El desastre del Insabi

Mario Maldonado

A seis meses de su puesta en marcha, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha probado ser un fracaso operativo y administrativo, como lo anticiparon los expertos del sector, quienes criticaron la premura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por desaparecer el Seguro Popular.

“A partir de hoy, el Insabi sustituye a Seguro Popular y ofrecerá de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos sin seguridad social”, afirmó el 1 de enero pasado su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, un antropólogo a quien prácticamente no se le ha visto desde entonces porque no hay nada bueno que comunicar desde su institución.

Fue el presidente López Obrador quien el 15 de mayo de 2020, en pleno embate del coronavirus, dijo que su gobierno “ya había empezado el proceso de mejorar la atención médica y los servicios de salud en general”, refiriéndose a los 40 mil millones de pesos que en noviembre de 2019 ordenó que se pasaran del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Fondo de Salud para el Bienestar para fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratar médicos y abastecer de medicamentos al nuevo organismo.

Según el presidente, parte del dinero se usó para “concluir 20 hospitales que estaban a punto de terminarse o se habían quedado sin personal (sic)”. Sin embargo, no está claro en qué se gastaron los recursos o si se ejercieron. El escándalo es que a la fecha el Insabi no cuenta con reglas de operación, por lo que no puede ejercer el gasto.

Las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar son muy importantes, ya que el Insabi funge como fideicomitente y, sin ellas, no se puede ejercer el gasto. La Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, teóricamente a cargo del doctor Jorge Alcocer, fue la responsable del proceso de transferencia de los 40 mil millones de pesos con los que supuestamente opera el Insabi. No obstante, han sido las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera, y de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, las encargadas de hacer la transferencia de empleados del Seguro Popular al Insabi, así como los recursos financieros y materiales.

La ley otorga 180 días para emitir las reglas de operación una vez que el organismo entró en funcionamiento. La estructura del Insabi fue aprobada el 29 de noviembre de 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2020, por lo que la fecha límite para tener la reglamentación que le permita operar venció el 30 de junio. Es increíble que, en plena emergencia de salud, el instituto que se supone es el encargado de darle cobertura a 69 millones de mexicanos no tenga las reglas para operar, lo cual además infringe la ley.

El 4 de junio, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN denunciaron al Insabi y a su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, por la falta de acciones concretas para hacer frente a la contingencia sanitaria y carecer de las reglas de operación necesarias que den atención a pacientes con enfermedades graves.

Asimismo, exigieron cuentas claras de todos los recursos erogados por el instituto, ya que no existe claridad en su ejercicio por carecer de reglamentación.

“Para el gobierno federal la prioridad no son los más vulnerables, el Insabi no garantiza la atención de quienes más lo necesitan, mucho menos es prioridad dar certidumbre a las niñas y niños”, dijo la senadora Martha Cecilia Márquez, acompañada de las senadoras Alejandra Reynoso, el coordinador Mauricio Kuri y el senador Damián Zepeda.

Los gobiernos estatales fueron presionados para que firmaran el convenio con el Insabi, lo cual fue rechazado por algunos gobernadores, quienes argumentaron la falta de reglas de operación, lo cual impedía conocer a fondo el funcionamiento administrativo. Pese a todo, se echó a andar y es momento en que no se sabe con claridad el destino de los recursos que se han ejercido sin reglamentación.

El desastre del Insabi habría pasado factura a la red de hospitales del gobierno federal y de los estados, y es uno de los culpables del severo desabasto de medicamentos, sobre todo en los de alta especialidad.

El Fondo de Gastos Catastróficos incluía la atención de 66 enfermedades especializadas, pero desapareció para darle paso al Fondo de Salud para el Bienestar. Esto fue lo que derivó en la huelga de hambre que llevaron a cabo por 56 horas los padres de niñas y niños con cáncer, debido a la falta de quimioterapias para sus hijos. El asunto terminó de explotar en las redes sociales, con una respuesta incendiaria de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de Twitter.

Así que, además de que no se sabe el destino de los 40 mil millones de pesos que se le otorgaron al Insabi, tampoco el de los otros 26 mil que completaban el Fondo de Gastos Catastróficos.
Un auténtico desastre lo que pasa en el Insabi, y que debería tener a su titular, Juan Ferrer –de por sí está desaparecido–, fuera de la administración pública y quizá dedicándose a su pasión: la arqueología.

Gustavo de Hoyos, guardián de la democracia

En este espacio le dimos a conocer los intentos de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, para competir en 2024 por la Presidencia de la República; esto con el apoyo de un grupo de personajes ligados a la llamada “derecha religiosa” y al expresidente Felipe Calderón.

La nueva es que, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, el líder del sindicato patronal se declaró también guardián de la democracia y, ya montado en su papel, se lanzó contra los aspirantes al Consejo General del INE que tienen, o que tuvieron en el pasado, alguna relación con un gobierno o movimiento de la izquierda.
 

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