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El destino de Alonso Ancira y el pacto con AMLO

Mario Maldonado

Alonso Ancira llegó ayer por la tarde a la Ciudad de México, procedente de Palma de Mallorca, luego de 20 meses de haber permanecido en España tras su detención por presuntos delitos cometidos en México. El llamado rey del acero, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), viene con un arreglo reparatorio en mano, pero sus abogados no están seguros de que será respetado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobierno mexicano, particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, demandan a Ancira el pago de 200 millones de dólares por el presunto sobrecosto de la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex, realizada en 2014. Por esta razón, y otros delitos que se fueron sumando durante el proceso, como fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental, el empresario fue presentado ante un juez de control en el Reclusorio Norte.

La extradición del rey del acero se dio luego de una larga batalla entre las autoridades mexicanas y el gobierno de España, que le otorgó, un mes después de su detención, la libertad condicional.

Ni siquiera el influyente abogado Jorge Pecourt, quien defendió al jugador del Barcelona, Lionel Messi, del fraude fiscal del que fue acusado, logró que la Audiencia Española impidiera el regreso de Ancira a tierras mexicanas. Su principal argumento de defensa fue que era un perseguido político.

El acuerdo reparatorio de Ancira fue recibido por la FGR el 26 de enero y busca la extinción de la acción penal, es decir que se retiren los cargos en su contra. El arreglo establece que se subsanen los 200 millones de dólares en cuatro pagos anuales de 50 millones cada uno. En garantía, 45% de las acciones de Ancira y Xavier Autrey Maza se quedará en la nueva asociación que absorbió a Altos Hornos de México, llamada Alianza Minerometalúrgica Internacional.

En diciembre, Alonso Ancira, presionado por las autoridades mexicanas, accedió a vender el 55% de AHMSA a un grupo de inversionistas liderados por el empresario Julio Villarreal, dueño de Villacero y Banca Afirme, para poder financiar el pago de 200 millones de dólares que le exigía el gobierno de López Obrador como acuerdo reparatorio.

Con este acuerdo en mano, Ancira debería librar la cárcel, una vez que sea aprobado por la FGR. Si esto se cumple, así como sucedió con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no se le vería públicamente ingresar a un reclusorio, por lo que llegaría a un hospital de la Ciudad de México, donde se mantendría hasta que quede formalmente en libertad.

Sin embargo, el área jurídica de Pemex al parecer busca que esto no sea así. El martes, el apoderado legal de la petrolera, Alejandro Cordero Escalona, envió un escrito a la Fiscalía General de la República para reclamar a Altos Hornos de México otros 4 mil 200 millones de pesos (aproximadamente 150 millones de dólares) por el daño patrimonial y el incremento de gastos que generó la compra de la planta de Agronitrogenados.

El reclamo de Petróleos Mexicanos concuerda con la extradición de Ancira a México y la entrega del acuerdo reparatorio que se pactó con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
El destino judicial del rey del acero es todavía incierto, pero su desenlace sentará un precedente en torno al caso de Emilio Lozoya Austin y los exfuncionarios a los que acusó el exdirector general de Pemex, a quienes ni siquiera se les ha podido llamar a comparecer, y menos se les ha podido integrar un expediente lo suficientemente sólido para girarles órdenes de aprehensión.

Corte da revés a AMLO, Nahle y Bartlett

Dos días le duró al presidente Andrés Manuel López Obrador el gusto de poner de cabeza al sector energético con su iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de energía sobre los generadores privados.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que la Política de Confiabilidad de la red eléctrica que promovió la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, obstruye la competencia en el mercado eléctrico, por lo que ordenó la cancelación definitiva de ese nuevo ordenamiento.
La controversia constitucional la interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, al argumentar que la Secretaría de Energía excedió sus atribuciones al querer modificar dicha política en beneficio de la CFE, de Manuel Bartlett.

La noticia cae como balde de agua fría en Palacio Nacional, no sólo porque delinea el camino que seguirá el Poder Judicial frente a los amparos y controversias que interpongan los productores de energías limpias si se aprueba la iniciativa que mandó el lunes el Presidente, sino porque tampoco procederá la integración de la Cofece al gobierno federal, puesto que viola el T-MEC.

Mal precedente para los cambios que la 4T pretende hacer en el sector energético.

 

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