Devolución de 1,000 mdp enfrenta a la 4T con la Corte

Mario Maldonado

Mil millones de pesos no es una cantidad que el SAT esté dispuesto a perder, menos cuando la indicación es cancelar lo que signifique devolución

La reestructura que se vive a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a cambiar la correlación de fuerzas entre poderes. A unos días de la salida del consejero Jurídico, Julio Scherer, y de la llegada del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya se desató un nuevo intento del Ejecutivo por influir en las decisiones del Judicial. 

Esta última semana llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva orden para evitar, mediante la figura de aclaración de sentencia, el pago de mil millones de pesos que el SAT adeuda a la familia Azcárraga Milmo desde los tiempos de Felipe Calderón.

Al caso le hemos dado seguimiento en esta columna y está relacionado con la hermana de Emilio “el Tigre” Azcárraga y con la venta de su compañía Acotel SA de CV en 2007, una operación por la que pagó indebidamente un impuesto sobre la renta por un monto de 338 millones de pesos, el cual, con los recargos acumulados, ya suma cerca de mil millones.

Carmela Azcárraga llevó el tema al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que durante 14 años, y violando el principio de imparcialidad, se erigió como defensor de los intereses del SAT, a pesar de que ninguna de las oficinas de la Secretaría de Hacienda atendió el litigio para evitar la devolución de esos recursos, los cuales fueron acumulando recargos en beneficio de la contribuyente.

Fue hasta que el caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte cuando se otorgó a la quejosa la protección de la justicia federal. Tocó a la ministra Yazmín Esquivel Mossa proponer a sus pares un proyecto de sentencia que, en la sesión del pasado 14 de abril, conminó por mayoría a los magistrados del TFJA a emitir una resolución sobre el caso en la que se “determine que está probado el derecho subjetivo de la actora, y ordene la devolución que solicitó”.

Mil millones de pesos no es una cantidad que el SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, esté dispuesto a perder, mucho menos cuando la indicación del presidente de la República es cancelar todo lo que signifique una devolución; además de cobrar hasta el último centavo que adeuden los grandes empresarios.

Pero en el caso de Carmela Azcárraga el SAT ha perdido de vista que se trata de una devolución de un cobro ilegal del impuesto sobre la renta, que nunca debió entrar al fisco Federal. Pasan por alto igualmente que, según la sentencia que votó a favor la Corte, se trata de una devolución que fue bloqueada durante casi década y media, también de manera ilegal, por los magistrados del TFJA.

Una y otra vez los funcionarios del Poder Ejecutivo han cabildeado sin éxito ante los ministros para cambiar el sentido de la resolución, al grado de que la sentencia y su engrose fueron publicados y notificados por lista apenas el pasado 3 de septiembre. Por los pasillos de la Corte llegó a circular un documento proveniente de Hacienda con “sugerencias” para modificar el sentido y principalmente los efectos de la resolución.

La Suprema Corte ha logrado mantener su autonomía, pero deberá enfrentarse ahora a un nuevo intento de las autoridades fiscales por modificar ese contenido, esta vez mediante la figura de aclaración de sentencia, el cual ya fue solicitado por la ministra autora, quien es la carta de AMLO para convertirse en la nueva presidenta del máximo órgano judicial, cuando finalice el periodo del ministro Arturo Zaldivar, en diciembre de 2022.

La ministra Esquivel Mossa sabe que, en este caso, la solicitud para aclarar la sentencia tiene pocas posibilidades de éxito, pues se realizó antes de que la resolución causara ejecutoria y su posterior notificación a las partes –la solicitud tiene fecha del 1 de septiembre y la sentencia se notificó por lista el día 3 del mismo mes–; asimismo, se tiene claro que dicha figura legal no tiene el alcance para revertir el fondo del fallo y sus efectos, por lo que cualquier resultado que exceda los alcances de la aclaración propuesta por la ministra pondría en tela de juicio la división de los Poderes de la Unión.

Posdata

En la nueva correlación de fuerzas dentro del gabinete presidencial, con la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica y la llegada del supersecretario Adán Augusto López a Gobernación, habrá personajes fortalecidos y otros disminuidos. Se fortalecen, por ejemplo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, y el fiscal Alejandro Gertz Manero –aunque no se descarta un anuncio sorpresivo en alguna de estas dos carteras–, mientras que se desdibujan los dos subsecretarios de Gobernación, Alejandro Encinas y Rabindranath Salazar. Hacia afuera del gobierno, muchos empresarios y actores políticos quedarán ‘descobijados’ con la salida de Scherer y la llegada de Adán Augusto. 

 

@MarioMal

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