Andrés Manuel López Obrador 

y Ricardo Monreal son dos políticos cortados por la misma tijera: iniciaron sus carreras en el PRI de los años 70, crecieron en sus estados natales (Tabasco y Zacatecas) y luego aterrizaron en la Ciudad de México, la capital que les cumpliría –y financiaría– sus ambiciones políticas. Maquiavélicos como son, han chocado y se han distanciado varias veces, pero no al grado de querer destruirse. Se saben iguales y se conocen sus pecados políticos. Ambos tienen hermanos incómodos y familiares que les han acarreado más de una crisis. Hoy, en medio de la depresión económica más profunda de los últimos 88 años, los dos políticos setenteros han decidido promover iniciativas radicales que podrían poner al país en una trayectoria de no retorno, de destrucción de confianza y fuga de inversiones que harían imposible la recuperación económica en lo que resta del sexenio.

En sus primeros dos años de gobierno, López Obrador impulsó todos los cambios posibles en la administración pública y las leyes para sentar las bases de su proyecto político. El destino no le ha facilitado las cosas, y menos en 2020 con la llegada del Covid-19 que terminó cobrándole factura en carne propia.

A finales del año pasado, el Presidente promovió una reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación laboral –el llamado outsourcing– que busca desaparecer esa figura legal y criminalizar a quienes la usen. La medida radical impacta transversalmente a toda la economía, desde los grandes corporativos nacionales e internacionales hasta las pequeñas y medianas empresas… y también a la administración pública. El sector formal de la economía genera 77% del PIB y los grandes contribuyentes 80% de los impuestos, es decir, poco más de la mitad de todos los ingresos del gobierno.

Un golpe como el que se pretende dar a las empresas, además de poner en incertidumbre a los cerca de 5 millones de trabajadores que trabajan bajo un esquema de outsourcing, envía un mensaje nocivo para la inversión privada, que ya de por sí tuvo en 2020 uno de sus peores años. Las industrias más importantes, pasando por toda la cadena del sector agropecuario, manufacturero y de servicios se verían impactadas por la reforma a ley, lo que detonaría la salida de capitales y el freno a una buena parte de inversiones nuevas.

El lunes, desde su cuarentena en Palacio Nacional, el Presidente lanzó otro dardo envenenado a la inversión privada. Se trata de una iniciativa preferente para desplazar a las empresas generadoras de energías limpias en favor de la CFE, la cual tiene efectos adversos en materia de competencia, de costos de la electricidad, de confianza para los inversionistas y pone a México en vísperas de una disputa con nuestros principales socios comerciales (Estados Unidos y Canadá) bajo los términos del T-MEC.

Ricardo Monreal también acumula propuestas radicales, principalmente enfocadas en el sector financiero, que representa en su conjunto casi 7% del PIB y cuyo índice de crédito interno al sector privado llega a 35% del PIB. El titular de la Junta de Coordinación Política del Senado intentó fijar un tope a las comisiones bancarias y más recientemente propuso cambiar la Ley de Banco de México para supuestamente beneficiar a los paisanos que retornan al país con dólares en efectivo, los cuales solo representan el 0.7% del total. En el banco central y en la Secretaría de Hacienda se dieron cuenta que la iniciativa beneficiaba a un solo banco y la más probable es que se eche para atrás, aunque Monreal se mantiene firme y busca una salida decorosa que evite que parezca una derrota política.

Así, mientras este tema genera críticas en México y el exterior, el coordinador de Morena en el Senado distrae la atención con otra iniciativa para intentar regular las redes sociales y así agradar al Presidente, quien ahora ve en Facebook y Twitter (sus dos principales vías de comunicación fuera de los medios tradicionales) a dos plataformas que atentan contra la libertad de expresión. Pasó de verlas como ‘benditas’ a malditas.

López Obrador y Monreal se necesitarán y se apoyarán hasta que tengan que dejar de hacerlo. Son dos viejos lobos de mar que ejercen en su máxima plenitud el poder, quizá pensando que siempre lo tendrán.

GIA construye en Honduras

La empresa Grupo GIA, que opera en México el Cefereso Femenil #13 en Miahuatlán, Oaxaca, de lo cual dimos cuenta en entregas anteriores, ahora desarrolla centros cívicos en otros países.

En Honduras construyó un Centro Cívico Gubernamental donde laboran casi 10 mil funcionarios de 37 dependencias federales. Según información que hicieron llegar a este espacio, fue desarrollado por 3 mil 800 trabajadores, de los cuales el 65% son migrantes hondureños deportados de los Estados Unidos.

La visión de la empresa que encabeza Hipólito Gerard Rivero es que los desarrollos de infraestructura gubernamental, además de generar impactos directos en materia de atención ciudadana y creación de empleo, también contribuyan al desarrollo social de la región donde se construyan.

Actualmente operan dependencias del gobierno hondureño como el Servicio de Administración de Rentas, la Superintendencia de Alianzas Público Privada, la Secretaría de Defensa y el Instituto Hondureño de Turismo, entre otras.

@MarioMal
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