Despojos en CDMX: colusión política, judicial y criminal

En la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que lleva Ulises Lara, se siguen acumulando las denuncias por los delitos de despojo o invasión de inmuebles cometidos por grupos criminales vinculados a organizaciones políticas y a ministerios públicos.

En algún momento, estos grupos invasores estuvieron vinculados al Partido de la Revolución Democrática, pero desde hace varios años operan de la mano de Morena. En muchos casos las propiedades son ocupadas por integrantes de la delincuencia organizada, a quienes identifican como “la maña”.

Más de una decena de despachos jurídicos han denunciado la presunta protección de autoridades capitalinas a los grupos de invasores de inmuebles o paracaidistas. En enero revelamos en esta columna que, de acuerdo con la información que la Fiscalía capitalina ha tenido que transparentar a cuentagotas ante solicitudes de información, cada año se reciben alrededor de 300 denuncias por inmuebles invadidos en la Ciudad de México, generando un daño a los propietarios de casi 600 millones de pesos.

Muchos de los casos, calificados como despojo, están relacionados con la agrupación denominada Asamblea de Barrios, que por muchos años dirigió Rodolfo Pichardo Mendoza, fallecido en enero de 2021, la cual se vincula a la actual candidata de Morena a la CDMX, Clara Brugada, quien en los 90 llegó a habitar un inmueble de manera irregular en la colonia San Miguel Teotongo de Iztapalapa, el cual fue posteriormente regularizado por la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para luego ser vendido a la misma Clara a un simbólico precio de 339 de los entonces nuevos pesos.

A partir de aquella publicación, esta columna tuvo acceso a algunas de esas más de 300 denuncias anuales que se presentan ante la Fiscalía local por despojo. El modus operandi de los agentes del ministerio público es la omisión. En los casos más extremos, los inmuebles son ocupados ilegalmente ante la presencia de los policías de investigación, quienes buscan persuadir posteriormente a los propietarios de no recurrir a acciones de desalojo, bajo el argumento de que enfrascarse en un conflicto con los invasores los pondría en grave riesgo.

En días pasados se denunció a una agente del ministerio público, identificada como Rosalba Lara Ramírez, por entregar a estos grupos delincuenciales un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de que existía una orden judicial, mediante la carpeta de investigación CI-FIMH/UAT-MH-4/UI-1, para restituir la propiedad a su legítimos dueños. La funcionaria se resistió durante más de dos semanas a entregar la propiedad. Cuando finalmente accedió, sus policías permitieron que otras personas la ocuparan, frente a la mirada de sus propietarios originales.

No sólo los policías de investigación fueron omisos ante el despojo que se cometía en flagrancia. Según los pormenores de la carpeta de investigación, permitieron también que golpearan a los dueños y a sus apoderados legales, al momento de pedir la actuación de la autoridad, a fin de concretar la detención correspondiente, cuando los elementos policiacos refirieron a los afectados: “Señor, ellos son la maña, ellos mandan, ya mejor váyanse”.

Por estos hechos, la MP Rosalba Lara fue arrestada durante 36 horas, determinado por la Unidad de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio, que dirige Sonia Iriarte Chávez, y también se esperan sanciones para los policías de investigación. El inmueble sigue en poder del grupo de invasores que en apariencia la autoridad ubica y reconoce, como llega a suceder en un alto porcentaje de los casos que se denuncian en la capital.

Las denuncias exponen que la situación tiende a agravarse en las nuevas condiciones de la Fiscalía de la CDMX: ya era un grave problema con Ernestina Godoy al frente del ministerio público y con las riendas del gobierno en manos de Morena. Ahora los abogados enfrentan mayores complicaciones con Ulises Lara  y con el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Posdata 1

En más sobre los ecos de la conferencia de Carlos Slim este lunes en las oficinas de su Banco Inbursa, otro tema que llamó la atención fue que el magnate no sólo no defendió al regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ni a ningún organismo autónomo, sino que se montó al mismo discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que no sirven.

El multimillonario acusó al expresidente del IFT, Gabriel Contreras, de estar trabajando en el área jurídica de AT&T, su rival en el negocio de las telecomunicaciones. Antes habló de la relación que supuestamente tenía con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. “Si van a ser autónomos, que sean de a deveras”, dijo Slim.

Sin embargo, el IFT también ha beneficiado a las empresas de Slim. En septiembre del año pasado dimos a conocer que, ante la falta de tres comisionados, el organismo relajó las revisiones regulatorias en beneficio de las empresas Telmex-Telnor y Telcel, consideradas dominantes desde el 2014.

Una serie de denuncias internas, despidos masivos en las áreas de Cumplimiento y Regulación Asimétrica, así como la injerencia directa de funcionarios de América Móvil en las investigaciones del instituto encendieron las alarmas sobre el funcionamiento del organismo encargado de regular y sancionar a las compañías del sector que incurran en malas prácticas.

Así que tan mal no se ha portado el regulador con las empresas del ingeniero.

Posdata 2

Hablando de regulaciones, la vigilancia de los intermediarios financieros, como las Sofomes, cajas de ahorro e incluso bancos ha sido por demás deficiente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A los casos del Banco Accendo y Unifin se suma el de la sofom Don Apoyo, que acumula un quebranto cercano a los 4 mil millones de pesos, entre el capital invertido y los intereses generados no pagados.

Esta entidad no regulada era operada por Federico Ramos Francia, Javier Pastrana y Antonio Zelleck, además de que tenía como accionista mayoritario al fiscalista Pedro Solís. La quiebra de Don Apoyo está relacionada a malos manejos, pues hasta el 2021, en medio de la pandemia, presumía de fusiones y adquisiciones para incrementar su cartera.

Además de la quiebra y el perjuicio a sus clientes y accionistas, muchos empresarios, políticos y directivos de compañías, Don Apoyo arrastra unos 600 millones de pesos en retenciones de impuestos, pagos al IMSS, al Infonavit y a proveedores.

El asunto llega hasta Gabriela Carstens Carstens, hermana del exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien actualmente dirige el Banco de Pagos Internacionales en Suiza.

Este tema dará mucho de qué hablar.

Posdata 3

Quizá porque las encuestas no favorecen a Morena en Yucatán, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum mandó a ese estado a Marcela Figueroa Franco, su otrora subsecretaria de Desarrollo Institucional en la SSPC del gobierno capitalino, a apoyar a Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

El proyecto para esta exfuncionaria capitalina sería la Secretaría de Seguridad Pública –si el “Huacho” logra dar el campanazo–, en sustitución de Luis Felipe Saidén Ojeda, quien está por cumplir 17 años en ese encargo. Este comandante ha convivido con tres gobiernos diferentes y se convirtió en un actor fundamental para que la entidad sea considerada la más segura del país.

La simple idea despertó la preocupación de la comunidad empresarial en el estado, que ve con recelo que las decisiones de políticas locales se tomen desde el centro, sobre todo en un ámbito tan importante como el de la seguridad.

@MarioMal