, Telcel, Sanborns e Inbursa, entre otras del multimillonario Carlos Slim , han adquirido y aplicado estas pruebas a sus trabajadores. En el sector turístico la utilizan centros como Xcaret y hoteles de las cadenas Hyatt y Hilton.
Roban computadores en hospital 'covid'
En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra una denuncia por el delito de robo de un lote de computadoras en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, el cual ocurrió el pasado 23 de marzo ante los ojos de buena parte de los colaboradores del nosocomio que trata complicaciones por Covid-19.
El proveedor de servicios de tecnología Mainbit denunció que la bodega en la que resguardaban los equipos de cómputo nuevos fue forzada. Desaparecieron 18 computadoras de escritorio con un valor superior a los 300 mil pesos, las cuales, por sus dimensiones, son imposibles de trasladar de manera oculta por los pasillos del hospital.
El 31 de marzo los ministerios públicos de la Fiscalía a cargo de María de la Luz Mijangos le dieron entrada a la querella, pues es un caso en el que podrían estar involucrados, según la imputación, el director General Adjunto de Administración y Finanzas, Francisco Salvador Valadez Saldaña , y la directora de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, Jacqueline Pineda Pineda , ambos responsables por reglamento de la seguridad de los bienes dentro del inmueble.
Grupo Intra, en la mira
En Veracruz las escándalos se han intensificado con relación al incendio sucedido la semana pasada en las instalaciones de Grupo Intra. La familia Ruíz Anitúa , dueña de la empresa, se encuentra bajo investigación de diversas autoridades, entre ellas de la Fiscalía General de la República, pues el equipo de Alejandro Gertz Manero ha dado seguimiento a los saqueos de los gobiernos de Roberto Borge en Quintana Roo y a una de las compañías del grupo ligadas con el exgobernador: Taxi Aéreo Villa Rica.
La Unidad de Inteligencia Financiera también indaga sobre el presunto lavado de dinero que se habría concretado en la Comisión de Agua de Boca del Río, donde Constructora y Promotora Mailbrán, otro de los negocios de Intra, se quedó con 40% de la concesión entregada durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares.
@MarioMal