Desfalcan organismo de seguridad alimentaria de AMLO

Lo que Andrés Manuel López Obrador consideraba al inicio de su administración como su “gabinete consentido” –refiriéndose a los involucrados en los Programas del Bienestar– está en crisis.

No sólo el líder de los Siervos de la Nación, Gabriel García , le entregó malas cuentas en las pasadas elecciones y su gestión estuvo manchada por presuntos asuntos de corrupción; también en Segalmex, el organismo ancla para lograr la anhelada autosuficiencia alimentaria, está por estallar un escándalo por el manejo irregular de hasta mil millones de pesos que no fueron a parar a manos de los pequeños y medianos productores, sino a inversiones que muy probablemente no se puedan recuperar.

Además de detectar opacidad en la operación de unos 3 mil 27 millones de pesos, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisan la legalidad de unas inversiones financieras hechas desde el organismo encabezado por el amigo del Presidente, Ignacio Ovalle , las cuales se localizan en Banorte, Casa de Bolsa CI y BBVA Bancomer.

Las alertas se encendieron tras el informe que el auditor externo Salles, Sainz-Grant Thornton hizo sobre los estados financieros de Segalmex en 2020, en el que manifestaron haber tenido limitaciones para llevar a cabo la revisión, debido a la inexistencia de información o confirmación por parte de las instituciones bancarias sobre el destino de los recursos.

Las inversiones consistieron en depósitos en valores con vencimiento menor a tres meses, con gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetas a riesgos de cambios de valor. La dirección financiera de Segalmex la llevó hasta mediados del año pasado, René Gavira –exsecretario particular del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba –, quien arrastra investigaciones y denuncias por malos manejos, mientras que en la segunda mitad se integró Oscar Navarro Gárate .

Sobre los manejos del organismo el año pasado, el despacho señaló que “el rubro de Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2020, que asciende a mil 256.7 millones de pesos, incluye 875 mil 744 millones que corresponden a recursos invertidos en valores privados que no cumplen con los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, debido a que la entidad no tiene el control directo de dichas inversiones. Una de las inversiones que tiene la entidad en el Título de Certificados Bursátiles Fiduciarios, por un monto de emisión de 200 millones de pesos, tuvo vencimiento el 10 de diciembre de 2020, y la entidad no recuperó dichos recursos”.

Dichas inversiones extraviadas equivaldrían a 7% del presupuesto total de la institución perteneciente a Sader, misma que tuvo para operar 15 mil millones de pesos el año pasado, sin contar 10 mil millones que se destinaron al programa de Precios de Garantía con el que se debían entregar estímulos a productores de maíz, trigo, frijol y leche.

Desde 2019 había elementos que debieron alertar al Presidente y a las instancias de justicia sobre lo que ocurría en Segalmex, pues el mismo despacho entonces se abstuvo de emitir una opinión al respecto de las finanzas, debido a que no había documentación suficiente que diera certeza de que el monto de mil 819 millones de pesos reportado en el rubro de inventarios fuera correcto y se identificaron “debilidades en procedimientos y falta de controles internos, que no aseguran el correcto registro de las operaciones”.

La que parecía una de las dependencias más importantes en la 4T tampoco pudo garantizar que los apoyos al campo y a las zonas más pobres del país llegaran conforme lo había dispuesto el Presidente.

En las auditorías se observó también que “la entidad carece de un sistema electrónico para el control de los inventarios que permitan tener un registro de todas las entradas y salidas de los almacenes, así como de las existencias físicas en fechas determinadas, lo cual evidencia la falta de controles internos que le permitan tener la seguridad de que dichas operaciones son correctas, que han sido registradas adecuadamente y que las existencias de los inventarios al cierre del ejercicio 2019 han sido presentadas correctamente”.

Segalmex nació con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, apoyar a los productores más necesitados, superar las condiciones de pobreza extrema y acercar abasto alimenticio a las poblaciones más necesitadas; sin embargo, el resultado del organismo apunta a ser el de casi todos los programas prioritarios del sexenio: un rotundo fracaso.

Prodemex acuerda descuento de 15% en reclusorios

Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir , logró ya un acuerdo con el gobierno federal para establecer nuevas condiciones contractuales correspondientes a la operación de los reclusorios de Durango y Michoacán. Es la primera empresa en cerrar el acuerdo con el organismo de Prevención y Readaptación Social, a cargo del comisionado José Ángel Ávila . Las negociaciones las inició el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer , y en el caso de Prodemex el descuento de la operación fue de 15%.

La renegociación para mejorar las condiciones de ocho reclusorios federales para el Estado busca reducir una deuda a futuro que rebasa 190 mil millones de pesos, según los datos de la Secretaría de Hacienda.

Otros de los empresarios propietarios de estos contratos son Carlos Slim y su Grupo Ideal, que participan en el Cefereso Femenil #16 de Jojutla, Morelos. También el regiomontano David Martínez , accionista principal de ICA, operadora de servicios en el Cefereso #11 de Hermosillo, Sonora, y el #12 de Ocampo, Guanajuato. Adrián García Pons , de la empresa Arendal, encargada del Cefereso #15 en Comaltitlán, Chiapas; e Hipólito Gerard , de GIA, responsable del Cefereso Femenil #13 en Miahuatlán, Oaxaca.

Se suma a este grupo de contratistas el fondo de inversiones BlackRock, de Larry Fink , que adquirió los derechos para operar los servicios del Cefereso #18 de Ramos Arizpe, Coahuila.