La discusión sobre las afores, donde están los ahorros para el retiro de los trabajadores mexicanos, volvió al centro del debate público, pero no por un cambio cualquiera sino por la forma en que se cruzaron la urgencia de inversión pública y privada y la percepción de riesgo que detonaron los ajustes legislativos.
La aprobación en el Senado de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica abrió la puerta a que los recursos administrados por las Afores participen en proyectos gubernamentales de largo plazo. En la opinión pública se instaló la idea de una eventual expropiación del ahorro. En ese contexto, la voz que salió a contener el ruido fue la de Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore.
En entrevista en mi programa de radio Bitácora de Negocios, Zamarripa dijo que la ley no modifica el régimen de inversión de las Afores ni altera los límites establecidos por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. No impone obligaciones ni cuotas forzosas de inversión en infraestructura. Lo que hace es habilitar vehículos para financiar proyectos, algo que ya existía en el sistema a través de instrumentos como CKDs, CERPIs o fibras. La decisión de invertir sigue en manos de cada administradora, bajo criterios de rentabilidad y riesgo. El dinero, insistió, sigue siendo de los trabajadores.
Según la Amafore, la legislación no cambia el porcentaje máximo de exposición a activos alternativos, que puede llegar hasta 30% en ciertas siefores, particularmente las más jóvenes. Tampoco altera los procesos de gobierno corporativo. Cada inversión pasa por comités internos, consejeros independientes y filtros regulatorios. El mensaje de la asociación que incluye a las 10 administradoras del sistema buscó corregir una narrativa que, en cuestión de horas, colocó al sistema de ahorro para el retiro en un terreno de incertidumbre.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó esa línea. La ley, dijo, busca detonar inversión en infraestructura en un país que arrastra rezagos históricos en transporte, energía y agua… y que hoy grita con urgencia que necesita inversión privada. Canalizar ahorro interno hacia proyectos productivos con horizonte de largo plazo puede generar rendimientos estables y al mismo tiempo dinamizar la actividad económica, aunque con muchos riesgos. La clave está en el diseño de los vehículos y en la disciplina de las inversiones.
El sistema de afores se construyó sobre una premisa de que el ahorro es propiedad del trabajador y está protegido por reglas estrictas. Pero cada ajuste que toca esa arquitectura, incluso de manera indirecta, genera ruido. Más aún cuando el entorno reciente incluye cambios relevantes. En 2025 se endurecieron los retiros por desempleo para evitar abusos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que las subcuentas puedan ser embargadas en casos de pensión alimenticia. Las comisiones descendieron a niveles históricamente bajos. El sistema se ha ido moviendo y es un botín apetitoso de 6.3 billones de pesos para cualquier gobierno.
La nueva ley se inserta en esa secuencia. Es parte de un rediseño más amplio que busca fortalecer el sistema de pensiones y, al mismo tiempo, utilizarlo como palanca de inversión. Una mayor participación en infraestructura puede mejorar rendimientos si los proyectos son sólidos y están bien estructurados. Pero también expone a riesgos distintos a los tradicionales instrumentos financieros.
Ahí es donde se juega la credibilidad del modelo. Si los proyectos se seleccionan con criterios técnicos, si hay transparencia en los vehículos y si la supervisión se mantiene firme, el sistema puede evolucionar sin comprometer el ahorro. Si se politiza la asignación de inversiones o se relajan los estándares, el costo sería alto y de largo plazo.
Por ahora no hay cambios en la propiedad de los recursos. Lo que hay es una apuesta por vincular el ahorro pensionario con el desarrollo del país. Sin embargo, está en juego la confianza en uno de los pilares financieros más importantes del país: las pensiones de los trabajadores mexicanos.
Posdata 1
El post de Mario Delgado lo dijo todo. El titular de la SEP dejó ver que su futuro inmediato no está en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum —donde ya enfrentó varias crisis, entre otras la de la renuncia forzada de Marx Arriaga—, sino en la contienda por la candidatura de Morena al gobierno de Colima. No lo anunció de manera formal, pero el mensaje fue lo suficientemente claro para anticipar lo que viene: su salida de la Secretaría de Educación Pública para entrar de lleno a la disputa electoral de 2027.
Delgado Carrillo —quien ya tuvo que liderar recientemente con la violencia en Colima que alcanzó a su familia política— no solo es un perfil con exposición nacional, sino un operador con peso dentro de Morena, partido del que fue presidente nacional. Su eventual renuncia abre un frente interno en el gabinete y obliga a reconfigurar el tablero en Colima, donde ya hay aspirantes con trabajo territorial. La decisión presiona la relación con el gobierno estatal y coloca a la dirigencia ante el dilema de procesar una candidatura que no surge desde lo local.
En paralelo, el Partido Verde tiene definido a su principal carta. Virgilio Mendoza Amezcua, dos veces alcalde de Manzanillo y hoy senador, es el perfil más competitivo de ese bloque. Con estructura propia en el municipio más importante del estado y una relación distante con la gobernadora Indira Vizcaíno, su posicionamiento no depende de Morena y eso lo coloca como un factor real en la contienda.
Así se perfila la elección. Un Morena con disputa interna detonada desde el gabinete federal y un Partido Verde con candidato consolidado que no está dispuesto a alinearse sin condiciones. Si no hay acuerdo político, Colima dejará de ser una plaza controlada y entrará en una lógica de competencia abierta. El choque es inminente. Van a salir chispas.
Posdata 2
El pasado 5 de abril se validaron 369 aspirantes a una consejería del INE de un universo inicial de 476 expedientes, todos elegibles para ocupar tres espacios del Instituto por un periodo de nueve años. El problema es que el propio Comité reconoce que la inclusión de acciones afirmativas no fue iniciativa propia, sino resultado de sentencias del Tribunal Electoral que obligaron a modificar la convocatoria y garantizar que al menos una persona de grupos históricamente relegados integre cada quinteta.
El Tribunal dejó claro que competir en condiciones formales de igualdad no corrige desigualdades estructurales, y que el INE ha sido históricamente un órgano sin representación de ciertos grupos, entre ellos la población afromexicana. El riesgo, advierte el documento, es que si ninguna de estas personas llega a las quintetas finales, el proceso podría enfrentar nuevas impugnaciones y, sobre todo, reproducir el mismo patrón de exclusión que se busca corregir. Así que esto es algo que deberán de considerar no solo en el INE sino en el Senado de la República.
Sobre el tema, tras la mención de María del Carmen Alanis en este espacio, el miércoles, se precisa que su trayectoria no pasó por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino por posiciones de mayor peso institucional. Fue secretaria ejecutiva del entonces IFE y posteriormente magistrada y presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, aprobó el examen escrito reciente y avanza a la fase de evaluación de idoneidad, con más de tres décadas de experiencia en materia electoral.
Posdata 3
En un país en el que la seguridad pública enfrenta desafíos cada vez más complejos, los drones se han convertido en un instrumento esencial para proteger a la población. Según datos recientes del Grupo IMARC, líder en investigación de mercado, en México el uso de esta tecnología alcanzó un monto económico de 508.5 millones de dólares en 2025, un 35.9% más respecto al año anterior. Sus fines se han decantado no sólo hacia la agricultura y la infraestructura, sino también hacia la vigilancia y el monitoreo en tiempo real.
Frente al aumento de su uso indebido por parte del crimen organizado —con más de 85 unidades aseguradas por la Secretaría de la Defensa Nacional el año pasado—, empresas como Seguritech de Ariel Picker insisten en que la tecnología aeroespacial puede y debe estar del lado de la ley. Desde el año 2019, su tecnología integra drones junto a los Centros de Comando y Coordinación (C5) bajo la plataforma de inteligencia artificial SAIMON Tech, mismos que aportan cobertura aérea inmediata en eventos masivos, búsqueda de personas extraviadas y reconocimiento de zonas de riesgo.
Posdata 4
Oxxo entró a la estrategia de seguridad del gobierno de Guerrero. La administración de Evelyn Salgado incorporó a la cadena de tiendas de conveniencia a la llamada Red Violeta: Puntos Seguros, un programa que busca ofrecer espacios de resguardo inmediato para mujeres en situación de riesgo.
En una primera etapa, 40 sucursales ubicadas sobre la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, funcionarán como puntos de atención y resguardo. La lógica es tener establecimientos abiertos, con personal capacitado y presencia constante, que puedan activar protocolos de auxilio y canalización a autoridades.
La medida forma parte de un paquete más amplio de acciones estatales que incluyen el Transporte Violeta, la Tarjeta Violeta y la Alerta Violeta. El énfasis está en prevención y reacción inmediata, en un estado que mantiene indicadores persistentes de violencia de género.
La participación de una empresa como Femsa, a través de Oxxo, introduce un componente de corresponsabilidad con el sector privado. Falta ver si el modelo escala más allá de zonas turísticas y si cuenta con protocolos claros, seguimiento y evaluación.
@MarioMal
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