Deer Park, en riesgo; también influyó Ramírez de la O

Mario Maldonado

Por si fuera poco, el cierre de la operación se ve cada vez más cuesta arriba

El flamante secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comenzó a tener injerencia en las decisiones del gobierno de la 4T desde antes de ser anunciado por Andrés Manuel López Obrador. Una de las propuestas que habría impulsado fue la compra de 50% de la refinería Deer Park, en Houston, Texas. Recientemente también se reveló que fue él quien sugirió al Presidente usar los 12 mil millones de dólares que el FMI envió ayer a Banxico para pagar deuda del gobierno. 

Ramírez de la O, avecindado en Houston previo a tomar el encargo de Hacienda, ha estado cerca del sector petrolero de ambos países. Una de sus condiciones para llegar al gobierno de AMLO fue la de tener injerencia en el ámbito energético, particularmente en las decisiones financieras de Pemex. Además, su hija Vanesa Ramírez fue hasta mayo pasado directora de Finanzas de PMI Comercio Internacional, la subsidiaria de Pemex encargada del joint-venture con Shell en Deer Park. 

El Presidente reveló la llegada de Ramírez de la O el 9 de junio, casi dos semanas después del anuncio de compra de 50% de Deer Park. A mediados de julio, en un comunicado oficial, el nuevo secretario de Hacienda dijo que la dependencia a su cargo estará más involucrada en las cuentas del sector energético. 

Otros personajes relacionados con el sector, como Elvira Daniel Kabbaz Pedro Haas García, también habrían estado inmiscuidos en la compra de la refinería. 

La intención de comprar la emproblemada refinería Deer Park a Shell es convertirla en una de las principales procesadoras del crudo pesado Maya, pero también será una gran compradora de otros insumos del mercado internacional, lo cual beneficiaría a brokers internacionales, como Hartree Partners, de Haas García. 

El hoyo financiero en el que se está convirtiendo Dos Bocas —con un costo en aumento que se calcula en más de 9 mil millones de dólares y el previsible retraso en su construcción y puesta en operación—, convencieron al Presidente de comprar en su totalidad Deer Park. 

Independientemente de los motivos estratégicos de la compra, los mercados no lo recibieron bien y la calificadora Moody’s degradó a Pemex para colocar sus bonos a un paso del estatus de basura. 

Por si fuera poco, el cierre de la operación se ve cada vez más cuesta arriba. En unos días se cumplirán tres meses de que se anunció y no hay visos de que el proceso de compra-venta concluya pronto. Lo que sí hay son voces, como la del congresista estadounidense Brian Babin, quien envió una carta a los departamentos de Estado y del Tesoro para evitar la venta de la refinería a Pemex, pues considera que la mexicana no está preparada, ni tiene experiencia ejecutiva, gerencial o técnica para estar a cargo de esa instalación de manera segura. 

El republicano consideró que los riesgos de un accidente industrial en Deer Park aumentarán considerablemente con el control de Pemex. En contra de la empresa mexicana juegan la reciente explosión registrada este fin de semana en la plataforma Ku-Alfa, del complejo Ku-Maloob-Zaap, que dejó cinco trabajadores fallecidos, y el incendio de principios de julio, también en el complejo Ku-Maloob-Zaap, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y generaron críticas de la activista Greta Thunberg y de Alexandria Ocasio-Cortez, representante del Partido Demócrata por Nueva York. 

El Presidente López Obrador dijo en julio que se están realizando los trámites con Shell para la compra de la refinería Deer Park y pidió esperar a que concluya el proceso. Acusó recibo de las críticas de Babin y aseguró que lo convencerían de que es una buena operación. 
El manejo e imagen de Pemex en el exterior, sin embargo, complican ese objetivo. 

Posdata 

Sobre la supuesta renuncia no solicitada que habría puesto sobre la mesa el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, nos aseguran que son rumores malintencionados. Que el consejero, si bien tiene su explicación de lo sucedido recientemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha pedido ajustes al Presidente, y menos en el Poder Judicial. 

 
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